Al menos 10 años lleva Chile discutiendo de impuestos. Incluso más.
En 2010, a propósito del terremoto y tsunami que azotó al país, se incrementaron los impuestos a las empresas de forma definitiva, de 17% a 20%. Luego vino la reforma tributaria de 2014, que aumentó la tasa de Primera Categoría de 20% a 27%, lo que junto con una serie de cambios al sistema buscaba recaudar 3% del Producto Interno Bruto (PIB) en régimen. Tras una simplificación en 2016, vino la reforma de 2020, que aumentó gravámenes y creó algunos nuevos. En 2022 el ajuste a exenciones fiscales para financiar la Pensión Garantizada Universal (PGU) y, en el mismo año, el proyecto de reforma tributaria, hoy pacto fiscal, con el que el actual Ejecutivo busca recaudar un 2,7% del Producto.
Todos cambios cuyas expectativas en su momento eran engrosar la recaudación de impuestos en el país, algo que a la luz de las cifras no ha ocurrido.
Hace una década se introdujeron medidas antievasión y medidas específicas, como reducir espacios elusivos eliminando el FUT, los retiros en excesos y limitación a la renta presunta, entre otras.
Un estudio elaborado por el Colegio de Contadores advierte que en la última década la recaudación tributaria se ha mantenido “plana” en el país, pese a una serie de modificaciones impositivas que se han realizado en el período.
La recolección de gravámenes partió la década pasada representando un 15,9% del tamaño de la economía, para mantenerse en torno al 16% y 17% hasta el año 2018, cuando se empinó levemente sobre el 18% del PIB. En el marco de la pandemia en 2020, alcanzó un piso de 16% del PIB y un año más tarde repuntó a cerca de 19%, de la mano de un crecimiento extraordinario de la economía por el exceso de liquidez y ayudas estatales. En 2022, registró un techo de 21%, para luego cerrar el ejercicio pasado en 17,6% del Producto, similar al promedio de la última década (ver gráfico).
Los ajustes en el lapso
El presidente de la comisión tributaria del Colegio de Contadores y autor del análisis, Juan Alberto Pizarro, recuerda que hace una década se introdujeron en forma expresa medidas antievasión en el Código Tributario y en la Ordenanza General de Aduanas; se dotó de mayores facultades al Servicio de Impuestos Internos (SII), incorporando a 500 nuevos funcionarios; y se introdujeron medidas específicas como reducir los espacios elusivos eliminando el Fondo de Utilidades Tributarias (FUT), los retiros en excesos y la limitación a la renta presunta entre otros.
“Sin embargo, a pesar de toda esa batería de mayores facultades y fortalecimiento al SII , la recaudación fiscal de 16,5% del PIB en 2014 se movió solamente a 17,6% del PIB en 2023, un punto adicional y muy lejano a los tres puntos del PIB que prometió la reforma. Esto incluso se ve apoyado por la eliminación de exenciones tributarias en 2022, que recaudaría 0,67 puntos del PIB”, señala el especialista.
En el lapso, también se modificó el sistema general de tributación de las grandes empresas, pasando de un régimen donde los socios de empresas podían descontar en sus impuestos personales un 100% de lo pagado a nivel corporativo, a una restricción de solo poder usar un 65% de ese monto. Esto, postula Pizarro, también debiera haber incrementado la recaudación.
Asimismo, en el lapso se restringieron o eliminaron exenciones tributarias y regímenes fiscales especiales, que pasaron de representar un 3,5% del PIB en 2015 a un 1,31% del Producto en 2023.
¿Qué explica, entonces, la menor recaudación pese a los mayores impuestos? Pizarro postula que el menor crecimiento de la economía sería la causa, el que pasó de superar el 5% entre 2000 y 2010, a en torno al 2% en la última década.
Aquí, toma como literatura el libro “Los impuestos tienen consecuencias”, de los autores Arthur Laffer, Brian Domitrovic y Jeane C. Sinquefield, que sobre la base del análisis de las reformas tributarias recientes en Estados Unidos concluyen que un sistema impositivo competitivo y que favorezca la expansión de la economía -a su vez- podrá aumentar la recolección fiscal de impuestos.
La tramitación del proyecto que refuerza el cumplimiento de las obligaciones tributarias ya entró en tierra derecha.
La comisión de Hacienda del Senado ha despachado varios artículos a Sala, los que se relacionan con temas claves como la nueva gobernanza del Servicio de Impuestos Internos (SII), la nueva forma de aplicar la Norma General Antielusiva (NGA) y la flexibilización del levantamiento del secreto bancario. Se espera que el proyecto se despache a Sala el próximo lunes, para ser votado el miércoles.
Una de las bancadas que tendrá que pronunciarse sobre el proyecto es Demócratas. Un documento de la tienda presidida por Ximena Rincón valora una serie de materias propuestas vía indicaciones por Hacienda, pero también pide aclaraciones en varios puntos del texto.
Así, el texto define ocho temas que consideran van “en la línea de lo correcto”: que se respete el principio de especialidad en materia de Norma Antielusiva; que en caso de aplicar una Norma Especial Antielusión, no se puede aplicar la Norma General Antielusión (NGA) y viceversa, además de que se mantenga la aplicación de la norma a regímenes especiales; que la NGA requiera recomendación del Comité Ejecutivo del Servicio de Impuestos Internos (SII); la creación del Departamento de Normas Generales Antielusión; que se amplíen los plazos para aplicación de la NGA vía suspensión; y que se establece obligación de un apoderado común para grupos empresariales.
La tienda también valora los ajustes que hizo Hacienda a las normas de relación para efectos de fiscalizar a contribuyentes o grupos económicos, fijando que dos o más partes se considerarán relacionadas cuando concurran al menos dos de las siguientes circunstancias: unidad de dirección o administración; dependencia económica o financiera entre las partes; relación de parentesco entre las personas o sus administradores o directores, considerando al o la cónyuge, conviviente civil, ascendientes, descendientes y parientes, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad; y comercialización de bienes o servicios idénticos o similares bajo una misma denominación o marca.
También destacan que no aplicará la facultad de tasación del SII para fusiones, divisiones, ni otros tipos de reorganizaciones con legítima razón de negocios.
Lo que falta
Pese a que Demócratas destaca varias aclaraciones que hizo el Ejecutivo al proyecto tributario, el documento enumera 17 temas que consideran deben ser “perfeccionados”.
Por ejemplo, señalan que se puede perfeccionar la redacción respecto a los abusos de formas jurídicas en la NGA para evitar “malas interpretaciones, sobre todo en las últimas indicaciones presentadas”.
También, en el marco del secreto bancario, proponen agregar que toda comunicación entre la institución financiera y el SII debiese ir con copia al contribuyente. Postulan que se deberían enviar al SII todas las transacciones para consolidar las 50 operaciones de cuentas distintas, en el marco del artículo que busca fiscalizar las transferencias bancarias reiteradas recibidas por un contribuyente.
Demócratas considera muy baja la multa por traslado de mercaderías falsas o sin pago de impuestos, de 20% al 300% de 1 UTA ($ 160.000 a $ 2.400.000). A su vez, critican la eliminación de los incentivos tributarios a las donaciones hasta 250 UTM ($ 16 millones) a legitimarios y asignatarios.
Si bien destacan que se reglamenta el nuevo comité ejecutivo y el consejo tributario con amplias facultades para servir de contrapeso a la dirección del SII, dado el tipo de designación de integrantes “vale la pena pensar si asegura la independencia que se busca o mejor ahorrar recursos”.
En cuanto a las exigencias de información a vendedores habituales de bienes muebles usados, piden aclarar el alcance de la obligación a cualquier operación de compra y venta que supere las 50 UTM o su equivalente en moneda extranjera que deberán efectuarse siempre a través de medios de pago electrónicos o cualquier otro medio de pago que permita la individualización del pagador.
Aunque destacan las mayores facultades que tendrá la Defensoría del Contribuyente (Dedecon), creen relevante tratar la gobernanza del SII junto con los grados de libertad de la defensoría para generar equilibrios entre las obligaciones y derechos.
La indicación al Art.89 será un “dique difícil de sortear”, ya que creen que un certificado de situación tributaria al día para las Pymes es “difícil de cumplir, por lo que debiese bastar con iniciación de actividades.
También, piden que haya “coherencia” entre el denunciante anónimo y el nuevo proceso de autodenuncia que se crea para contribuyentes, en el sentido que solo puede aplicarse a diferencias de impuestos que podrían fundarse en hechos constitutivos de delito tributario.
En cuanto al Consejo Tributario, cree relevante que no solo pueda opinar sobre las circulares del SII, sino también sobre los oficios que emitan el director nacional y los directores regionales en el ejercicio de su facultad de interpretar administrativamente las leyes tributarias
En caso de reorganización empresarial (fusión), se establece que la continuadora legal (absorbente) mantendrá el beneficio o la autorización otorgada a la absorbida para obtener de forma previa a la materialización de la exportación el reembolso del IVA exportador: “Habría que dejar expresamente establecido que ello no suspende ni interrumpe el plazo otorgado al exportador absorbido para materializar la exportación”, pide la tienda.
En consejo de gabinete, Boric pide a ministros acelerar aprobación de la reforma de pensiones y cumplimiento tributario: “No es fácil, pero las vamos a sacar adelante”
El Presidente de la República, Gabriel Boric, lideró este viernes un nuevo consejo de gabinete de ministros en La Moneda. La autoridad entregó palabras al inicio de la reunión, llamando a sus colaboradores a no relajarse y seguir adelante con sus tareas.
“Estamos en un momento de realizaciones, de cosechar lo que hemos ido sembrando y eso requiere mucho trabajo. La cosecha no emerge sola, por lo tanto, tenemos que estar con la gente y atentos a sus necesidades y materializando las reformas que hemos impulsado”, señaló el mandatario a sus secretarios de Estado.
Boric agregó que “sé que puede haber cansancio luego de dos años y medio, queda solo un año medio, pero queda mucho por hacer, no hay espacio para el relajo”.
El Presidente les solicitó “estar firmes con presencia activa y materializando los cambios con que nos hemos comprometido con el país. Estoy motivado, hay motivos para estar optimistas, pero no confiados, depende del trabajo que hagamos y esas son las tareas que debemos afinar”.
El mandatario destacó los avances en reforma de pensiones y el pacto fiscal, al señalar que “felicito el empeño del ministro Marcel y la ministra Jara, en que las reformas de cumplimiento tributario y de sistema de pensiones, que algunos llamaban incluso a desahuciar, estén avanzando y encaminadas. No es fácil, todavía quedan cosas por hacer pero las vamos a sacar adelante”.
Boric además reiteró que durante septiembre se va a ingresar y retomar la discusión sobre la eutanasia y el proyecto que termina con el Crédito con Aval del Estado (CAE) e instaura un nuevo mecanismo de financiamiento para la educación superior.
La encuesta elaborada por el Institutional Investor Research destaca cada año el desempeño de las mejores empresas y ejecutivos de Latinoamérica. Este año aparecieron en el listado compañías de México, Argentina, Panamá, Perú, Colombia, Uruguay y Chile.
Los reconocimientos fueron entregados en una ceremonia en la ciudad de Nueva York el jueves de esta semana. En la 15ª encuesta anual de equipos ejecutivos realizada entre febrero y marzo de 2024, más de 1.100 inversores, gestores de carteras y analistas de 505 firmas evaluaron a 322 empresas y más de 1.000 profesionales en 16 sectores.
Las firmas chilenas fueron las segundas más galardonadas después de las mexicanas con 27 representantes.
Entre las nacionales destacadas están AES Andes, Aguas Andinas, Banco de Chile, Banco Santander Chile, CAP, Cencosud, Colbún, Embotelladora Andina, Entel, Enel Américas, Enel Chile, ENGIE Energía Chile, Falabella, Latam Airlines, Parque Arauco y SMU.
Le siguieron las argentinas con seis firmas, entre las que figuran YPF, MercadoLibre, Pampa Energía, Despegar.com y Arcos Dorados; Colombia con Bancolombia y Cementos Argos; Perú con Credicorp; Panamá con Copa Holdings y Uruguay con DLocal.
Los ejecutivos de Chile se destacaron especialmente en el sector energético. Se premió como mejor CEO a Fabrizio Barderi de Enel Chile, José Ignacio Escobar de Colbún, Aurelio Bustilho de Enel Américas. Dentro de los CFO se reconoció a Giuseppe Turchiarelli de Enel Chile, Miguel Alarcón de Colbún, Eduardo Milligan Wenzel de ENGIE Energía Chile y Ricardo Roizen de AES Andes. También fueron galardonados en el sector de alimentos y bebidas Miguel Angel Peirano, CEO de Embotelladora Andina y su CFO Andrés Waine. En la categoría Real Estate se destacó al CEO de Parque Arauco, Eduardo Pérez Marchant, a su CFO Francisco Moyano y a Lauren Brown, Head of Investor Relations.
Marcelo Gálvez CEO de SMU y su CFO Arturo Silva Ortiz también fueron premiados, al igual que Inés Ostenrieder por su labor de CFO de Cencosud, quien actualmente se desempeña como gerente de finanzas en WOM.
En la categoría de transporte subieron al podio el CEO Latam, Roberto Alvo, su CFO Ramiro Alfonsin y Tori Creighton, la jefa de relaciones con inversionistas. Además, se destacó a Paula Salinas de CAP, quien también lidera la relación con inversionistas.