Fortalecimiento de la institucionalidad fiscal

En Chile, la política fiscal regida a partir de la regla del balance estructural no consiguió evitar el fuerte incremento de la deuda bruta como proporción del PIB del gobierno central, al pasar de 4% al 39% del PIB entre 2007 y 2023. Asimismo, la actual regla carecía de un proceso transparente respecto a situaciones excepcionales que llevaron a políticas de gasto público fuertemente contracíclicas, tal como sucedió en la gran recesión de 2008-2009 y la crisis del Covid-19.

“El Ejecutivo deberá ahora rendir cuentas sobre el cumplimiento de las metas formuladas y en caso de incumplimiento, indicar las medidas correctivas, para lograr una situación fiscal sostenible”.

El proyecto presentado en 2021 por la administración anterior, sumado a las diversas modificaciones posteriores por parte del Ministerio de Hacienda, se hace cargo de diversos aspectos indicados anteriormente e incluye nuevos elementos de arquitectura fiscal. El aspecto más relevante es que la política fiscal ahora será guiada a partir de una regla dual, es decir, una senda de deuda bruta como proporción del PIB consistente con la trayectoria del balance estructural para al menos el periodo de gobierno.

En este marco, el Ejecutivo, por medio de los informes de finanzas públicas, deberá rendir cuentas sobre el cumplimiento de las metas formuladas y, en caso de incumplimiento, indicar las medidas correctivas que deban tomase con el fin de lograr una situación fiscal sostenible en el tiempo, mejorando así la transparencia. En este sentido hay un avance significativo, toda vez que el incumplimiento de la meta fiscal en años previos no tenía implicancia práctica en las decisiones posteriores por parte de las autoridades. Además, incluye la definición de cláusulas de escape, asociado a eventos extraordinarios y transitorios, los cuales tensionan fuertemente las finanzas públicas, junto con las medidas necesarias posteriores para garantizar una senda sostenible a nivel fiscal.

El proyecto también establece la necesidad de fortalecer las atribuciones del Consejo Fiscal Autónomo en cuanto a las metas fiscales y al monitoreo de las finanzas públicas, junto con la obligación por parte de la DIPRES de incluir informes financieros de proyectos de ley en un horizonte acorde con el programa financiero del gobierno, cuando estas tengan un impacto fiscal.

Mejorar la institucionalidad fiscal es deseable y necesario, lo cual por sí solo no resuelve las fuertes tensiones que actualmente tiene el marco fiscal de Chile en el corto y mediano plazo, pero sí permite robustecer el andamiaje sobre el cual se sustentan las decisiones de política económica. En este sentido, no debemos olvidar que un crecimiento económico robusto, y la decisión responsable por parte de las autoridades de financiar gastos permanentes con ingresos permanentes, son una parte fundamental de los canales adecuados para garantizar la sostenibilidad fiscal en el mediano plazo.