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Explicación de Palma por ausencia de chats en su celular
El 23 de julio pasado, personal del OS-7 de Carabineros -que indaga causas por corrupción- se desplegó con miras a concretar una importante diligencia que les había encomendado la fiscal regional Carmen Gloria Wittwer, previa autorización del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
Se trataba de la incautación de los celulares del fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, y el de la pareja de la ministra suprema Ángela Vivanco -hoy suspendida-, Gonzalo Migueles, ambos indagados por la persecutora en medio de la arista donde se evalúan presuntas irregularidades en la selección del sucesor de Jorge Abbott en el Ministerio Público.
El principal objetivo de la misión era poder periciar ambos celulares para así comprobar qué tipo de intercambios habían mantenido vía WhatsApp y si habían existido ofrecimientos de parte del contador auditor al persecutor.
Sin embargo, como publicó Ciper, un peritaje preliminar puesto a disposición de Wittwer dio cuenta de que el móvil de Palma habría sido “reseteado” antes de que fuera entregado a los efectivos policiales que se lo solicitaron.
“No se pudo llevar a cabo la extracción de evidencia digital forense, ya que el dispositivo se encuentra restablecido a sus ajustes de fábrica, lo que imposibilita que el software extraiga algún tipo de dato”, se indica en el informe citado por el mencionado medio y que está firmado por un profesional analista de la Fiscalía Metropolitana Oriente.
Dicha situación, en todo caso, ya había sido abordada por el fiscal cuando declaró en dependencias de la Fiscalía Regional de Los Lagos el 30 de julio. En la instancia, como pudo conocer La Tercera, Palma explicó que no cuenta con información en su teléfono dada la complejidad de las causas que tiene a su cargo.
“Quiero señalar que no guardo chats en mi celular de esa época. Por razones de mi cargo tengo en mi poder información relacionada con causas de alta complejidad que me son asignadas por el art 19 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Púbico por parte del fiscal nacional, como, por ejemplo, el fraude del Ejército que involucró a todo el Alto Mando de dicha institución y cerca de 800 oficiales; las falsificaciones y obstrucciones en la Unidad de Inteligencia de Carabineros de Chile (caso Huracán ), que involucró a generales, comandantes, coroneles y otros oficiales de la institución; el caso ProCultura, donde ese investigaban delitos de eventuales fraudes, tráficos de influencia en distintos servicios públicos con imputados que en muchos casos tienen cargos de jefaturas en ellos; investigaciones penales a fiscales, jueces y políticos”, manifestó ese día.
Y agregó: “Todo lo cual es de una responsabilidad enorme. Es de riesgo respaldar las conversaciones con los grupos de trabajo en donde constan estrategias y líneas de acción, puesto que dicha información puede caer en manos de terceros, poniendo en riesgo el éxito de las investigaciones penales. Es mi deber dar protección y reserva de esas investigaciones”.
Consultado sobre los antecedentes, en primer punto, Palma indicó a La Tercera que lamenta “profundamente la difusión de información incompleta en relación a mi teléfono; difusión de información que además, aparentemente, es realizada por quienes tienen acceso a una causa penal que debería ser secreta”.
“En esa difusión no se mencionan los antecedentes que ofrece la misma investigación penal, pues esta situación fue explicada oportunamente en mi declaración ante la fiscal en el mes de julio del año en curso, antes de que fuera periciado el equipo telefónico. Dado mi trabajo de fiscal, debo adoptar como medida de seguridad el eliminar toda mensajería de mis chats y documentos. Lo anterior, debido a las investigaciones concretas que he llevado y las que sigo llevando a cabo, muchas de ellas de conocimiento público”, agregó.
Manifestó, en el mismo sentido, que “el extravió del equipo telefónico en manos inadecuadas puede afectar gravemente el éxito de la persecución penal que me es encomendada por ley. Por otro lado, el teléfono que me fue requerido es un teléfono que me fue asignado por el propio Ministerio Público en marzo de 2024, lo que hace evidente que jamás pudiera contener elementos asociados a hechos ocurridos en 2022″.
“Reitero: lamento profundamente que la información que se ha dado en relación a la entrega de mi teléfono haya sido dada en forma tan tendenciosa, y manifiesto nuevamente mi preocupación ante la divulgación de información de una investigación reservada”, complementó el persecutor.
