Expertos firman carta preocupados por ampliación del subsidio eléctrico

La tramitación del proyecto que amplía la cobertura del subsidio eléctrico sigue sumando opiniones en contra de la iniciativa. Esto se reflejó en un carta firmada por más de diez académicos y expertos del sector, el cual fue enviado a la comisión de Minería y Energía del Senado, órgano donde radica el proyecto de ley, en el marco de su segundo trámite legislativo.

En su sesión de este miércoles tomó conocimiento de la carta firmada por Matías Negretedirector del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la UC y director general de la consultora Vinken; el abogado Daniela Gonzálezsocio de la consultora Domo Legal; el director ejecutivo de la consultora Valgesta Nueva Energía, Ramón Galazy su director, Andrés Romero; por el socio director de la consultora EnergiE, Daniel Salazar; el profesor del Departamento de Economía UC, Nicolás Figueroa; el profesor asistente del Departamento de Ingeniería Eléctrica UC, Samuel Córdova; Rodrigo Quintero y Sebastián Mocárquermiembros de Moray Energy Consulting; jorge morenode la consultora Inodú; catalina medeldirector del Centro de Regulación y Competencia de la Universidad de Chile y director de Regulación ENC Consultores; y Daniel OlivaresProfesor asociado de Ingeniería UAI.

La carta de tres páginas afirma que “en este caso particular, el La opinión mayoritaria que se ha formado la academia y los expertos sobre este proyecto de ley refleja una preocupación tanto por el diseño como por sus impactos asociados.lo que subraya la necesidad de reconsiderar las propuestas actuales”.

Los expertos destacan que, más allá de la “necesidad de otorgar y ampliar” la cobertura del subsidio eléctrico, consideran que “los principios de diseño propuestos y la forma en que se ha llevado a cabo, alterar los compromisos regulatorios, y podría afectar la percepción de riesgo en la inversión y la competitividad de la industria energética nacional“, un pilar fundamental de la economía chilena, lo cual no es deseable para un país que necesita incrementar su crecimiento”.

En concreto, advierte del impacto regulatorio que generaría el llamado “principio de autocontención”, lo que implica que los recursos para financiar el beneficio provengan del propio sector energético, que a juicio de los expertos “Alteran los principios básicos del mercado competitivo, generan inseguridad jurídica y, sobre todo, transgreden principios constitucionales básicos. sobre el cual se funda nuestro orden público económico”.

“Este compromete la confianza de inversores y financierosafectando negativamente a los proyectos actuales y futuros, con impactos en aumentos de precios futuros trasladables a los clientes finales que serían superiores al beneficio asociado a este subsidio”, indicaron.

Otro punto que destacan es que, con los 1,8 millones de solicitantes actuales, Los recursos para cubrir el beneficio estarían asegurados con el pilar que destina la recaudación adicional del IVA generado por el aumento de las tarifas eléctricas.

“Las estimaciones proporcionadas por el Ejecutivo muestran que la recaudación adicional del IVA supera las necesidades de los actualmente inscritos en el subsidio, dejando espacio para el apoyo a otros grupos objetivo como pymes, RSS, etc. Además, estudios realizados por la consultora Vinken, asociado a la Escuela de Ingeniería UC, muestran que la recaudación adicional del IVA podría ser mayor a la proyectada por el Ejecutivo, brindando mayor flexibilidad en los recursosal considerar una mayor granularidad en los datos y efectos del subsidio en el presupuesto de los hogares”, afirmaron.

Finalmente, manifestaron su preocupación por “la señal para otros sectores económicos”, ya que, en opinión de los expertos, “el sistema de financiación propuesto sienta un precedente inadecuado que podría replicarse en otras industrias cuando se requiera financiación extraordinaria. Este podría debilitar aún más la competitividad de la economía chilena en su conjunto”.

“Exhortamos al Gobierno y al Congreso Nacional a reconsiderar los principios de diseño del proyecto de ley y reiteramos la disposición de los especialistas del sector para colaborar en este proceso, ofreciendo análisis objetivos y propuestas viables que beneficien a todos los actores involucrados”, concluyeron.