Al menos 10 años lleva Chile discutiendo de impuestos. Incluso más.
En 2010, a propósito del terremoto y tsunami que azotó al país, se incrementaron los impuestos a las empresas de forma definitiva, de 17% a 20%. Luego vino la reforma tributaria de 2014, que aumentó la tasa de Primera Categoría de 20% a 27%, lo que junto con una serie de cambios al sistema buscaba recaudar 3% del Producto Interno Bruto (PIB) en régimen. Tras una simplificación en 2016, vino la reforma de 2020, que aumentó gravámenes y creó algunos nuevos. En 2022 el ajuste a exenciones fiscales para financiar la Pensión Garantizada Universal (PGU) y, en el mismo año, el proyecto de reforma tributaria, hoy pacto fiscal, con el que el actual Ejecutivo busca recaudar un 2,7% del Producto.
Todos cambios cuyas expectativas en su momento eran engrosar la recaudación de impuestos en el país, algo que a la luz de las cifras no ha ocurrido.
Hace una década se introdujeron medidas antievasión y medidas específicas, como reducir espacios elusivos eliminando el FUT, los retiros en excesos y limitación a la renta presunta, entre otras.
Un estudio elaborado por el Colegio de Contadores advierte que en la última década la recaudación tributaria se ha mantenido “plana” en el país, pese a una serie de modificaciones impositivas que se han realizado en el período.
La recolección de gravámenes partió la década pasada representando un 15,9% del tamaño de la economía, para mantenerse en torno al 16% y 17% hasta el año 2018, cuando se empinó levemente sobre el 18% del PIB. En el marco de la pandemia en 2020, alcanzó un piso de 16% del PIB y un año más tarde repuntó a cerca de 19%, de la mano de un crecimiento extraordinario de la economía por el exceso de liquidez y ayudas estatales. En 2022, registró un techo de 21%, para luego cerrar el ejercicio pasado en 17,6% del Producto, similar al promedio de la última década (ver gráfico).
Los ajustes en el lapso
El presidente de la comisión tributaria del Colegio de Contadores y autor del análisis, Juan Alberto Pizarro, recuerda que hace una década se introdujeron en forma expresa medidas antievasión en el Código Tributario y en la Ordenanza General de Aduanas; se dotó de mayores facultades al Servicio de Impuestos Internos (SII), incorporando a 500 nuevos funcionarios; y se introdujeron medidas específicas como reducir los espacios elusivos eliminando el Fondo de Utilidades Tributarias (FUT), los retiros en excesos y la limitación a la renta presunta entre otros.
“Sin embargo, a pesar de toda esa batería de mayores facultades y fortalecimiento al SII , la recaudación fiscal de 16,5% del PIB en 2014 se movió solamente a 17,6% del PIB en 2023, un punto adicional y muy lejano a los tres puntos del PIB que prometió la reforma. Esto incluso se ve apoyado por la eliminación de exenciones tributarias en 2022, que recaudaría 0,67 puntos del PIB”, señala el especialista.
En el lapso, también se modificó el sistema general de tributación de las grandes empresas, pasando de un régimen donde los socios de empresas podían descontar en sus impuestos personales un 100% de lo pagado a nivel corporativo, a una restricción de solo poder usar un 65% de ese monto. Esto, postula Pizarro, también debiera haber incrementado la recaudación.
Asimismo, en el lapso se restringieron o eliminaron exenciones tributarias y regímenes fiscales especiales, que pasaron de representar un 3,5% del PIB en 2015 a un 1,31% del Producto en 2023.
¿Qué explica, entonces, la menor recaudación pese a los mayores impuestos? Pizarro postula que el menor crecimiento de la economía sería la causa, el que pasó de superar el 5% entre 2000 y 2010, a en torno al 2% en la última década.
Aquí, toma como literatura el libro “Los impuestos tienen consecuencias”, de los autores Arthur Laffer, Brian Domitrovic y Jeane C. Sinquefield, que sobre la base del análisis de las reformas tributarias recientes en Estados Unidos concluyen que un sistema impositivo competitivo y que favorezca la expansión de la economía -a su vez- podrá aumentar la recolección fiscal de impuestos.
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.