Luego que Inchcape completara la adquisición de Derco en enero de 2023, las operaciones de la compañía -tanto a nivel del mercado chileno, como en Perú, Colombia y Bolivia-, pasaron a formar parte del gigante automotriz británico.
Y a más de un año de esa fusión, la administración del nuevo conglomerado ha venido implementando un sostenido proceso de ajuste de su planta de trabajadores. Es así que, a la fecha, el número de personas desvinculadas suma alrededor de 350 colaboradores, que representan un 9% de la planta de la empresa, indicó Paulo Rojas, presidente del sindicato de Dercocenter.
El dirigente explicó que durante el último año se ha realizado dos procesos de “despidos masivos”: uno en abril de 2023, fecha en la que salieron aproximadamente 154 personas, y otro en abril de 2024, cuando se desvincularon a 102 trabajadores.
Si bien indicó que en un principio tras el anuncio “era lógico que esto iba a pasar” por un tema de duplicidad de los puestos de trabajo en el nuevo conglomerado, Rojas manifestó que los despidos posteriores “han sido más lapidarios para los trabajadores”. En efecto detalló que a los dos hitos de reducción de personal antes señalados, se sumaron otras desvinculaciones en áreas específicas, indicando los casos de 18 vendedores en septiembre de 2023, de 60 trabajadores externos del centro de distribución de Lo Boza en febrero y de 16 personas en mayo 2024, procesos en los cuales se argumentó “necesidades de la empresa”.
Aunque el presidente del sindicato tiene claridad respecto de que el CEO de Inchcape Américas, Romeo Lacerda, mencionó que iba a haber despidos en el corto plazo cuando la compra se hizo efectiva, indicó que en el tiempo transcurrido desde esa operación “ha sido un proceso bastante agobiante, y luego durante todos los meses ha sido bien angustioso el tema de si hay despidos o no, lo cual implica que los trabajadores estén muy complicados”.
Además, el dirigente sindical cuestionó el estilo de relación de Inchcape con los trabajadores. “Al día de hoy hemos tenido solo una presentación del CEO, que nosotros exigimos”, añadiendo que posteriormente no han sabido más de él.
Visión de la empresa
Al respecto, desde Inchcape señalaron que las desvinculaciones han tenido lugar en el marco de una expansión sostenida de Inchcape en América Latina y especialmente en Chile durante los últimos años.
En esa línea, agregaron que -con la visión de liderar el futuro de la movilidad en la región-la empresa se encuentra realizando un proceso que asegure la sostenibilidad y fortaleza de la organización hacia el futuro, lo cual “requiere innovación y cambios en la forma de operar, más acordes con los nuevos desafíos globales, las expectativas de los consumidores y los nuevos modelos de negocios”.
En ese sentido, en Inchcape afirmaron que “entre estos cambios, se encuentra la transformación de algunos equipos de trabajo”.
“En ese contexto, y tras un proceso de selección interna, se ha producido un número reducido de desvinculaciones. Las mismas obedecen a la conformación de una estructura nueva capaz de responder mejor a las necesidades del mercado”, puntualizaron en relación a los motivos de los ajustes en su dotación.
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.