El Gobierno definió este martes a sus primeros cuatro nominados para conformar el Consejo Consultivo de la Superintendencia de Salud, entidad que asesorará a la cartera en el proceso de implementación de la ley corta de isapres, según pudo confirmar Diario Financiero con cinco distintas fuentes.
La Superintendencia liderada por Víctor Torres deberá supervisar y aprobar los planes que las aseguradoras presenten para devolver las platas a sus afiliados, así como las propuestas de contención de costos y de un alza única en los precios para retomar el equilibrio financiero. Para ello, se creó este consejo de carácter técnico que, si bien no es vinculante, estará constituido por un quinteto de expertos “de vasta experiencia profesional y/o académica comprobada, en materias de salud pública, economía de salud o derecho sanitario”, dice la ley.
Los cuatro primeros nombres que se acordaron este martes fueron los de Paula Benavides, César Cárcamo, Patricio Fernández y Claudio Sapelli. Al cierre de esta edición aún estaba pendiente el ingreso de un oficio al Congreso para concretar la nómina.
Vale decir que estos deben ser ratificados por ambas cámaras del Congreso antes de quedarse definitivamente con el cargo.
El quinto integrante que completará este Consejo, en tanto, será designado por el Presidente Gabriel Boric una vez hayan sido aprobados y ratificados los cuatro nombres ya mencionados.
Los consejeros
Paula Benavides se desempeña en distintos cargos como consultora y académica. Es directora del centro de estudios Espacio Público -del cual fue presidenta ejecutiva- y participa en el Consejo Consultivo Previsional que asesora a los ministerios de Hacienda y Trabajo en materia de pensiones. Es economista de la Universidad Católica (UC) con un Magíster en Economía Aplicada con mención en Economía Financiera y en el pasado se ha desempeñado como consejera del Consejo Fiscal Autónomo (2019-2023) y ocupado diversos cargos en Hacienda y en la Dirección de Presupuestos entre 1999 y 2018.
César Cárcamo es médico cirujano especialista en Medicina Intensiva y Anestesiología y subespecialista en Medicina Intervencional del Dolor.
En el plano político, es militante del Partido Radical (PR) y actualmente es presidente de su Comisión de Salud. De hecho, fue presidente del Frente de Profesionales y Técnicos del PR y trabajó en el programa de Gobierno de Alejandro Guillier.
Con posgrados en Salud Pública y Administración en Salud, se ha desempeñado como director médico de la Clínica Providencia y del Hospital Mutual de Seguridad, director en La Araucana Salud y Clínica Lircay y presidente del directorio de la isapre pública Ferrosalud.
Durante la tramitación de la ley corta, tanto Cárcamo como Benavides formaron parte de la Comisión Técnica que asesoró al Senado.
Patricio Fernández fue superintendente de Salud durante el segundo período de Sebastián Piñera y, de hecho, fue quien lideró la institución en la creación de la Tabla Única de Factores a la que las isapres deberán ajustar todos sus planes con la nueva norma. El abogado cuenta con posgrados en Salud Pública y Economía de la Salud y durante su carrera ocupó diversos cargos públicos en el sector. Entre ellos, fue jefe de gabinete en el Minsal -donde también dirigió el departamento de Gestión y Desarrollo de Personas-, tras pasos por los Servicios de Salud de Biobío y Araucanía Norte.
La lista la completa el uruguayo Claudio Sapelli, doctor en Economía de la Universidad de Chicago y hoy académico del Instituto de Economía de la UC. En su trayectoria destacan cargos como director docente en esta última institución y economista senior del Banco Mundial. Durante el primer Gobierno de Piñera, participó en el Panel de Expertos Casen 2013, en el Consejo de Medición de la Pobreza y presidió la Comisión de Usuarios del Seguro de Cesantía. Asimismo, en el primer período de Michelle Bachelet participó en el Consejo de Trabajo y Equidad.
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.