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La trama del fondo “Real Estate Income JDA700 Perú” de Banchile Inversiones continúa su desarrollo en Perú. El Edificio JDA700, torre de oficinas ubicada en Lima y único activo del vehículo, habría tenido una subasta frustrada.
Golpeado por la salida de WeWork Perú -que en su momento alquilaba el 84,5% de los departamentos del fondo- el vehículo mantiene una deuda con el Banco de Crédito del Perú (BCP) cercana a los US$ 18 millones que hoy no está en condiciones de para pagar.
Según Banchile, hasta agosto presentaba un déficit de caja de aproximadamente US$ 48 mil mensuales.
WeWork, que era el principal inquilino del edificio, “tenía serios problemas financieros, su clasificación de riesgo era CAA1 y B3, es decir, bonos basura” cuando se comercializó el fondo, señaló un colaborador.
Un grupo de aportantes que asistieron a la última reunión extraordinaria del fondo, el 15 de octubre, dijeron al DF que, según el entonces gerente, ya se había realizado una subasta pública del inmueble en Perú. Sin embargo, no habría acudido ningún postor, por lo que se realizaría una segunda subasta a un precio más bajo.
La falta de compradores para este activo no es nada nuevo. Banchile informó en pasadas reuniones de fondos que el Edificio JDA700 ya contó con dos procesos de venta en 2023 y 2024, los cuales finalizaron sin ofertas.
Consultado por DF, Banchile Inversiones respondió que “toda la información pública del fondo está disponible en nuestro sitio web. En cuanto a la asamblea de octubre, hay que esperar la publicación del acta”.
comité de vigilancia
Además, en la instancia se revocó el comité de supervisión vehicular que existía hasta la fecha, y se aprobó la constitución de uno nuevo, con la presencia de abogados externos.
De hecho, los contribuyentes solicitaron esta reunión extraordinaria especialmente para realizar el cambio.
Cercanos a los inversionistas del fondo explicaron que buscan recopilar toda la información histórica de lo ocurrido con el desarrollo y administración del fondo, además de tener acceso a información que los aportantes hoy no tienen.
El nuevo comité de vigilancia está encabezado por el aportante Leonel Vivallos, y dos abogados externos elegidos por los inversionistas: el socio de Zúñiga y Campos, Eduardo Ugarte, y el abogado de Ríos y Asociados, Juan Pablo Ríos.
Reseñas de colaboradores
El cambio en el comité de vigilancia se da en medio de distintas críticas de los aportantes a Banchile y su accionar en este fondo.
Según el acta de la asamblea extraordinaria del 24 de agosto (la última en tener su acta pública), algunos inversionistas “expresaron su malestar por la falta de involucramiento y compromiso del Banco de Chile para solucionar esta situación”.
Esto, a pesar de que la AGF ha presentado dos propuestas para la reestructuración de la deuda con el BCP, alternativas que implicaban una inyección de capital de los aportantes y que fueron rechazadas.
Según dos cartas enviadas por los contribuyentes a la reunión de agosto, también se critica la comercialización del fondo, que comenzó a finales de agosto de 2018.
En detalle, esto se habría ofrecido como riesgo moderado, a pesar de que el único inquilino, WeWork, “tenía serios problemas financieros, hasta el punto de que su clasificación de riesgo era CAA1 y B3, es decir, bonos basura”, señaló uno de las misivas. Además, dicho inquilino representó el 90% de los flujos del fondo.