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Economia

Gobierno apuesta por un “código de pesca” y adelanta que ingresará un proyecto distinto para regular a las salmoneras

Martina E. Galindez

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A finales de noviembre comenzarán las conversaciones entre el Subsecretario de Pesca, a cargo de Julio Salas, y las empresas y gremios del sector para la nueva Ley de Pesca. El Gobierno quiere que esta nueva normativa sea una especie de “Código de Pesca” que incluya elementos como la cadena de comercialización de los productos pesqueros, los procedimientos sancionadores, la inspección y el régimen laboral de los pescadores, además del “corazón” de la ley, para a saber, la distribución de los recursos pesqueros.

En conversación con Diario Financiero, el subsecretario dijo que “los ‘borrón y cuenta nueva’ no existen, siempre se aprende de la experiencia regulatoria previa más allá de su validez legal”.

“El objetivo es que la nueva ley se discuta de manera muy transparente para restaurar la confianza en las reglas del juego que regularán el sector pesquero”.
Julio Salas, Subsecretario de Pesca y Acuicultura

Agregó que “entendemos que hay aspectos de la normativa vigente, como el comité de comanejo, el enfoque ecosistémico, entre otros, que son materias que no parecen ser motivo de cuestionamiento de fondo y que probablemente se puedan incluir”. en la nueva Ley de Pesca. ”.

Empresas enfrentadas

La lógica que explica por qué la nueva Ley de Pesca es el proyecto central del gobierno para esta actividad es el vicio de origen que se le imputa a la normativa vigente.

La posición de Salas es que el sector necesita recuperar la confianza y que no puede seguir a la sombra de la normativa actual, cuya tramitación dejó condenas a Corpesca, por cohecho, y al exsenador Jaime Orpis, por fraude al fisco y cohecho. .

“El objetivo es que la nueva ley se discuta de manera muy transparente para recuperar la confianza en las reglas del juego que regularán el sector pesquero”, explicó.

Esta sombra, dijo el subsecretario, hace que tanto el mundo artesanal como el industrial coincidan en la urgencia de avanzar con una nueva ley. Por un lado, los artesanos “sienten que se pueden cumplir algunas demandas históricas. Y en el caso de la industria, perciben la desconfianza en la norma y por tanto en el papel del mundo privado, que es algo que en algún momento hay que frenar”.

Para casos de esta naturaleza, el Ejecutivo espera que la ley incluya una estructura sancionadora. “Uno esperaría que esta parte del ente regulador fuera capaz de atender desde megaproblemas, que en este caso amenazaban la vigencia de la norma, hasta pequeños problemas, como situaciones de pesca ilegal a pequeña escala”, dice Salas. .

Sin embargo, el subsecretario enfatizó que el enfoque del proyecto no es “en materia penal y punitiva, sino en la normativa (…) también hay que evaluar situaciones preventivas. No se gana nada llorando sobre la leche derramada una vez que se producen las infracciones. Ambas conversaciones deben estar presentes en la futura normativa”.

Por el lado de la industria, Salas es consciente de que las amenazas también se pueden ver en una nueva ley. Por eso, espera que las conversaciones puedan “recoger las esperanzas y expectativas y eventualmente disipar las dudas”.

El corazón del proyecto.

La autoridad se refirió al aspecto central de la normativa: las cuotas de pesca. Al respecto, señaló que “hay una percepción de que hay una distribución del recurso que no es la óptima para los actores y probablemente también sea un elemento que contribuya al descrédito del marco regulatorio existente”.

Salas precisó que “la distribución del recurso tiene múltiples dimensiones y esperamos que la Ley de Pesca sea capaz de atender cada una de estas dimensiones, desde cuánto se distribuye el recurso para la generación actual, es decir, cuánto extraen hoy los pescadores y cuánto cuánto van a poder extraer mañana, cuánto puede extraer el mundo industrial y cuánto puede extraer el mundo artesanal, cuánto se extrae en los diferentes territorios, es decir, cuánto corresponde al extremo norte del país, a el norte pequeño, a la zona central, y eso también requiere una conversación neutral y de equidad en la distribución”.

“Toda esta conversación, que es la conversación distributiva, es el corazón de la discusión de una Ley de Pesca, y es quizás el elemento en el que se requiere el mayor intercambio con los actores para generar una regulación que sea justa y, al mismo tiempo, al mismo tiempo, mismo tiempo, aplicable”.

El subsecretario explicó por qué es necesario legislar en esta materia: “Queremos avanzar con una nueva Ley de Pesca porque tenemos que solucionar algunos problemas estructurales que tiene la normativa actual. Y una de ellas es que fue concebida en condiciones de falta de transparencia, lo cual no es solo un problema formal, sino que se convierte en un problema de fondo cuando hay decisiones judiciales que sancionan a un parlamentario por cohecho ya empresas por cohecho.

el horario lleno

A fines de noviembre comienzan las reuniones con empresas y gremios pesqueros, que se extenderán hasta diciembre. Están previstas 12 reuniones con la industria.

Estas conversaciones se están dando con todos los actores del sector. Comenzaron el 21 de septiembre y se extenderán hasta el 31 de diciembre. Por ejemplo, se han realizado 50 encuentros locales con pescadores artesanales con más de 2.000 participantes en 241 caletas de todo el país.

La idea de la Subsecretaria es que se completen más de 150 instancias de conversatorios con los pescadores artesanales, antes de enviar la factura, en marzo o abril de 2023. También se contemplan reuniones con pymes industriales y plantas procesadoras.

A pesar de que el gobierno tiene varios proyectos relevantes -como reformas tributarias y de pensiones- la Ley de Pesca se enviará al Congreso sí o sí, dice el subsecretario Salas.

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