Gobierno oficializa veto por legítima defensa privilegiada

La ministra del Interior, Carolina Tohá, confirmó esta tarde que el gobierno vetará la norma sobre “legítima defensa privilegiada” que fue aprobada esta jornada en el Senado, en el marco de la discusión de la Ley de Usurpaciones que fue despachada por la Cámara Alta.

Esto, luego de que el Senado visara, en tercer trámite, esta tarde el proyecto tal como salió de la Cámara de Diputados, esto es, con indicaciones como la que incorpora esta polémica figura, que fue aprobada en la Cámara Alta por 24 votos a favor, 17 en contra y una abstención.

Aunque la secretaria de Estado valoró que se legisle para robustecer la legislación en torno a las usurpaciones, indicó que “este proyecto se ha ocupado para extremar las cosas al punto tal que esta legislación va a permitir que esta persona pueda pedir apoyo de terceros para ir a reivindicar por sus propias manos el bien usurpado y pueda, para ello, defenderse, causando cualquier daño de manera ilimitada”.

“Por eso es que el Ejecutivo ha dicho que va a vetar este aspecto de la ley. El Ejecutivo no va a vetar el que se pueda detener a quien usurpa, no va a vetar que este sea un delito permanente, no va a vetar que se excluya a los campamentos. Lo que va a vetar el Ejecutivo es que se permita que las personas, por mano propia, con bandas armadas y de manera indefinida en el tiempo, puedan ir por sus propias manos a reivindicar sus derechos”, destacó Tohá desde el Congreso.

En este sentido, la titular del Interior afirmó que “para eso está el derecho, para eso están las policías, para eso están los tribunales, para eso las sociedades civilizadas han establecido el monopolio de uso de la fuerza en las policías. Es un avance civilizatorio que como gobierno no vamos a permitir que Chile pierda”

En la misma línea, sostuvo que “esto no es solo una decisión política o legislativa, es una obligación moral que tenemos como gobierno. Es una obligación ética que tenemos de no permitir que el país retroceda en algo tan básico”.

Sobre cómo procederá ahora el gobierno, Tohá sostuvo que el Ejecutivo tiene un mes para ingresar el veto, al que consideró una prioridad.

Y aunque el tema de la legítima defenda privilegiada fue considerado por la ministra Carolina Tohá como el principal problema de la ley, la secretaria de Estado destacó que se debe revisar también un problema asociado a la cuantía de las penas que recibe este delito, en sus distintas figuras.

“Hay un segundo tema que también hay que discutir, porque lamentablemente este proyecto, por un propósito que nosotros respaldábamos, que era tener una penalidad mayor para las usurpaciones que se hacen con ‘fuerza en las cosas’, por ejemplo, cuando se rompe un candado (…), se subió la pena al punto de dejarla igualada a la usurpación que se hace con violencia o intimidación”, sostuvo la titular del Interior.

Indicó que a esto, se suma el establecimiento de un marco penal rígido. “Esto que decir que el juez no tiene margen para aplicar la pena, sino que es una sola, e iguala la situación de ‘fuerza en las cosas’ a la de ‘violencia e intimidación’. Eso, en la práctica, quiere decir que si hay una usurpación y los autores se saltan la reja, la pena es la misma que si, además de saltarse la reja, amenazan al propietario con un arma y le apuntan en la cabeza. La pena, así como está hoy día, queda igual. Esa es otra materia que hay que, definitivamente, corregir”, destacó Tohá.