El gobierno, en la voz del subsecretario del medio ambiente, los titulares de Maximilianos violaron la sentencia anterior en su última votación.
Por lo tanto, a través de un video, Proamo dijo que “con respecto a la resolución, como ministerio estamos analizando el contenido, pero, por supuesto, hay elementos que llaman la atención”.
Andes Iron, jefe de Dominga, instó a que “se cumplió con lo que la justicia ambiental instruye y, finalmente, se reconoce que se concluye la discusión técnica sobre nuestro proyecto”.
Continuó: “Como por ejemplo, que nos obliga a pronunciar el Servicio de Evaluación Ambiental (ya sea, que oficia la Secretaría Técnica de la Instancia Ministerial) para alterar una decisión del Comité de Ministros cuando no tiene los poderes para eso.”
Y dijo que “el mar presentará en los próximos días una apelación contra esta resolución, argumentando que el Comité de Ministros revisó su composición, se reunió y tomó una decisión adjunta a la ley y al fallo del Tribunal Ambiental”.
Finalmente, el subsecretario, activado: “Usar las herramientas de defensa que contempla nuestro sistema legal es un derecho y lo vamos a ejercer”.
En su resolución publicada el lunes, el primer tribunal ambiental consideró que los ministros excedieron su voto el 8 de enero, ya que abordaron dos nuevos sujetos para apoyar su nuevo rechazo que no era parte de la decisión original.
Debe recordarse que esta “decisión original” corresponde al 1 del 9 de diciembre, cuando el voto del Comité de Ministros de enero de 2023 declaró “ilegal” y se le ordenó repetir la votación dentro de los 15 días.
La opinión de este lunes explicó que las partes inadmisibles abordadas en la nueva instancia fueron aquellas en las que organizó las afirmaciones de Oceana y otros grupos de retación de Dominga, relacionados con el impacto en las especies “Pacul” y “Algarrobilla”, y la insuficiencia del plan del plan. de contingencias y emergencias para derrames de hidrocarburos.
Por lo tanto, el Tribunal determinó cancelar y dejar sin efecto el voto de estos asuntos, lo mismo en el que los ministros, subrapontadores, habían basado su rechazo.
De esta manera, la resolución que había anulado la resolución de calificación ambiental (RCA) de los US $ 2.5 mil millones hasta que se dio un nuevo acto sin efecto. Es decir, en este momento, la aprobación ambiental está en vigor.
También se determinó que el comité violó la sentencia por no haber llevado a cabo el voto dentro del período exigido de 15 días.
La compañía acusa a “acto inédita y grave”
Después de la resolución del Tribunal Ambiental, Andes Iron, jefe del proyecto vinculado a la familia Délano, valoró la resolución y expresó su “esperanza” en la que, “En esta ocasión, se cumple la instrucción por la justicia ambiental y, finalmente, reconoce que se completa la discusión técnica sobre nuestro proyecto, ya que cumple completamente con las regulaciones ambientales promedio ”.
En opinión de la empresa, el fallo “demuestra un acto inédito y serio del Comité de Ministros, al negarse a cumplir con las fallas judiciales”.
Dado que la oración del primer restaura el RCA del proyecto, la compañía dijo que, en el Intertanto, “procederá a reanudar el procesamiento de los permisos sectoriales necesarios para iniciar su construcción”.
Por otro lado, enfatizó que el fallo deja abierta la posibilidad de imponer medidas coercitivas en caso de que el Comité de Ministros persiste en violar la sentencia, de acuerdo con el Artículo 240 del Código de Procedimiento Civil.
Humboldt Alliance avanza las acciones
Desde la otra acera, los abogados de la Alianza Humboldt – Asociación que reúne a las organizaciones detractoras del Proyecto Dominga, calificados como “inéditos” e “ilegal” de la resolución.
“Presentaremos una queja ante la Corte Suprema para enmendar esta situación y ordenar al Tribunal Ambiental de Antofagasta que se adapte a la ley, porque la legalidad del sistema se está controlando y vale la pena cuestionar las motivaciones detrás de esta acción”, dijo Alejandra Donoso, Directora de Defensores Ambientales y representante de diferentes comunidades de La Higuera.
Por su parte, Marcos Emilfork, coordinador legal de la ONG Fima y representante de la Asociación del Gremio de Pescadores y Marflas de los Choros, indicó que “ordenando aprobar a Dominga, el primero intenta algo que ha prohibido estrictamente, que es determinar la decisión de la decisión de la autoridad de la autoridad de la autoridad, en este caso, la del Comité de Ministros ”.
Agregó que “dado el exceso en sus poderes, el sistema deja los recursos disponibles, por lo que buscaremos rectificar esta falla grave”.
