Gustavo Máñez, de la ONU: “Necesitamos darles claridad a las reglas del juego. Se acabó el greenwashing”

Aparentemente, la ONU quiere ir más allá de las buenas intenciones en cuanto al papel que debe jugar el sector privado frente al cambio climático. A principios de abril, esta entidad anunció la conformación de un grupo de expertos para desarrollar estándares más sólidos y claros para las promesas de cero emisiones netas para empresas, inversionistas y ciudades. Es decir, un organismo que redacte reglas más específicas y medibles que las “Contribuciones Nacionales Determinadas” (NDC), compromisos voluntarios que son definidos por los países de manera particular.

En buen chileno, la ONU quiere “acelerar el paso”, teniendo en cuenta, entre otras cosas, la mala evaluación que hizo el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) sobre el calentamiento global. El nuevo grupo está presidido por Catherine McKenna, exministra de Medio Ambiente y Cambio Climático de Canadá, y en Latinoamérica los líderes serán la directora general de Juan Valdez Café, Camila Escobar, y el exministro de Finanzas de Brasil, Joaquim Levy. La idea es que ojalá antes de la COP27, que se realizará a fin de año en Egipto, esta entidad tenga listos los estándares. La ONU ha sido crítica con el sector privado en los últimos tiempos. Por ejemplo, Selwin Hart, asesor especial sobre el clima de la agencia, dijo que las empresas establecen objetivos de emisiones netas cero a largo plazo, pero no tienen objetivos intermedios a corto plazo. “Bajo ninguna circunstancia eso puede ser creíble”, comentó.

A nivel regional, el coordinador de cambio climático para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Gustavo Máñez, afirma que estos nuevos estándares “van a definir una especie de mecanismo transparente, que fue uno de los grandes necesidades de las negociaciones sobre el cambio climático”.

¿De ese modo?

– El objetivo es que lo pactado en las negociaciones se comunique de manera inmediata y transparente, así como demostrar que se está cumpliendo lo pactado, tema que ha sido el gran problema en procesos anteriores.

¿Por ejemplo?

– Hubo falta de transparencia en el tema de los mercados de carbono. Otro ejemplo: en la COP se establecen compromisos muy macro, pero no hay forma de rastrear que se cumplen por parte de las entidades más específicas, entonces esto se ha utilizado para hacer un tremendo greenwashing. Necesitamos dar claridad a las reglas del juego. Se acabó el lavado verde. Eso es lo que intentará este grupo. Veremos si lo consigue.

¿Cuáles son las diferencias con las NDC?

– Las NDC son lo que los países tienen el mandato de hacer y deben actualizarse cada cinco años. Y aunque en la COP26 de Glasgow se acaban de finalizar pautas muy específicas sobre cómo se va a demostrar el cumplimiento, dependía mucho de la buena voluntad, lo que da un tremendo margen para la interpretación o, directamente, para la malversación. Por eso, además de las COP, se necesitan otras reuniones, como las de Gonzalo Muñoz, el campeón de alto nivel de la COP25 (y su posterior par británico), siendo empresas muy vocales y atractivas. Pero el problema es que la letra pequeña a veces no está clara. Incluso hay especialistas que han analizado en detalle otras iniciativas de la ONU, como el Pacto Mundial, viendo que los compromisos eran muy manipulables. Que no hubo una reducción efectiva de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

¿Cuál es la mirada hacia América Latina con respecto a este nuevo grupo de trabajo? ¿Hay diferencias con otras regiones?

– El principio común es no comparar naranjas con peras, sino naranjas con naranjas. Una tonelada de CO2 es lo mismo en Chile que en Polonia. Lo que puede cambiar un poco es el sistema de seguimiento, que tendrá que ser lo suficientemente genérico para que podamos informar aunque las empresas tengan capacidades diferentes. Claro, hay países más avanzados. Por ejemplo, en Chile existe el Registro de Emisiones y Transferencias Contaminantes (RETC), lo que le da un plus. Por ello, una empresa chilena se encuentra en una posición ventajosa con respecto, por ejemplo, a una empresa argentina, país donde no existe un índice de este tipo para reportar sus emisiones. En conclusión, las empresas argentinas deben desarrollar un sistema si quieren cumplir con los estándares definidos por el recién creado grupo de expertos.

¿Cómo funcionará este estándar en la práctica? ¿Será una entidad de gobierno la que se haga cargo del tema y se coordine con el sector privado, como ocurre con las NDC, o será un modelo más directo?

– Eso se está definiendo ahora mismo. En lo personal, y viendo cómo han ido las últimas negociaciones, será una mezcla de ambas metodologías. Yo creo que esto no lo van a hacer pasar por el sector público, sino que va a ir directo a los actores que se comprometen. Si soy un banco o una empresa, y me involucro en una iniciativa Net Zero, no pregunto al Ministerio de Medio Ambiente o Hacienda, sino que lo veo directamente. Es decir, están pensando en convertirlo en un sistema más flexible, pero que asegure el rigor, para evitar el greenwashing.