Gobierno se anota un triunfo: Cámara aprueba el proyecto de cumplimiento tributario y se liberan US$ 1.200 millones adicionales en el Presupuesto 2025

Recién a las 14.02 de este miércoles, el Gobierno pudo dar un suspiro de alivio.

En ese tiempo, La Cámara de Diputados terminó de ratificar los cambios realizados por el Senado al proyecto que refuerza el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes. También conocida como la propuesta antievasión y elusión, con la que el Ejecutivo busca recaudar el equivalente al 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) bajo el régimen y que es el principal componente del llamado “pacto fiscal”.

Pese a un escenario incierto en la previa, la Corporación vio todos los cambios realizados por la Cámara Alta, con votos abrumadores, varios con más de 100 votos.

Por aquíel proyecto está listo para convertirse en ley y evita un trámite adicional en una comisión mixta, que dirimería las diferencias entre ambas cámaras.

En los días previos, La Moneda y Hacienda habían entablado conversaciones con senadores y diputados para ordenar la votación y evitar un trámite que habría generado alta incertidumbre sobre el nivel de ingresos que tendría el sector público para el próximo año.

Precisamente, el principal resultado de esta aprobación es que Ministerio de Hacienda podrá utilizar US$ 1.200 millones de ingresos adicionales para el Presupuesto 2025que será presentado a inicios de la próxima semana por el presidente de la República, Gabriel Boric, y el ministro de Hacienda, Mario Marcel.

Los primeros cambios

La aprobación del texto tuvo un largo recorrido, desde su ingreso a la Cámara el 29 de enero, pasando al Senado a mediados de abril y tras un acuerdo técnico y político entre los senadores y Teatinos 120 en julio para desbloquear algunos de los principales nudos. del texto.

Por ahora, había 24 puntos que fueron aprobados por el Senado casi en su totalidad en su primera tramitación en la Cámara.

Estos fueron los Nuevas facultades para supervisar grupos empresariales.; el multijurisdicciónque permite a una dirección regional del Servicio de Impuestos Internos (SII) supervisar a los contribuyentes en otra localidad; la creación de un mecanismo para promover buenas prácticas de grupos empresariales en el pago de impuestos; la simplificación del proceso de terminación de contribuyentes; la posibilidad de establecer la trazabilidad en el comercio de mercancías; aumentos de multas por delitos fiscales; una nueva norma sobre colaboración sustancial en investigaciones fiscales; la creación de medidas preliminares y prórroga de medidas cautelares que el SII puede solicitar.

Asimismo, la nueva política de determinación de intereses fue diseñada para favorecer a las PYMES endeudadas con las autoridades tributarias; modificaciones a procedimientos ante los Tribunales Fiscales y Aduaneros (TTA); trámites de cobro ante Hacienda y declaración de insolvencias; el modificaciones al impuesto de lujo; la forma de notificar a los contribuyentes en conflictos con el SII, Aduanas y Hacienda; el nuevas reglas de precios de transferencia; una nueva definición de regímenes fiscales preferenciales; las modificaciones a la norma sobre impuesto a la renta sobre ventas indirectas de entidades domiciliadas en Chile; y ajustes del IVA en compras a través de plataformas digitales a contribuyentes no domiciliados en el país.

Un paquete final relacionado con el fortalecimiento de la Defensoría del Contribuyente (Dedecon), permitiendo la representación judicial de personas físicas y pymes en conflictos contra el SII, Aduanas y Hacienda; el fortalecimiento institucional de los organismos tributarios; las normas sobre declaración de insolvencias superiores a diez años; el nueva ventana de repatriación de capitales; y la norma sobre la terminación anticipada de los juicios.

Los cambios fundamentales

Si bien la mayoría de los artículos fueron aprobados sin mayores problemas en el primer y segundo trámite, hubo otros que fueron foco de controversia en la Cámara Alta.

Se trataba principalmente de una nueva gobernanza para el SII; la figura del denunciante anónimo para investigaciones tributarias; el mecanismo para flexibilizar el levantamiento del secreto bancario; y la aplicación de la Norma General Antielusión (NGA) directamente por el SII y sin acudir previamente a un tribunal.

Estos artículos fueron parte de un intenso trabajo técnico y político en la Cámara Alta, que resultó en enmiendas que fueron avaladas en el segundo y tercer trámite.

Por ejemplo, En el caso de la gobernanza del SII, se aprobó la creación de un comité ejecutivo integrado por el jefe del servicio y los subdirectores de Supervisión, Jurídico y Regulatorio, y que debe tomar decisiones sobre asuntos claves de carácter institucional, tales como quejas, aplicación de la NGA y condonaciones, por nombrar algunos. Asimismo, se define que las subdirecciones serán cargos adscritos a un concurso en la Alta Dirección Pública (ADP).

Otro cambio fundamental en esta materia es la también creación de un consejo fiscalque estará integrado por cuatro asesores externos del SII -elegidos por el ministro de Hacienda de una terna de ADP- y también por el director del servicio y que deberá pronunciarse sobre la legalidad de algunas circulares del organismo. También tendrá opinión no vinculante sobre los planes anuales de inspección de la entidad. Con esto, se abogó por crear una dirección más colegiada dentro del SII, cuyo director ahora no puede ser removido por una nueva administración como parte de los 12 cargos del ADP que pueden ser despedidos en los primeros seis meses de un nuevo gobierno.

En cuanto a la NGA, Se eliminó el consejo externo que opinaba sobre los casos en los que aplicar la norma, quedando dicha decisión en un comité interno del SII. Asimismo, se mantiene su aplicación en los tribunales, donde el director del servicio debe acudir primero a una TTA y allí el contribuyente se defenderá. El plazo de prescripción se aumenta a seis años.

En el secreto bancarioTambién se mantuvo como condición previa la presentación del SII ante un juez para acceder a la información bancaria de un contribuyente, pero los plazos de respuesta fueron limitados. Asimismo, se definen causas más graves donde el contribuyente no podrá oponerse al levantamiento.

Mientras sobre el denunciante anónimose mantuvo la recompensa -equivalente al 10% de la multa aplicada al contribuyente denunciado-, pero se fija un límite inferior para su aplicación cuando el impuesto defraudado sea superior a $ 80 millones (100 UTA). Además, se regularon mejor las sanciones y condiciones para perder la condición de denunciante, como la publicidad de la acusación.

Otros artículos relevantes resultantes del acuerdo en el Senado fueron el nuevo 92 ter, que establece Nuevos controles del SII sobre operaciones de alto valor realizadas en efectivo. En concreto, se propone que para transacciones que oscilen entre 50 y 135 UF, el pagador deberá identificarse y utilizar medios legales que permitan una mayor trazabilidad. El cambio en el límite de dichas transacciones será definido por el Tesoro, previo informe favorable del Banco Central; reglas para exigir el inicio de actividades para la entrega de crédito de los bancos a las empresas y para los comerciantes que utilizan terminales de pago (como POS); y que el SII exige a los comerciantes de bienes comunes y usados ​​un certificado que acredite el origen de dichos productos, con foco en combatir la informalidad y las mafias.