Hacienda presenta indicaciones a Ley de Anti Fraudes, pero queda fuera una de las principales demandas de la industria

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, acudió hasta la comisión de Hacienda del Senado para presentar una batería de indicaciones para reformar la Ley Anti Fraudes que se discute en el Congreso. 

Esto, debido al exponencial crecimiento de las pérdidas que ha reportado la industria financiera, que incluso han superado los US$ 350 millones en 2023, debido a los miles de casos que se han presentado por operaciones desconocidas. 

Entre los cambios propuestos por el Ejecutivo está modificar los plazos para desconocer transacciones que han sido catalogados como excesivos por parte de la industria. En ese contexto, se sugirió acotar el plazo de 120 días a 60 días. 

La explicación de este nuevo período es porque se contemplan el vencimiento de una cuenta o el envío de una cartola, como también reduce los incentivos a desconocer transacciones, aún de manera involuntaria por no recordar transacciones de tanta antigüedad, esgrimió Marcel. 

Se crea un nuevo artículo en el cual se definió que la cancelación de los cargos o la restitución de los fondos correspondientes a las operaciones reclamadas, el usuario deberá realizar una denuncia por el delito de fraude, ya sea ante el Ministerio Público, Carabineros o la PDI. Si no se presenta el respaldo de la denuncia, el emisor retendrá los fondos. 

El jefe de las finanzas públicas expuso que la indicación busca “asegurar la adecuada comunicación con el sistema de persecución penal, considerando la actividad delictual que se ha observado en torno a la normativa vigente”. 

Añadió que lo que se busca es resguardar al consumidor con los plazos de reembolso, que contarán desde el aviso, sin perjuicio de la obligación de presentar el respaldo de la denuncia en cualquier momento antes del vencimiento del plazo.

Dentro de las transformaciones a la legislación es que se establece la responsabilidad de los emisores de tarjetas como responsables de los perjuicios que se deriven por los incumplimiento de las normas de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para los estándares seguridad, registro y autenticación. De manera similar, se fijó un principio de uso responsable de los medios de pago por parte de los usuarios. 

Para detener y prevenir los fraudes presenciales que se producen como en giros en cajeros automáticos, el plazo para la cancelación de los cargos o la restitución de los fondos será ahora de 15 días hábiles. 

Una de las sugerencias que tomó el Ejecutivo en base a un informe que emitió la Corte Suprema en diciembre del año pasado sobre cómo perfeccionar el marco Anti Fraudes es añadir la posibilidad de establecer culpa grave en casos de defraudaciones en medios de pago. 

Esto, estaría fuera de unas de las principales demandas que hicieron los gremios financieros de que se establezca culpa leve, ya que reclamaron que era “virtualmente imposible” probar el dolo o culpa grave en operaciones masivas, y las consecuencias son evidentes.