Este viernes se llevó a cabo la primera reunión de este año de la Consejo Asesor del Plan de Emergencia de Vivienda, integrado por una treintena de expertos, exautoridades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), agrupaciones vecinales, entre otros, para discutir los principales lineamientos del sector para el 2023. En la instancia, la cartera no solo resaltó las metas para este año, sino que explicó cuáles son. son los principales obstáculos para el desarrollo del proyecto.
“El 2022 fue el momento de construir el plan y las condiciones para llevarlo a cabo”, y de aquí en adelante los esfuerzos se concentrarán en “ver propuestas de ideas de cómo mejorar las cosas, cómo hacerlo mejor” para poder ejecutar el plan propuesto por el Gobierno dentro de los cuatro años de gestión, dijo el titular del Minvu Carlos Montes.
A la fecha se han entregado 30.000 viviendas, estando en construcción otras 130.000 unidades, por lo que “Lo que hay que ver en 2023 está relacionado con una mayor cantidad de viviendas entregadas y proyectos que vienen de antes, o que comenzó recientemente. Y junto a eso, proyectos que van a tener una mayor trascendencia urbanística”, explicó el secretario de Estado.
Desde el Minvu aseguran que la meta de 260 mil inmuebles no ha variado en nada, y que “Puede ser que (las casas) no sean del tipo de programas que teníamos exactamente planeados, para cambiar el tipo de programa; Pero eso es algo que vamos a revisar a finales de marzo”.
A pesar de estas expectativas, el ministro sostiene que aún falta un mayor apoyo por parte del sector privado. “Seguimos siendo críticos con los bancos. Los insumos ya están cayendo y nos gustaría ver a los bancos en una discusión de mayor aporte a lo que las empresas pueden construir”, menciones. Y pese a que desde la Cartera de Vivienda esperan que estas entidades financieras bajen los tipos para acceder al crédito, aseguran que “no están seguros” de que eso suceda.
Las críticas a los problemas entre los particulares y el Minvu no sólo provienen de la actual administración. Junto con enfatizar que el apalancamiento de los bancos es clave para el desarrollo de estas iniciativas, el El exjefe de cartera, Cristián Monckeberg -quien es miembro del Consejo Asesor del Plan de Emergencia Habitacional- Señaló que, si bien entiende que estas entidades “pueden estar ralentizadas con respecto al proyecto de vivienda privada, cuando interviene el Estado hay una garantía de que son proyectos que se están construyendo y que se van a pagar”. De esta manera, agregó, hay un cierto grado de “seguridad” que el sistema financiero no está considerando.
“El Banco del Estado ha hecho un esfuerzo y ha tratado de bajar las tasas para estimular el mercado. Los bancos deberían hacer lo mismo. Siempre hemos tenido ese problema como el Ministerio de Vivienda”, comenta Monckeberg.
“Entiendo que los bancos ganen y tienen que tener ganancias, pero en un minuto puedes ganar un poco menos. Ellos han sido uno de los grandes beneficiados en cuanto a sus ganancias por la inflación que hemos tenido”, agrega.
Y además de este factor, el exministro del MINVU señala que el desarrollo de los proyectos de vivienda depende de otras instancias gubernamentales que deben estar alineadas. Esto, porque a juicio de los exconvencionales, “metroMuchas veces los ministerios funcionan como estancos, entonces si tienes una prioridad requiere apoyo de gestión, no apoyo político”.
“Tiene que haber un compromiso institucional de los diferentes ministerios para que se comprometan con la vivienda para que esto funcione”, menciona.
Balance de la gestión ministerial
Sin embargo, a pesar de los desafíos, Monckeberg afirma que el Plan de Emergencia Habitacional “es absolutamente posible”. Y añade que “lo decisivo es que lo que no empezó este año ni el año que viene no se va a poder entregar”, por lo que “Hay que mover y eliminar, por así decirlo, dificultades, escombros y complejidades para que esto funcione”.
Desde la administración anterior ven con buenos ojos el trabajo realizado por el ministro Montes, y afirman que gran parte de este se relaciona con la continuidad que mantiene la cartera en cuanto a los equipos que integran el Minvu.
“El éxito del ministro (Montes) es haber logrado sensibilizar a un gobierno desde el punto de vista político, que eso es una prioridad. Es un éxito porque el sueño de cualquier ministro. Y me encantaría haberlo conseguido”, dice Monckeberg. Y añade que “lo que pasa es que antes no estábamos en una situación de emergencia como la de hoy”.
La minera de cobre Antofagasta PLC sostuvo reuniones con inversionistas esta semana para su primera oferta de bonos en dólares en casi dos años, dijeron a Bloomberg personas familiarizadas con el asunto.
El director financiero Mauricio Ortiz y otros ejecutivos comenzaron a reunirse con money managers el jueves, según las fuentes. De aquí podría surgir una emisión de bonos en dólares a 10 años.
Un portavoz de Antofagasta declaró que la compañía no puede hacer comentarios sobre posibles transacciones de mercado.
De acuerdo con las fuentes, que solicitaron el anonimato por tratarse de reuniones privadas, Citigroup y JPMorgan serían los coordinadores globales del acuerdo. Por su parte, BofA Securities, Credit Agricole CIB, Natixis y Scotiabank estarían actuando como bookrunners conjuntos.
Antofagasta recurrió por última vez a los mercados mundiales de deuda en 2022, cuando emitió US$ 500 millones en bonos a 10 años.
La familia Luksic, que posee una participación mayoritaria en la minera, tiene una fortuna de más de US$ 33 mil millones, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.
El ascenso de Antofagasta Plc desafía la cautela de los extranjeros
Tianqi Lithium anunció que no se quedará de brazos cruzados y que insistirá en que se vote en junta de socios la asociación Codelco-SQM. Pero no sólo eso: denunció que el presidente de la minera no metálica, Gonzalo Guerrero, faltó al deber de “imparcialidad y lealtad” para con los accionistas y dijo que “hay múltiples aspectos no declarados que son cruciales para la comprensión total del impacto de esta alianza, incluida la valorización y condiciones en que se cederá Salar Maricunga a Codelco”, apuntó.
Previamente -en una declaración enviada desde China-, Tianqi Lithium afirmó que “ha evidenciado una serie de acciones (de parte de SQM) que considera contrarias a principios de transparencia y equidad que deben regir en toda corporación”. La firma ha solicitado formalmente que la operación de alianza entre SQM y Codelco sea sometida a la junta de accionistas conforme al artículo 67 de la Ley de Sociedades Anónimas.
“A pesar de esta solicitud legítima, la administración de SQM se ha negado reiteradamente a convocar una junta con el propósito de votar sobre esta importante decisión”, dijo la firma china. Dijo que va a “hacer valer sus derechos como accionista en todas las instancias legales que correspondan”.
“Las declaraciones públicas emitidas por Tianqi Lithium -competidor directo de SQM- son lamentables y ponen de manifiesto, una vez más, que dicha compañía es y actúa como un competidor de SQM”, dijo el presidente de esta empresa, Gonzalo Guerrero.
Molestia con Guerrero
En la asamblea del 24 de abril, Tianqi manifestó su molestia con las declaraciones del presidente del directorio de SQM, Gonzalo Guerrero, “las cuales considera que comprometen la imparcialidad y la lealtad que la administración debe a todos sus accionistas”.Añadió en una declaración pública que “es fundamental que la alta dirección adhiera a protocolos estrictos que aseguren la transparencia y el respeto a los derechos de todos los accionistas”. Lo contrario, en opinión de Tianqi, “inhabilita el ejercicio de esta función al actual presidente del directorio”.
Al respecto, Guerrero afirmó que “las declaraciones públicas emitidas por Tianqi Lithium -competidor directo de SQM – son lamentables y ponen de manifiesto, una vez más, que dicha compañía es y actúa como un competidor de SQM”.
Pese a la tensión interna, en el directorio posterior a la junta ordinaria de accionistas, que partió ayer jueves a las 18 horas, Guerrero salió elegido presidente de la mesa por unanimidad de sus miembros, dijeron en la minera.
Maricunga en la mira
Tianqi acusó que ha requerido “explicaciones claras sobre los motivos que justifican la estructura propuesta para la operación de alianza con Codelco, estructura que parece diseñada específicamente para evitar la convocatoria de una junta de accionistas”.Según explicó SQM en la asamblea extraordinaria del 24 de abril pasado, SQM Salar absorberá a Minera Tarar de Codelco.
Para Tianqi, “no hay dudas de que la operación implica la enajenación de activos estratégicos de la empresa”, por lo que “dicha operación debe ser sometida a votación en la junta de accionistas”.
Tianqi sostuvo que la forma en que se redactó la consulta efectuada a la CMF también llama a sospechas “y a una aparente intención explícita de eludir un proceso transparente y participativo que incluya a los accionistas minoritarios”.
Además, la firma china dijo la información disponible “sobre el pacto con Codelco resulta del todo insuficiente”. A juicio de Tianqi, “quedan aún múltiples aspectos no declarados que son cruciales para la comprensión total del impacto de esta alianza, incluida la valorización y condiciones en que se cederá el Salar Maricunga a Codelco”. Y es que en el marco del acuerdo, SQM transferirá sus pertenencias mineras en Maricunga a la estatal para que ésta desarrolle su proyecto de litio.
SQM invertirá US$ 2.440 millones en 2024: el 73% irá a ampliar producción de litio en Chile y Australia
Minera invertirá US$ 2.440 millones en 2024: 73% irá a ampliar producción de litio en Chile y Australia
En el directorio entró Georges de Bourguignon, nominado por Tianqi, y salió Antonio Schneider Chaigneau. La empresa china mantuvo en la mesa a Ashley Luke Ozols y Xu Tieying.
SQM invertirá US$ 2.440 millones en 2024, de los cuales US$ 1.440 millones irán a ampliar la capacidad de producción de litio en Chile, al tiempo que destinará US$ 340 millones en la planta del mismo mineral en Mount Holland en Australia y a exploraciones en el país oceánico. Además, inyectará US$ 700 millones a yodo y nitratos en Chile, explicó el presidente de la sociedad, Gonzalo Guerrero Yamamoto. Eso implica que la compañía destinará el 73% de su gasto de capital (Capex) en litio, estratégico material para la electromovilidad y la transición energética. El litio, comentó el timonel de la mesa directiva, representó el 70% de los ingresos de la empresa en 2023. Respecto al acuerdo con Codelco, Guerrero mencionó en la junta de accionistas las negociaciones que se llevaron a cabo durante 2023 con Codelco en el marco de la Estrategia Nacional del Litio definida por el Gobierno, “que buscaban que Chile siga siendo un actor relevante en la oferta mundial de litio extendiendo nuestra operación más allá de la fecha de expiración del contrato de arrendamiento actual con Corfo del Salar de Atacama.” Así, detalló que a fines del año pasado suscribieron un Memorando de Entendimiento (MoU) no vinculante con Codelco para la operación y desarrollo conjunto del Salar de Atacama durante el período 2025 a 2060. “Aún está en proceso la materialización en los contratos definitivos de los referidos acuerdos, lo que esperamos lograr durante este año”, dijo el presidente del directorio. Por otro lado, en el directorio entró Georges de Bourguignon, nominado por Tianqi, y salió Antonio Schneider Chaigneau, quien fuera también postulado por dicha firma asiática. Además, la empresa china mantuvo la postulación de Ashley Luke Ozols y Xu Tieying, quienes salieron elegidos. Asimismo, se mantuvieron en la mesa, Gonzalo Guerrero Yamamoto, Gina Ocqueteau, Patricio Contesse Fica, Hernán Büchi Buc y con votos de las AFP, siguió Antonio Gil Nievas.
Llegó el esperado día. Este viernes entra en vigencia la Ley que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales y, con ello, la primera fase de la reducción gradual que contempla la norma, lo cual implica que desde este viernes se trabajará una hora menos en la gran mayoría de las empresas del país.
¿En qué pie llegan las empresas a este día? ¿Qué expectativas tienen respecto al impacto que tendrá esta normativa en sus organizaciones?
Esas fueron parte de las preguntas que la Fundación Carlos Vial Espantoso (FCVE), en alianza con Diario Financiero, llevó a 103 áreas de personas de empresas (que representan a más de 276 mil trabajadores) y 109 sindicatos (representantes de más 69 mil socios).
Los resultados mostraron que los nuevos límites al inciso 2 del artículo 22 del Código del Trabajo, que regula a los trabajadores exentos de la jornada laboral, es uno de los temas que genera más inquietud.
Un 85% de las organizaciones consultadas reconoce que, a raíz de la ley, ha debido revisar qué trabajadores que se encontraban contratados con exclusión de jornada podrán seguir contratados en esa modalidad.
Desde el viernes quedarán excluidos de la limitación de jornada los trabajadores que presten servicios como gerentes, administradores, apoderados con facultades de administración y todos aquellos que trabajen sin fiscalización superior inmediata en razón de la naturaleza de las labores desempeñadas.
Del grupo de organizaciones que han revisado la situación de las personas contratadas bajo dicha modalidad, un 49% señaló que “mucho menos” o “algo menos” de la mitad de los trabajadores contratados bajo dicha figura podrá conservarla.
En la vereda contraria, el porcentaje restante cree que la “mayoría”, “inmensa mayoría” o “todos” podrán seguir vinculados con la firma bajo ese formato.
Casi el 80% de las áreas de personas consultadas cree que la normativa tendrá un efecto positivo en la calidad de vida de los trabajadores, mientras que en el caso de los sindicatos, cerca de un 90% tuvo esa apreciación.
En este proceso de revisión de sus contrataciones, el 25% de las organizaciones consultadas ha tenido que, a lo menos en una oportunidad, consultar a la Dirección del Trabajo (DT) sobre la aplicabilidad del artículo 22, inciso 2, en uno o más cargos de su organización.
Sobre este tema, además, un 20% ha reformulado uno o más cargos con el fin de anticiparse a la implementación de la Ley que implica llegar a 40 horas semanales en abril de 2028.
El sondeo también profundizó en la disposición de los sindicatos a aceptar acuerdos para que la nueva jornada (de 44 horas) se pueda realizar sobre la base de un promedio de hasta cuatro semanas. Esto implicará que la jornada no podrá exceder de 45 horas ordinarias en cada semana, ni extenderse con este límite por más de dos semanas continuas en el ciclo.
Sobre esto, la encuesta arrojó que al 26% de los sindicatos sondeados les han solicitado formal o informalmente la aprobación de un promedio de jornada cuando la Ley entre en vigencia.
Además, e independientemente de que las empresas hayan formalizado la solicitud, el registro mostró que las organizaciones sindicales han mostrado, en general, una buena disposición para acoger una jornada ordinaria de 40 horas que se cumpla en un promedio de hasta cuatro semanas.
De hecho, el 63% de los sindicatos consultados expresa “bastante” o “completa” disposición a ello.
Sin embargo, pese a estas afirmaciones, un 59% de los sindicatos declaró tener “nada o poca” participación en la preparación organizacional para implementar la Ley.
Visiones dispares sobre impacto
Con respecto al efecto que podría generar la reducción, la encuesta arrojó que las áreas de personas son menos optimistas que los sindicatos respecto al efecto que tendrá en los trabajadores la Ley de 40 horas.
De hecho, casi el 80% de las áreas de personas consultadas cree que la normativa tendrá un efecto positivo en la calidad de vida de los trabajadores, mientras que en el caso de los sindicatos, cerca de un 90% tuvo esa apreciación.
Las diferencias se intensifican al preguntar por el impacto en productividad. En esta dimensión, un 32% de las áreas de personas ve que habrá un impacto positivo, mientras que entre los sindicatos cerca del 80% sí considera que lo hará.
“Necesitamos entonces que productividad y reducción de jornada vayan de la mano. ¿Se puede? Claro que sí. La evidencia sobre productividad muestra que ésta se ve influida por múltiples factores, tales como la capacidad de innovar, cómo se organiza la empresa y -muy importante- la motivación y bienestar emocional de los trabajadores”, sostiene Camila Fernández, directora ejecutiva (s) de la Fundación Carlos Vial Espantoso.
Con todo, para la vocera es importante revertir lo que muestra el estudio sobre la baja participación de los sindicatos en la definición del plan de implementación de la ley por parte de las empresas. “La Ley significará cambios de contratos, reformulación de cargos, decisiones de modalidades y otras modificaciones que deben comunicarse y discutirse para transitar con éxito y aprovechar esta oportunidad”, destaca.
La preparación del sector privado de cara al nuevo escenario
Más allá de las cifras, hay empresas enfocadas en llevar un buen proceso de implementación de la Ley. Georgeanne Barceló, vicepresidenta de Personas y Organización de Antofagasta Minerals, relata que actualmente en la firma cuentan con distintos tipos de turnos, que van entre las 42 y 44 horas. Y, para implementar los nuevos lineamientos de la legislación de manera óptima, Barceló señala que realizaron pilotos durante cinco meses antes de la entrada en vigencia la ley, justamente para entender y generar aprendizajes con anticipación en sus equipos de trabajo, donde se analizaron cuatro grandes frentes de trabajo: carga laboral, experiencia de las personas, tareas y procesos, y dinámicas de trabajo. “Buscamos mantener un equilibrio entre la consolidación de la organización, a través de la productividad y competitividad, en conjunto con el bienestar de las personas que la conforman”, explica. Para ello, “se evaluaron distintos modelos para la adaptación del sistema de trabajo, y recogimos la percepción de todos los trabajadores que participaron en los pilotos respecto del mejor sistema que habilite el equilibrio entre una jornada reducida, la productividad esperada y una conciliación laboral y personal óptimas”, agrega.. Valentina Arriagada, gerenta de Quality Lab Spa -un laboratorio de análisis para la industria, el agro y el ambiente- expone que la preparación para la aplicación de la Ley ha sido “un desafío importante, ya que implica equilibrar derechos y deberes”. En esa línea, agrega, han estado analizando sus procesos y “dialogando con nuestros colaboradores y evaluando áreas que necesitan más énfasis o tecnología. Nuestro enfoque principal es garantizar que la empresa continúe cumpliendo con sus compromisos con los clientes, quienes son nuestra razón de ser. Confiamos en que, al implementar esto gradualmente, estamos en el camino correcto”.