FNE inicia estudio de mercado sobre educación superior ante factores como alto porcentaje de carreras con retorno negativo para egresados

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) informó este jueves que realizará un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento, que comprende a universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica.

La entidad explicó que este análisis “buscará determinar si tanto la demanda como la oferta educativa operan correctamente desde una perspectiva de libre competencia, para así identificar potenciales fallas y formular propuestas de mejoras legales y regulatorias al Poder Ejecutivo”.

La FNE agregó que el objetivo de este estudio es contribuir a que este mercado sea más competitivo. “Como Fiscalía Nacional Económica sabemos que cualquier esfuerzo que apunte a mejorar la eficiencia en el gasto en educación superior y el valor que éste produce para la sociedad puede acarrear impactos positivos relevantes para los estudiantes, sus familias y el Fisco”, afirmó.

En un sondeo preliminar, la Fiscalía concluyó que existen al menos tres factores que potencialmente limitan el funcionamiento competitivo del mercado: problemas en la toma de decisión de los estudiantes, ya sea por falta de información adecuada o por expectativas demasiado optimistas sobre el retorno futuro de la carrera escogida; una desconexión entre la oferta de programas realizada por las instituciones de educación superior y las necesidades de los empleadores y algunas posibles barreras regulatorias y problemas de financiamiento.

Retornos negativos

En detalle, la entidad indicó que el primer factor corresponde a problemas en la toma de decisión de los estudiantes respecto de sus carreras, que se traduce en un elevado porcentaje de carreras que tienen retornos negativos para sus egresados, al punto que ingresar al mercado laboral sin haber cursado un programa en una institución de educación superior sería una alternativa mejor para ellos y sus familias.

En la exploración previa, la FNE detectó que casi un tercio de los más de 15 mil programas que ofrecen las instituciones de educación superior tendría retornos negativos. En el caso de los centros de formación técnica no acreditados esta fracción se acercaría al 50% y en las universidades privadas que integran el Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas y tienen acreditación máxima, sería inferior a 10%.

La dificultad en la toma de decisiones podría atribuirse a la falta de información oportuna de los estudiantes sobre la duración y retorno de las carreras, así como a sesgos de comportamiento, que los llevarían a no evaluar realistamente sus capacidades y a proyectar que obtendrían retornos de sus carreras por sobre el promedio.

Aunque ha habido esfuerzos para mitigar estos problemas, como el sistema de acreditación de la educación superior y herramientas como la página web mifuturo.cl, que proporcionan datos sobre empleabilidad y retorno de las carreras, no es claro que estos avances estén siendo efectivamente aprovechados por los estudiantes para disminuir la brecha informativa o mitigar sesgos de comportamiento.

Necesidades del mercado laboral

En segundo término, el análisis respecto a la posible desconexión entre los currículos de las instituciones de educación superior y las demandas del mercado laboral, la FNE indicó que “hay evidencia que sugiere que muchos jóvenes se están formando en carreras o desarrollando habilidades que luego no resultan relevantes para las necesidades del mercado laboral”.  En este sentido indicó que, por ejemplo, Chile ocupó el segundo lugar entre los países miembros de la OCDE en términos de adultos trabajando en empleos para los cuales están sobrecalificados en 2019.

Además, recordó, 24% de los graduados de educación terciaria en Chile no está estudiando ni trabajando, lo que representa la tercera cifra más alta entre los países de la OCDE. Esta desalineación entre la educación y el mercado laboral no sólo afecta las perspectivas de empleo de los graduados, sino que también plantea desafíos significativos para el nivel de competencia en el mercado laboral.

Asimismo, la FNE considera que una tercera potencial limitante identificada corresponde a barreras regulatorias que podrían estar restringiendo la oferta educativa en Chile. Estas incluyen asimetrías en el financiamiento de las instituciones educativas y rigidez en la estructura de títulos y grados entre universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, que afectarían la diversidad y adaptabilidad de la educación superior.

Además, se constatan posibles problemas de competencia relacionados con el diseño de las licitaciones para el otorgamiento y la administración de créditos del programa Crédito con Aval del Estado (CAE), fallas que fueron detectadas por el Banco Mundial en un informe del 2011 y que aún persisten.

Calendario de trabajo

Para analizar estas posibles limitantes a la competencia, así como realizar un diagnóstico de la evolución competitiva del mercado, la FNE definió un calendario de trabajo que contempla una fase de recopilación y análisis de información, que se extenderá entre enero y noviembre de este año. Posteriormente, en diciembre, se publicará el Informe Preliminar y, tras un período de consulta pública, se dará a conocer el Informe Final en marzo de 2025.

La FNE recordó que el gasto en educación superior realizado por el Estado y por las familias chilenas llegó a cerca de US$ 6.600 millones en 2020, lo que representa alrededor de 2,6% del PIB en este período. Este monto más que duplica el gasto promedio de los países de la OCDE, que, en el mismo año, estuvo en torno al 1% del PIB.

“La educación superior es una de las inversiones más trascendentes que realizan las familias en nuestro país y un eje clave para la movilidad social y para el crecimiento y la productividad de la economía”, señaló el Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg.

Este estudio de mercado es el noveno que inicia la FNE, después de los de Rentas Vitalicias, Notarios, Textos Escolares, Medicamentos, Compras Públicas, Gas, Funerarias y Hospedajes, que se encuentran finalizados y que han sido insumos relevantes para modificaciones regulatorias y discusiones legislativas.