La Fiscalía Nacional Económica (FNE) informó este jueves que realizará un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento, que comprende a universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica.
La entidad explicó que este análisis “buscará determinar si tanto la demanda como la oferta educativa operan correctamente desde una perspectiva de libre competencia, para así identificar potenciales fallas y formular propuestas de mejoras legales y regulatorias al Poder Ejecutivo”.
La FNE agregó que el objetivo de este estudio es contribuir a que este mercado sea más competitivo. “Como Fiscalía Nacional Económica sabemos que cualquier esfuerzo que apunte a mejorar la eficiencia en el gasto en educación superior y el valor que éste produce para la sociedad puede acarrear impactos positivos relevantes para los estudiantes, sus familias y el Fisco”, afirmó.
En un sondeo preliminar, la Fiscalía concluyó que existen al menos tres factores que potencialmente limitan el funcionamiento competitivo del mercado: problemas en la toma de decisión de los estudiantes, ya sea por falta de información adecuada o por expectativas demasiado optimistas sobre el retorno futuro de la carrera escogida; una desconexión entre la oferta de programas realizada por las instituciones de educación superior y las necesidades de los empleadores y algunas posibles barreras regulatorias y problemas de financiamiento.
Retornos negativos
En detalle, la entidad indicó que el primer factor corresponde a problemas en la toma de decisión de los estudiantes respecto de sus carreras, que se traduce en un elevado porcentaje de carreras que tienen retornos negativos para sus egresados, al punto que ingresar al mercado laboral sin haber cursado un programa en una institución de educación superior sería una alternativa mejor para ellos y sus familias.
En la exploración previa, la FNE detectó que casi un tercio de los más de 15 mil programas que ofrecen las instituciones de educación superior tendría retornos negativos. En el caso de los centros de formación técnica no acreditados esta fracción se acercaría al 50% y en las universidades privadas que integran el Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas y tienen acreditación máxima, sería inferior a 10%.
La dificultad en la toma de decisiones podría atribuirse a la falta de información oportuna de los estudiantes sobre la duración y retorno de las carreras, así como a sesgos de comportamiento, que los llevarían a no evaluar realistamente sus capacidades y a proyectar que obtendrían retornos de sus carreras por sobre el promedio.
Aunque ha habido esfuerzos para mitigar estos problemas, como el sistema de acreditación de la educación superior y herramientas como la página web mifuturo.cl, que proporcionan datos sobre empleabilidad y retorno de lascarreras, no es claro que estos avances estén siendo efectivamente aprovechados por los estudiantes para disminuir la brecha informativa o mitigar sesgos de comportamiento.
Necesidades del mercado laboral
En segundo término, el análisis respecto a la posible desconexión entre los currículos de las instituciones de educación superior y las demandas del mercado laboral, la FNE indicó que “hay evidencia que sugiere que muchos jóvenes se están formando en carreras o desarrollando habilidades que luego no resultan relevantes para las necesidades del mercado laboral”. En este sentido indicó que, por ejemplo, Chile ocupó el segundo lugar entre los países miembros de la OCDE en términos de adultos trabajando en empleos para los cuales están sobrecalificados en 2019.
Además, recordó, 24% de los graduados de educación terciaria en Chile no está estudiando ni trabajando, lo que representa la tercera cifra más alta entre los países de la OCDE. Esta desalineación entre la educación y el mercado laboral no sólo afecta las perspectivas de empleo de los graduados, sino que también plantea desafíos significativos para el nivel de competencia en el mercado laboral.
Asimismo, la FNE considera que una tercera potencial limitante identificada corresponde a barreras regulatorias que podrían estar restringiendo la oferta educativa en Chile. Estas incluyen asimetrías en el financiamiento de las instituciones educativas y rigidez en la estructura de títulos y grados entre universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, que afectarían la diversidad y adaptabilidad de la educación superior.
Además, se constatan posibles problemas de competencia relacionados con el diseño de las licitaciones para el otorgamiento y la administración de créditos del programa Crédito con Aval del Estado (CAE), fallas que fueron detectadas por el Banco Mundial en un informe del 2011 y que aún persisten.
Calendario de trabajo
Para analizar estas posibles limitantes a la competencia, así como realizar un diagnóstico de la evolución competitiva del mercado, la FNE definió un calendario de trabajo que contempla una fase de recopilación y análisis de información, que se extenderá entre enero y noviembre de este año. Posteriormente, en diciembre, se publicará el Informe Preliminar y, tras un período de consulta pública, se dará a conocer el Informe Final en marzo de 2025.
La FNE recordó que el gasto en educación superior realizado por el Estado y por las familias chilenas llegó a cerca de US$ 6.600 millones en 2020, lo que representa alrededor de 2,6% del PIB en este período. Este monto más que duplica el gasto promedio de los países de la OCDE, que, en el mismo año, estuvo en torno al 1% del PIB.
“La educación superior es una de las inversiones más trascendentes que realizan las familias en nuestro país y un eje clave para la movilidad social y para el crecimiento y la productividad de la economía”, señaló el Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg.
Este estudio de mercado es el noveno que inicia la FNE, después de los de Rentas Vitalicias, Notarios, Textos Escolares, Medicamentos, Compras Públicas, Gas, Funerarias y Hospedajes, que se encuentran finalizados y que han sido insumos relevantes para modificaciones regulatorias y discusiones legislativas.
La tramitación del proyecto que refuerza el cumplimiento de las obligaciones tributarias ya entró en tierra derecha.
La comisión de Hacienda del Senado ha despachado varios artículos a Sala, los que se relacionan con temas claves como la nueva gobernanza del Servicio de Impuestos Internos (SII), la nueva forma de aplicar la Norma General Antielusiva (NGA) y la flexibilización del levantamiento del secreto bancario. Se espera que el proyecto se despache a Sala el próximo lunes, para ser votado el miércoles.
Una de las bancadas que tendrá que pronunciarse sobre el proyecto es Demócratas. Un documento de la tienda presidida por Ximena Rincón valora una serie de materias propuestas vía indicaciones por Hacienda, pero también pide aclaraciones en varios puntos del texto.
Así, el texto define ocho temas que consideran van “en la línea de lo correcto”: que se respete el principio de especialidad en materia de Norma Antielusiva; que en caso de aplicar una Norma Especial Antielusión, no se puede aplicar la Norma General Antielusión (NGA) y viceversa, además de que se mantenga la aplicación de la norma a regímenes especiales; que la NGA requiera recomendación del Comité Ejecutivo del Servicio de Impuestos Internos (SII); la creación del Departamento de Normas Generales Antielusión; que se amplíen los plazos para aplicación de la NGA vía suspensión; y que se establece obligación de un apoderado común para grupos empresariales.
La tienda también valora los ajustes que hizo Hacienda a las normas de relación para efectos de fiscalizar a contribuyentes o grupos económicos, fijando que dos o más partes se considerarán relacionadas cuando concurran al menos dos de las siguientes circunstancias: unidad de dirección o administración; dependencia económica o financiera entre las partes; relación de parentesco entre las personas o sus administradores o directores, considerando al o la cónyuge, conviviente civil, ascendientes, descendientes y parientes, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad; y comercialización de bienes o servicios idénticos o similares bajo una misma denominación o marca.
También destacan que no aplicará la facultad de tasación del SII para fusiones, divisiones, ni otros tipos de reorganizaciones con legítima razón de negocios.
Lo que falta
Pese a que Demócratas destaca varias aclaraciones que hizo el Ejecutivo al proyecto tributario, el documento enumera 17 temas que consideran deben ser “perfeccionados”.
Por ejemplo, señalan que se puede perfeccionar la redacción respecto a los abusos de formas jurídicas en la NGA para evitar “malas interpretaciones, sobre todo en las últimas indicaciones presentadas”.
También, en el marco del secreto bancario, proponen agregar que toda comunicación entre la institución financiera y el SII debiese ir con copia al contribuyente. Postulan que se deberían enviar al SII todas las transacciones para consolidar las 50 operaciones de cuentas distintas, en el marco del artículo que busca fiscalizar las transferencias bancarias reiteradas recibidas por un contribuyente.
Demócratas considera muy baja la multa por traslado de mercaderías falsas o sin pago de impuestos, de 20% al 300% de 1 UTA ($ 160.000 a $ 2.400.000). A su vez, critican la eliminación de los incentivos tributarios a las donaciones hasta 250 UTM ($ 16 millones) a legitimarios y asignatarios.
Si bien destacan que se reglamenta el nuevo comité ejecutivo y el consejo tributario con amplias facultades para servir de contrapeso a la dirección del SII, dado el tipo de designación de integrantes “vale la pena pensar si asegura la independencia que se busca o mejor ahorrar recursos”.
En cuanto a las exigencias de información a vendedores habituales de bienes muebles usados, piden aclarar el alcance de la obligación a cualquier operación de compra y venta que supere las 50 UTM o su equivalente en moneda extranjera que deberán efectuarse siempre a través de medios de pago electrónicos o cualquier otro medio de pago que permita la individualización del pagador.
Aunque destacan las mayores facultades que tendrá la Defensoría del Contribuyente (Dedecon), creen relevante tratar la gobernanza del SII junto con los grados de libertad de la defensoría para generar equilibrios entre las obligaciones y derechos.
La indicación al Art.89 será un “dique difícil de sortear”, ya que creen que un certificado de situación tributaria al día para las Pymes es “difícil de cumplir, por lo que debiese bastar con iniciación de actividades.
También, piden que haya “coherencia” entre el denunciante anónimo y el nuevo proceso de autodenuncia que se crea para contribuyentes, en el sentido que solo puede aplicarse a diferencias de impuestos que podrían fundarse en hechos constitutivos de delito tributario.
En cuanto al Consejo Tributario, cree relevante que no solo pueda opinar sobre las circulares del SII, sino también sobre los oficios que emitan el director nacional y los directores regionales en el ejercicio de su facultad de interpretar administrativamente las leyes tributarias
En caso de reorganización empresarial (fusión), se establece que la continuadora legal (absorbente) mantendrá el beneficio o la autorización otorgada a la absorbida para obtener de forma previa a la materialización de la exportación el reembolso del IVA exportador: “Habría que dejar expresamente establecido que ello no suspende ni interrumpe el plazo otorgado al exportador absorbido para materializar la exportación”, pide la tienda.
En consejo de gabinete, Boric pide a ministros acelerar aprobación de la reforma de pensiones y cumplimiento tributario: “No es fácil, pero las vamos a sacar adelante”
El Presidente de la República, Gabriel Boric, lideró este viernes un nuevo consejo de gabinete de ministros en La Moneda. La autoridad entregó palabras al inicio de la reunión, llamando a sus colaboradores a no relajarse y seguir adelante con sus tareas.
“Estamos en un momento de realizaciones, de cosechar lo que hemos ido sembrando y eso requiere mucho trabajo. La cosecha no emerge sola, por lo tanto, tenemos que estar con la gente y atentos a sus necesidades y materializando las reformas que hemos impulsado”, señaló el mandatario a sus secretarios de Estado.
Boric agregó que “sé que puede haber cansancio luego de dos años y medio, queda solo un año medio, pero queda mucho por hacer, no hay espacio para el relajo”.
El Presidente les solicitó “estar firmes con presencia activa y materializando los cambios con que nos hemos comprometido con el país. Estoy motivado, hay motivos para estar optimistas, pero no confiados, depende del trabajo que hagamos y esas son las tareas que debemos afinar”.
El mandatario destacó los avances en reforma de pensiones y el pacto fiscal, al señalar que “felicito el empeño del ministro Marcel y la ministra Jara, en que las reformas de cumplimiento tributario y de sistema de pensiones, que algunos llamaban incluso a desahuciar, estén avanzando y encaminadas. No es fácil, todavía quedan cosas por hacer pero las vamos a sacar adelante”.
Boric además reiteró que durante septiembre se va a ingresar y retomar la discusión sobre la eutanasia y el proyecto que termina con el Crédito con Aval del Estado (CAE) e instaura un nuevo mecanismo de financiamiento para la educación superior.
La encuesta elaborada por el Institutional Investor Research destaca cada año el desempeño de las mejores empresas y ejecutivos de Latinoamérica. Este año aparecieron en el listado compañías de México, Argentina, Panamá, Perú, Colombia, Uruguay y Chile.
Los reconocimientos fueron entregados en una ceremonia en la ciudad de Nueva York el jueves de esta semana. En la 15ª encuesta anual de equipos ejecutivos realizada entre febrero y marzo de 2024, más de 1.100 inversores, gestores de carteras y analistas de 505 firmas evaluaron a 322 empresas y más de 1.000 profesionales en 16 sectores.
Las firmas chilenas fueron las segundas más galardonadas después de las mexicanas con 27 representantes.
Entre las nacionales destacadas están AES Andes, Aguas Andinas, Banco de Chile, Banco Santander Chile, CAP, Cencosud, Colbún, Embotelladora Andina, Entel, Enel Américas, Enel Chile, ENGIE Energía Chile, Falabella, Latam Airlines, Parque Arauco y SMU.
Le siguieron las argentinas con seis firmas, entre las que figuran YPF, MercadoLibre, Pampa Energía, Despegar.com y Arcos Dorados; Colombia con Bancolombia y Cementos Argos; Perú con Credicorp; Panamá con Copa Holdings y Uruguay con DLocal.
Los ejecutivos de Chile se destacaron especialmente en el sector energético. Se premió como mejor CEO a Fabrizio Barderi de Enel Chile, José Ignacio Escobar de Colbún, Aurelio Bustilho de Enel Américas. Dentro de los CFO se reconoció a Giuseppe Turchiarelli de Enel Chile, Miguel Alarcón de Colbún, Eduardo Milligan Wenzel de ENGIE Energía Chile y Ricardo Roizen de AES Andes. También fueron galardonados en el sector de alimentos y bebidas Miguel Angel Peirano, CEO de Embotelladora Andina y su CFO Andrés Waine. En la categoría Real Estate se destacó al CEO de Parque Arauco, Eduardo Pérez Marchant, a su CFO Francisco Moyano y a Lauren Brown, Head of Investor Relations.
Marcelo Gálvez CEO de SMU y su CFO Arturo Silva Ortiz también fueron premiados, al igual que Inés Ostenrieder por su labor de CFO de Cencosud, quien actualmente se desempeña como gerente de finanzas en WOM.
En la categoría de transporte subieron al podio el CEO Latam, Roberto Alvo, su CFO Ramiro Alfonsin y Tori Creighton, la jefa de relaciones con inversionistas. Además, se destacó a Paula Salinas de CAP, quien también lidera la relación con inversionistas.