Ha pasado poco más de un mes desde que el fondo “Renta Inmobiliaria Perú JDA700” de la administradora Banchile perdió su único activo: un edificio de oficinas ubicado en el barrio de San Isidro de Lima, Perú.
El 29 de noviembre anunciaron que la propiedad del Edificio JDA700 fue transferida al principal acreedor del vehículo, el Banco de Crédito del Perú (BCP).
Golpeado por la salida de WeWork Perú, que en su momento arrendaba el 84,5% de los departamentos propiedad del fondo, el vehículo acumuló una deuda con el BCP de cerca de US$ 18 millones que no se pudieron pagar.
Sin embargo, fuentes conocedoras de la operación dijeron a DF que la adjudicación se realizó por debajo del valor total de la deuda. En detalle, el inmueble habría sido tomado por el BCP por un valor de entre US$ 15 millones y US$ 16 millones, los cuales se destinarían íntegramente al pago de parte de la deuda.
Ejecución de descuento
El golpe en la valoración fue anunciado por Banchile a los aportantes del fondo en su última reunión, celebrada el 15 de octubre.
El gerente de Bienes Inmuebles de Banchile, Felipe Vergara, informó en la instancia que se realizó un primer intento de subasta del edificio JDA 700, al que no llegaron interesados y fue declarado desierto.
Ante la fallida operación, Vergara anunció que se realizaría una segunda subasta, “situación que dificultará que los retornos lleguen a los aportantes dado que el precio final de la subasta probablemente será menor que el monto de la deuda”. El descuento, precisó, ascendería al 10% de la deuda.
Finalmente, fue el propio BCP quien se adjudicó el edificio.
Deuda pendiente
De esta manera, el fondo mantendría un remanente de al menos US$ 2 millones de deuda con el BCP. Un grupo de aportantes al vehículo dijeron al DF que aún no hay claridad sobre el camino a seguir para saldar dicha deuda.
Consultado por esta nota, Banchile afirmó que “toda la información pública sobre el fondo está disponible en nuestro sitio web”.
“(La administradora) ha mantenido a los aportantes constantemente informados sobre la situación del fondo a través de las diferentes asambleas de aportantes que se han realizado, así como a través de los canales de comunicación establecidos en el reglamento interno del fondo. ”, añadió.
Ante el escenario, los citados aportantes revelaron que, con el asesoramiento de abogados externos, evalúan acciones legales contra Banchile por el futuro del fondo.
El último cara a cara
La dura relación entre el directivo y los aportantes quedó patente en el acta de la última reunión.
En la instancia, uno de los inversores -no identificado en el documento- señaló que, en el momento de la creación del fondo, los bonos de WeWork estaban catalogados como “bonos basura”.
Cuestionado, Vergara, de Banchile, explicó que “la compra de bonos es un asunto diferente a la celebración de un contrato de usufructo, que lamentablemente se vio afectado por el incumplimiento de WeWork Perú por la pandemia”.
Sin embargo, otro de los contribuyentes respondió que “WeWork tenía problemas financieros antes del inicio de la pandemia”, mientras que en noviembre de 2018, mes de creación del fondo, la empresa presentaba pérdidas anuales de 2.000 millones de dólares. “No insistir en culpar a dicho evento (pandemia) de los problemas de fondo”, concluyó.
