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Fiscalía pedirá prisión preventiva para Daniel Jadue

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A principios de 2021 la justicia tramitaba querellas cruzadas entre la firma Best Quality SPA -proveedores de insumos médicos- y el representante de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), el alcalde PC Daniel Jadue. Los primeros lo acusaban de no pagar una cuantiosa suma por mascarillas que habían sido adquiridas por trato directo, es decir decían ser víctimas de estafa, y el jefe comunal -por su parte- realizaba una arremetida en tribunales contra la firma que se dedicaba principalmente a la importación de mascarillas, las que se volvieron un producto indispensable para enfrentar los años de pandemia del Covid-19.

Sin embargo, el 30 de junio de 2021 a las 18:00 horas esta historia daría un giro inesperado, que tiene hoy al alcalde Jadue en el banquillo de los acusados, tal como lo reportó La Tercera, luego que la fiscal Giovanna Herrera decidiera formalizarlo por cuatro delitos ligados a actos de corrupción. Y es que ese día César Ramírez, uno de los trabajadores de Best Quality SPA, que había sido citado por el equipo Anticorrupción del OS-7 de Carabineros para declarar como testigo, decidió autodenunciarse y delatar al jefe comunal.

Pedirán prisión preventiva para Daniel Jadue: el largo camino de la Fiscalía para imputar actos de corrupción al emblemático alcalde PC

El comisionista sostuvo ante los investigadores que ellos habían accedido a pagar un soborno a Achifarp, ya que el propio Jadue les habría pedido un “bono” adicional de insumos -que tuvo como destino el comunal Recoleta del Partido Comunista- a cambio de asegurarlos como “proveedores estrella” de Achifarp. Fue ahí donde el Ministerio Público decidió separar investigaciones y profundizar en lo que estaba ocurriendo en uno de los proyectos estrella de la figura comunista y que contaba con millonarios aportes de dineros fiscales entregados por “socios”, es decir los otros municipios del país que se asociaban para recibir medicamentos e insumos a menores precios y darles aquella oportunidad de compra a los vecinos.

La versión entregada por Ramírez sostiene que el jefe comunal le dijo que dicho “gesto” -entregar cerca de $50 millones en insumos médicos por fuera de Achifarp- les garantizaría que Best Quality siguiera como proveedor principal de las farmacias municipales y la participación en el futuro en otra iniciativa que por esos días urdía el alcalde PC: “los supermercados populares”. “Con el objeto de no estropear las relaciones y teniendo a la vista la calidad del alcalde Daniel Jadue accedimos como empresa a efectuar una donación”, declaró Ramírez el 9 de agosto de 2021.

Pedirán prisión preventiva para Daniel Jadue: el largo camino de la Fiscalía para imputar actos de corrupción al emblemático alcalde PC

Con dicha confesión, la fiscal Herrera caratuló el caso como “cohecho” y decretó la primera reserva de los antecedentes, ya que junto a estos primeros hallazgos se sospechó de maniobras de lavado de activos, lo que le permitía al Ministerio Público “dejar a ciegas” durante seis meses a todos los intervinientes, tanto los querellantes, al autodenunciado y al propio Jadue para así avanzar en las pesquisas sin levantar alertas. Este lunes, tras ingresar el escrito en que se solicita audiencia de formalización, se sabe que junto a conductas de pago de presuntas coimas, se imputará también al alcalde comunista por estafa, fraude al Fisco y administración desleal. Todo esto, dicen conocedores del caso, lo deja al borde de la prisión preventiva, la que sería solicitada por querellantes y por el propio Ministerio Público.

Aún falta que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se pronuncie. Aunque su presidente, Raúl Letelier, adelantó en CNN que había conductas que les permitirían hacerse parte como querellantes contra el alcalde.

Ya en julio el equipo investigador pensaba solicitar la formalización de la autoridad comunal. Sin embargo, nuevos testimonios hicieron que esta decisión se aplazara. Un informe del OS-7 de Carabineros, al que accedió este medio, desmenuza los hallazgos en que aparece otro protagonista, Matías Muñoz, quien era el secretario ejecutivo de Achifarp y considerado un hombre del círculo de hierro del edil.

“Las acciones realizadas por parte de José Matías Muñoz Becerra en su calidad de secretario ejecutivo y diferentes trabajadores detalladas en el presente informe, debieron efectuarse con pleno conocimiento del presidente de Achifarp, Óscar Daniel Jadue Jadue, quien teniendo a su cargo la gestión patrimonial de la Asociación Chilena de Farmacias Populares dispuso las facultades para disponer acciones abusivas y omisiones contrarias al interés patrimonial de la asociación, tal como adquirir de forma excesiva y sin justificación los diferentes insumos que fueron comercializados de manera irregular por Muñoz Becerra”, se lee en el documento.

Esta hipótesis será una que desplegará la fiscal Herrera en la audiencia de formalización para acreditar la existencia del delito concursal de administración desleal. Esto último porque Jadue, a juicio de los investigadores, “no gestionó los bienes de manera fidedigna y verídica, a consecuencia de los actos señalados generaron un perjuicio que afectó al patrimonio de la Asociación Chilena de Farmacias Populares, impulsando a una liquidación forzosa”.

En el caso del “fraude al Fisco”, que se le imputará a Jadue, cobra importancia la compra de medicamentos durante la pandemia, algunos que no tenían autorización del ISP para funcionar y sin embargo fueron adquiridos por el jefe comunal. En ello profundizó un lapidario informe de Contraloría -que incluso levantó cargos contra el comunista- y que llevó incluso a un enfrentamiento público, y con querella, de parte de Jadue en contra del excontralor Jorge Bermúdez.

En dicha indagatoria del ente fiscalizador se sostuvo que durante los meses más duros de la pandemia el alcalde Jadue defendió la adquisición y uso del medicamento Avifavir, que según él servía para tratar el Covid-19. Sus dichos fueron objeto de críticas de la autoridad sanitaria, ya que fue el propio Instituto de Salud Pública (ISP) que determinó la prohibición de su uso, lo que fue refrendado por la propia Contraloría. “Hay un móvil político detrás. Tal como dice la resolución, [el Avifavir] se trajo para ser entregado de manera excepcional porque es de uso clínico”, dijo el jefe comunal en febrero de 2021.

Pedirán prisión preventiva para Daniel Jadue: el largo camino de la Fiscalía para imputar actos de corrupción al emblemático alcalde PC

En el marco de la auditoría a las “Farmacias Populares” también se hallaron irregularidades en los convenios que se firmaron para adquirir el Avifavir y también el Interferón, un fármaco similar. En las conclusiones del informe final N° 909 se detalla que “el municipio de Recoleta suscribió un convenio para la adquisición de 180 mil dosis de Interferón, acuerdo en el que también participó la Municipalidad de Macul aportando $10 millones”.

Asimismo, se determinó que Achifarp mantiene un saldo pendiente con la Universidad de Concepción por un total de $215.476.800, en el marco de estudios que se mandaron a realizar sobre la efectividad de estos fármacos. Hasta ahora, se lee en la auditoría, solo se han cancelado $25 millones entre julio de 2020 y mayo de 2021. No se cree que el organismo pueda cumplir con esta deuda pues, según Contraloría, en su cuenta corriente al momento de la auditoría cuenta con fondos por $29.003.433.

En el caso de Avifavir se detectó otro convenio celebrado por Recoleta y Macul por $240.476.800 y $150.000.000, respectivamente. En esa transacción se estableció que hay un saldo pendiente de ejecución de más de $15 millones, dinero cuya disponibilidad no fue acreditada por los auditados. “La Municipalidad de Recoleta deberá fiscalizar a la Achifarp por el uso y destino de los aportes entregados por ella, informando a la Asociación sobre el resultado de su revisión y solicitar la restitución de los fondos”. Estos antecedentes también fueron remitidos a la justicia.

En ese sentido, se abrieron sumarios a los municipios dirigidos por Jadue y por el alcalde Gonzalo Montoya, del Partido Comunes. “Recoleta y Macul deberán efectuar las gestiones para recuperar los montos no invertidos por la Achifarp en la ejecución de ese convenio”, se lee en el documento.

Mario Vargas Cociña, querellante del caso, sostuvo a La Tercera PM que si sus representantes no hubieran denunciado esta estafa por el alcalde Jadue, “porque eso fue lo que ocurrió acá… una gran estafa, no sabríamos el nivel de corrupción que había en un proyecto como este. Lo importante es la decisión de la Fiscalía y que el señor Jadue devuelva los dineros que aquí fueron estafados y que aún no sabemos su destino”.

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Detienen a sospechoso de planear un ataque contra Zelensky

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La Fiscalía de Polonia ha anunciado este jueves la detención de un hombre de ciudadanía polaca sospechoso de tener vínculos con la Inteligencia rusa y ayudar a la preparación de un posible ataque contra el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.

El detenido, identificado como Pawel K., se enfrenta hasta a ocho años de prisión por espionaje en virtud del artículo 130 del Código Penal polaco. El sospechoso ha informado de que tiene intención de colaborar con la investigación abierta por las autoridades, según ha informado la Fiscalía en un comunicado.

El Ministerio Público polaco ha pedido al tribunal de distrito de la capital, Varsovia, que emita una “medida preventiva en forma de arresto temporal” contra el sospechoso. “La investigación está en curso”, ha agregado.

El hombre estableció contacto con ciudadanos de Rusia “directamente involucrados en la guerra de Ucrania” y sus tareas consistían en recopilar y proporcionar información a la Inteligencia rusa sobre la seguridad del aeropuerto de Rzeszów-Jasionka a fin de atentar, en un momento dado, contra la vida de Zelensky.

“La Fiscalía General de Ucrania transmitió a la Fiscalía polaca información sobre la posibilidad de que Pawel K. hubiera cometido un delito. Luego, durante la investigación, se obtuvieron pruebas clave del lado ucraniano como parte de la asistencia jurídica”, ha indicado en un comunicado.

Por su parte, el fiscal general de Ucrania, Andriy Kostin, ha destacado en la red social X que la detención es “resultado de la profesionalidad y cooperación” tanto de los fiscales como de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en ambos países.

“Este caso subraya la persistente amenaza que Rusia representa no sólo para Ucrania y los ucranianos sino para todo el mundo libre. El régimen criminal del Kremlin intenta constantemente socavar la seguridad europea y global”, ha agregado.

Kostin ha trasladado su agradecimiento a los fiscales, investigadores y agentes del Servicio de Seguridad de Ucrania por su “eficaz” trabajo, así como al Ministerio de Justicia polaco y “personalmente” a su titular, Adam Bodnar.

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Columna de Alejandra Mizala y Cristián Cabalin: La desinformación política sobre la selección escolar

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Debido a la lamentable situación de estudiantes que aún se encuentran sin matrícula, el Sistema de Admisión Escolar (SAE) ha sido sometido a un fuerte escrutinio por parte de algunas voces que han llamado a modificarlo totalmente o, incluso, a eliminarlo. Ciertamente, todas las políticas públicas deben ser evaluadas en términos técnicos y sociales, especialmente por la ciudadanía, en base a lo cual las autoridades deben realizar ajustes. Sin embargo, para que esta discusión sea genuina y apunte a mejorar la experiencia de las familias en su proceso de postulación a escuelas, se requiere que los argumentos se presenten de manera honesta en el debate público.

Sobre el SAE, hay controversias desde su diseño e implementación paulatina en 2016. El objetivo de terminar con la selección, el copago y el lucro en el sistema escolar con financiamiento público enfrentó resistencias políticas y técnicas de distintos sectores, pero también concitó el respaldo de quienes mostraban preocupación por la creciente segregación socioeconómica de nuestro sistema escolar. Algunos de esos discursos opositores a esta política educacional ahora sostienen que la falta de matrículas se relaciona con el funcionamiento del SAE. Sin embargo, sabemos que éste solamente asigna las vacantes disponibles en las escuelas, no puede crear cupos adicionales en zonas saturadas ni mucho menos asignar a estudiantes en escuelas con sobredemanda.

El SAE fue construido teniendo a la vista un horizonte de justicia educacional. El sistema centraliza las postulaciones de forma transparente y evita las discriminaciones arbitrarias a las que eran sometidas las familias, ampliando así sus posibilidades de elección. De esta manera, resguarda la libertad de enseñanza y asegura el cumplimiento del derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes. Sus resultados son, hasta ahora, positivos y un alto porcentaje de las familias (más del 70%) logra un cupo en alguna de sus preferencias.

No obstante, existen aún preocupaciones legítimas de las familias, las que deben ser atendidas por los distintos actores. Por ejemplo, en investigaciones realizadas en la Universidad de Chile, hemos detectado que para muchos padres y madres el sistema de postulación online se hace impersonal, a veces estresante y que la información es escasa o confusa. Sin embargo, las familias valoran la igualdad de oportunidades al momento de postular y perciben que efectivamente están ejerciendo el derecho de educar a sus hijos e hijas. También existen observaciones de especialistas en educación sobre el funcionamiento de la plataforma o sobre la necesidad de considerar la distancia a escuelas alternativas en caso de comunas rurales, entre otros aspectos, los que pueden ser incorporados en la discusión sobre cómo mejorar el SAE. Además, persiste la necesidad de informar oportuna y correctamente sobre el proceso, para que las familias puedan sacar el mejor provecho de su postulación y, así, dotar de legitimidad social al sistema.

Nada de lo anterior se relaciona, entonces, con la actual falta de cupos en escuelas, concentrada especialmente en la transición de octavo básico a primero medio y en determinadas zonas del país. Según cifras oficiales, hay actualmente 880 estudiantes que aún no encuentran una vacante en un colegio. Ellos y sus familias merecen rápidamente una solución, pero esa respuesta no llegará demoliendo una política pública, simplemente porque no se comparte su fundamento de justicia educacional.

Por Alejandra Mizala, Ingeniería Industrial y CIAE, U. de Chile, y Cristián Cabalin, Instituto de Estudios Avanzados en Educación y CIAE, U. de Chile

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Senadores de oposición acusan que Minsal canceló reunión

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A eso de las 12.30 de este jueves, el senador y timonel de la UDI, Javier Macaya, junto con la presidenta y también senadora de Demócratas, Ximena Rincón, acusaron que el Ministerio de Salud les canceló una reunión que tenían agendada para “solucionar problemas que ha tenido la tramitación” de la ley corta de isapres, la cual durante la jornada de ayer fue despachada desde la comisión de Hacienda de la Cámara y será votada la próxima semana en Sala.

En concreto, los diputados de la Comisión de Hacienda hicieron pocos ajustes al proyecto antes de enviarlo a sala. La ley corta de isapres del gobierno que se tramita actualmente en el Parlamento busca implementar el fallo de la Corte Suprema sobre tabla de factores.

El proyecto llegaría el 29 de abril al Senado. En el caso de que dicha rama del Congreso no acoja el proyecto tal como viene de la Cámara de Diputados, recaería en una comisión mixta, conformada por diputados y senadores, instancia que revisaría la iniciativa entre el 6 y 12 de mayo.

Para esta jornada, los tres senadores de Chile Vamos integrantes de la Comisión de Salud del Senado: Javier Macaya -quien preside esa instancia-, Francisco Chahuán (RN) y Sergio Gahona (UDI), además de la timonel de Demócratas, tenían agendada una reunión con la titular de Salud, Ximena Aguilera. Sin embargo, según señalaron Macaya y Rincón, el encuentro fue suspendido.

“La reunión fue suspendida unilateralmente por el ministerio”, era para “solucionar problemas que ha tenido la tramitación”, dijo Macaya en un punto de prensa realizado en las dependencias del exCongreso Nacional.

“Creemos que la actitud del Ministerio de Salud es una actitud de una irresponsabilidad gigantesca. Es una falta de respeto para con una reunión que había sido agendada con antelación”, acusó el senador.

La suspensión de la cita, -que según cercanos a los parlamentarios- había sido coordinada por Macaya este martes al salir de la comisión de Salud de la Cámara Alta, causó molestia. De hecho, el timonel gremialista advirtió que “por lo menos desde la oposición nosotros anticipamos que el problema es del Ejecutivo. Con nuestros votos no van a contar para avanzar en esta vía de solución”.

“y si finalmente no hay ley, es una responsabilidad que recae en los hombros del Ejecutivo, no de nosotros”, agregó.

Por su parte, la presidenta de Demócratas sostuvo: “Es lamentable no haber podido tener esta reunión con la ministra, el poder entregar propuestas, construir caminos de solución a un tema que no tiene que ver con la industria de isapres, tiene que ver con las personas, con nombre y apellido”.

“Es importante que entienda el gobierno que (…) (la ley corta) tal como está, va a ir una mixta, porque en el Senado no vamos a avalar lo que venga de la Cámara de Diputados y lo que venga de la mixta”.

En esa línea, la senadora también hizo su advertencia: “yo quiero anticiparle al gobierno, no voy a votar en contra, pero tampoco voy a votar a favor, que el gobierno se haga cargo, porque ellos son los únicos que tienen potestad en materia de seguridad social”.

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