“Ahora sí”, dice el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela.
Con un conversatorio sostenido el jueves pasado en las oficinas de la cartera en Teatinos, el Gobierno dio inicio a un proceso de diálogo con parlamentarios y el sector privado a través del cual busca afinar detalles y concretar la entrada del proyecto de ley que modificará el reglamento para la desarrollo de fraccionamientos rurales.
El proyecto, en un principio, estaba previsto para entrar en diciembre, pero se pospuso. Ahora, el compromiso es que llegue al Congreso a más tardar en junio.
“Los sistemas APR se han secado, mientras que hay fraccionamientos en los que cada uno tiene un pozo, muchas veces ni siquiera registrado legalmente”acusa al ministro Valenzuela.
En conversación con Diario Financiero, el ministro adelanta los principales lineamientos de la iniciativa, que fueron las conclusiones obtenidas en la Comisión Intersecretarial de Ciudad, Vivienda y Territorio (Comicivyt): “Lo nuestro es la seguridad alimentaria estratégica, lo hemos dicho una y otra vez. otra vez, que las fincas rústicas tengan actividad forestal y agrícola y que no sean loteos y punto”.
La propuesta del Gobierno tiene dos pilares fundamentales: elevar la superficie mínima de parcelación para las zonas específicamente destinadas a uso agrícola, pero, paralelamente, generar una figura de “conjuntos urbanos residenciales”, donde se puedan instalar viviendas, pero elevando los requisitos a cualquier inmueble. desarrollos
las dos hectáreas
En cuanto al primer pilar, Valenzuela afirma que el Minagri seguirá apostando por la idea de aumentar la superficie mínima de loteo de las propiedades rurales de 0,5 hectáreas (ha) a 2 ha, cuando se trate de áreas destinadas a la agricultura, ganadería o silvicultura.
“Es cierto que en el momento de la reforma agraria técnicamente se consideraba que cinco hectáreas era el mínimo para la subsistencia y la viabilidad de un proyecto agrícola, pero con los cambios tecnológicos, mejoraron los rendimientos de semilla, entre otros, en un panel interno ha recomendado que 2 ha sea la unidad”, explica.
Además, el ministro insiste en que, para estos fraccionamientos, la SAG podrá seguir aplicando los criterios de autorización que viene realizando en los últimos meses, solicitando distintas certificaciones para asegurar que los proyectos mantengan el acceso a las fuentes de agua y no afecten a los nativos. bosque. entre otros.
Áreas residenciales
La novedad es que el Gobierno se abre a una nueva figura, que es la existencia de lo que Valenzuela llama “conjuntos residenciales rurales”.
La idea, argumenta, es que en las zonas rurales puedan existir zonas de vivienda, “pero bien hechas”. En este sentido, el proyecto de ley buscará aumentar los requisitos para el desarrollo de este tipo de proyectos inmobiliarios.
Con la norma actual, “los sistemas de RWA (Agua Potable Rural) se han secado, mientras que hay fraccionamientos en los que cada uno tiene un pozo, muchas veces ni siquiera legalmente registrado y con piscina y césped alrededor”, acusa el ministro.
El proyecto de Agricultura pretende que los urbanizadores estén obligados, por su cuenta, a disponer de carreteras, sistema de agua, manejo de basuras y aguas grises, herramientas para prevenir incendios forestales, entre otros.
“Hay una apertura para estos conjuntos residenciales rurales en los que se concentran más las viviendas y el resto es un espacio para la conservación del bosque o la actividad agropecuaria (…) también hay que cuidar el patrimonio del país y el paisaje”, resume. arriba. Valenzuela.
Agrega que también hay un llamado a que los municipios se involucren en la aplicación de este reglamento. “Los municipios en Chile tienen la costumbre de hacer un plan regulador del casco urbano y de la cabecera comunal, pero también es importante generar un reglamento para las veredas”, dice.
Como el proyecto proviene principalmente de los ministerios de Agricultura y Vivienda, Valenzuela dice que lo lógico sería ingresarlo de manera conjunta en ambas comisiones sectoriales en el Congreso.
Respecto al sector privado, asegura tener buena disposición por parte de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y del nuevo presidente del gremio, el exministro de esta misma cartera, Antonio Walker.
Incluso Valenzuela asegura que cuando Walker asumió su cargo, él mismo también había señalado el conflicto que podría generar la urbanización desregulada en las zonas rurales.
La trama legal que sigue
vivir entre el Ejecutivo y los parcelaros
El conflicto en torno a los loteos venía llamando la atención de diversas instituciones, pero lo que finalmente lo detonó fue la circular mediante la cual Agricultura, en julio del año pasado, instruyó a la SAG a endurecer los criterios para autorizar los loteos.
El Gobierno alertó sobre los efectos ambientales de la proliferación de fraccionamientos que, si ya iba en aumento, tuvo una explosión con la llegada del teletrabajo. Si en 2019 la SAG registró 9.907 solicitudes de fraccionamiento, en 2022 estas llegaron a 22.378 entradas.
La medida del Ejecutivo hizo reaccionar rápidamente a los promotores inmobiliarios rurales y, finalmente, un sindicato de parcelarios, ChileRural, a través de una demanda, logró que se suspendiera la circular mientras continúa el juicio.
Pese a que las instrucciones continúan suspendidas, la SAG ha continuado solicitando información adicional para aprobar los lotes, señalando que esta facultad es “preexistente” al documento, que recientemente fue refrendado por la Corte de Apelaciones en el marco de otro caso que ahora escalará. al Tribunal Supremo, tras el recurso de casación de las sociedades inmobiliarias demandantes.
Así, la disputa entre el Minagri y los minifundistas sigue viviendo en dos frentes, todo esto en paralelo al proyecto de ley que trabaja el Ejecutivo.
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