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Indura reveló compleja situación económica con despididos en medio de investigación por colusión

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La Fiscalía Nacional Económica (FNE) ingresó a finales de abril Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) un requerimiento por una presunta colusión entre Indura y Linde en el mercado de gases industriales. La FNE solicitó al TDLC aplicar a Indura -controlada por la estadounidense Air Products– una multa de US$ 31,2 millones ($ 29.732 millones) y eximir de sanción a Linde, quien se acogió a la figura de delación compensada.

En el frente judicial, Indura atraviesa por un difícil escenario, porque debe convencer al tribunal que no ejecutó un acuerdo con su competidora para la fijación de precios en medio de la pandemia. Esto, a pesar de los intercambios de WhatsApp y las reuniones que sostuvieron los gerentes generales de ambas empresas. Pero la firma también enfrenta una compleja situación económica.

En medio de la indagatoria por colusión y cuatro meses antes de que ingresara la FNE el requerimiento al TDLC, el 6 de diciembre de 2023, Indura presentó un escrito al 1º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago en el que contestó la demanda de dos extrabajadores despedidos el 5 de octubre, y que se desempeñaban como técnicos especialistas en instrumentación y control.

En el documento, Indura adjuntó las cartas de despido de ambos y en ellas explicó que “la empresa está inmersa en una economía que se ha venido ralentizando y, por tanto, se hace necesario realizar adecuaciones para mejorar su desempeño”.

“Nuestra compañía se ha visto en la necesidad de adoptar una serie de medidas de racionalización, las cuales tienen por objeto adecuar la estructura y operación de la empresa a la actual contingencia, para enfrentar los efectos económicos en su gestión. Entre las medidas que se implementaron durante el año fiscal 2023 y durante este nuevo año fiscal, que afectaron a distintas áreas de la empresa tanto operativas como funcionales y tanto locales como regionales como, por ejemplo, en la Gerencia Comercial, Gerencia Marketing, Gerencia SHEQ, Gerencia Zonal de Negocios RM y ahora Gerencia de Operaciones, entre otras, se ha ejecutado una completa reestructuración para adecuar a la organización a las nuevas necesidades del negocio y la realidad económica antes descrita”, explicó.

En el mismo escrito, Indura destacó que eliminó el cargo de los demandantes que formaban parte de las funciones de la Gerencia de Operaciones. En la contestación, patrocinada por el abogado Mauricio Correa -socio de Ihnen & Correa-, sostuvo también que desde principios de octubre de 2022 la empresa inició un procedimiento de reestructuración.

“Como vemos, y por causas completamente ajenas a su voluntad, es inviable para el empleador mantener la misma estructura organizacional y la misma cantidad de personal con la que contaba hasta antes de los hechos descritos, toda vez que al reducirse sus utilidades y patrimonio, no posee los recursos económicos para sobrellevar las difíciles condiciones económicas actuales sin que implique necesariamente el mantenimiento de gastos de la empresa, una situación de desestabilidad e inviabilidad que pudiese implicar el término del giro, afectando en consecuencia a muchos más puestos de trabajo”, concluyó.

Abogados. Ignacio Larraín, socio de Vial Larraín Femenías; Javier Velozo, socio de Contreras & Velozo y Claudio Lizana, socio de Estudio Lizana.

Las empresas requeridas Linde Chile e Indura cuentan con la representación legal de Ignacio Larraín, socio de Vial Larraín Femenías. y Claudio Lizana, socio de Estudio Lizana, respectivamente.

Para fundar su requerimiento, la FNE detalló las internaciones telefónicas de Marcelo Torres, exgerente general de Indura, y Sergio Novelli, exgerente general de Linde y David Lori exejecutivo de desarrollo industrial de Linde. Estos dos últimos fueron despedidos de la empresa, a diferencia del primero.

Marcelo Torres Bruce es chileno e ingresó a trabajar en Indura en 1997. Es ingeniero civil industrial de la PUC con un MBA en la UAI y hoy ya no forma parte de la compañía. En 1999 pasa a ser gerente de desarrollo de negocios corporativo y luego su carrera sólo conoció de ascensos.

Sin embargo, a partir de diciembre pasado no es gerente general y su salida está vinculada a una restructuración de la organización a nivel sudamericano, pero no fue despedido.

Hoy el ejecutivo cuenta con la asesoría legal de Javier Velozo, socio de Contreras & Velozo. La FNE solicitó que sea sancionado con una multa de US$ 114.392 ($109 millones).

Marcelo Torres, ex gerente general de Indura; Sergio Novelli, ex gerente general de Linde, Sergio Novell y David Lori.

En febrero pasado, Indura interpuso una querella criminal en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago en contra de quienes resulten responsables por el robo de los computadores de un grupo de ejecutivos desde las oficinas centrales de la compañía en Apoquindo. Entre los afectados estaba justamente Marcelo Torres.

El segundo protagonista es el brasileño Sergio Novelli, ingeniero mecánico de la Universidad Católica de Petrópolis y cuenta con un MBA de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Entre marzo de 2019 y marzo de 2022 se desempeñó como gerente general de Linde Chile. Hace dos años y tres meses ofrece sus servicios como consejero independiente. En su perfil de LinkedIn explica que cuenta con “más de 35 años de experiencia en transnacionales, llegando a tener más de 1.500 personas a su cargo con resultados anuales por encima de los US$150 millones”.

El tercer ejecutivo mencionado por la FNE es el argentino David Livio Lori, ingeniero de la Universidad de Buenos Aires. y se desempeñó como gerente nacional de ventas en el Grupo Linde.

El ejecutivo transandino es fanático de los automóviles y suele jugar golf en Buzios, Brasil. Según la revisión realizada por Pulso La Tercera, Lori parece mencionado en los Panamá Papers. Esto, luego de las filtraciones ocurridas a la oficina de abogados Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal). Aquí figura como propietario de la sociedad Lubbock Limited con domicilio en las Islas Vírgenes Británicas. En Chile la sociedad cuenta con un departamento en calle El Dante, comuna de Las Condes.

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Realizan manifestación contra Eduardo y Javier Macaya frente a tribunales

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Un gran número de personas se reúne a esta hora frente al Palacio de Tribunales, en el centro de Santiago, quienes piden justicia por las víctimas del empresario Eduardo Macaya Zentilli, condenado por abuso sexual contra menores, al tiempo que demandan que su hijo, el senador Javier Macaya, deje su puesto en la Cámara Alta por defender a un pederasta condenado.

Portando pancartas y carteles, al menos 200 personas comenzaron a llegar minutos antes de las 18 horas al edificio emplazado en calle Compañía, tras una convocatoria realizada por organizaciones feministas. Los asistentes han realizado cánticos solicitando principalmente que Javier Macaya deje su puesto en el Senado, afirmando que la defensa que ha hecho de su padre lo inhabilita para legislar.

Hasta pasadas las 18.30, la manifestación continuaba de manera pacífica.

Cabe recordar que el pasado 21 de julio, en entrevista con T13, el senador Macaya insistió en la inocencia de su padre a pesar del fallo judicial, manteniendo así las declaraciones que realizó desde que se destapó el caso.

Yo cuando hice esa declaración tenía una percepción que sigo manteniendo hasta el día de hoy”, sostuvo Javier Macaya, quien destacó, además, que la grabación que se utilizó como prueba de los abusos realizados por su padre se realizó “en un entorno familiar” y “sin su consentimiento”.

Y pese a que -previo a renunciar como presidente de la UDI el pasado 23 de julio- el parlamentario afirmó que “cometí un error respecto a mencionar un detalle procesal”, dos días después se conoció que Javier Macaya fue parte de la defensa judicial de su padre y que, incluso, declaró cuestionando a una de las víctimas.

Cabe recordar que esta jornada, en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Fernando revisó la medida cautelar de arresto domiciliario total que mantenía Eduardo Juan Macaya Zentilli, la que fue modificada por prisión preventiva, por lo que el imputado deberá permanecer recluido en la cárcel de Rancagua a la espera de los recursos que interpondría su defensa para impugnar la condena o, en definitiva, hasta que se aplique el “cúmplase”.

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Tras audiencia de revisión de cautelares: tribunal decreta prisión preventiva para Eduardo Macaya

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En el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Fernando tuvo lugar este viernes una audiencia en que se revisó la medida cautelar de arresto domiciliario total que mantiene Eduardo Juan Macaya Zentilli, padre del senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Javier Macaya.

En la instancia se modificó la cautelar que dictó la Corte de Apelaciones de Rancagua y en su lugar, el tribunal dictó prisión preventiva. Lo que significa que el acusado deberá permanecer recluido en la cárcel de Rancagua mientras se resuelven los recursos judiciales que interpuso su defensa para impugnar la condena.

La lectura de sentencia estaba programada para las 16.00 horas, pero finalmente se realizó una hora más tarde. Tras la resolución, el abogado querellante de una de las víctimas, Hernán Fernández detalló que los cuestionamientos de un supuesto trato diferenciado durante su paso por la cárcel de Rancagua fueron considerados en los alegatos para decretar prisión preventiva y añadió: “No puede haber un trato de privilegio. Esto lo voy a decir yo también responsablemente, en cuanto a lo que implica el poder económico y también el poder que el condenado ha demostrado que tiene”.

Fernández explicó que “el argumento de fondo es que con los nuevos antecedentes que se aportaron, se ha incrementado el peligro de fuga”.

Poco antes de la audiencia, fijada a partir de las 14.00 horas, el empresario vinícola llegó al tribunal desde su residencia, el fundo Santa Elena de Placilla. Mantuvo silencio, evitando responder a la prensa que lo esperaba.

Con la comunicación de sentencia de seis años de presidio efectivo para el empresario vinícola de 72 años por su responsabilidad como autor de cuatro delitos reiterados de abuso sexual contra menores de 14 años, el tribunal de primera instancia fijó su prisión preventiva por el peligro de fuga, ordenando su ingreso a la cárcel de Rancagua el viernes 19 de julio. Tres días después, la Corte de Apelaciones de Rancagua reemplazó por arresto domiciliario total la medida cautelar y Eduardo Macaya regresó a su residencia en Placilla.

El mismo tribunal de alzada había otorgado el arresto domiciliario a Macaya el 15 julio de 2023, luego de 38 días en prisión preventiva tras ser formalizado, por una caución de 150 millones de pesos.

Al respecto del cambio en la medida cautelar, la fiscal que lideró la investigación, Javiera Oro, manifestó que presentaron nuevos antecedentes, entre ellos el sumario administrativo que envió Gendarmería, más la resolución del Tribunal Constitucional.Nos encontramos conformes con esta resolución”, indicó.

La Fiscalía de Alta Complejidad de O’Higgins en su acusación solicitó imponer una pena de 12 años de cárcel para el sentenciado y había mantenido su pretensión punitiva tras la condena, pese a que el empresario fue absuelto respecto a dos de los cuatro hechos imputados.

El abogado querellante Hernán Fernández, representante de una de las víctimas, calificó de “baja” la pena de seis años de cárcel impuesta al empresario, aunque valoró que se trate de una pena de presidio efectivo.

Desde que fue formalizado, Macaya ha permanecido privado de libertad por 415 días, tiempo que será abonado a su condena de ser ejecutoriada. Luego de la lectura de sentencia, las partes cuentan con un plazo de 10 días para recurrir por la nulidad del juicio. El plazo corre hasta el lunes.

Eduardo Macaya en el tribunal de San Fernando. Foto: Jorge Loyola / Aton Chile.

En el marco del proceso, la defensa del empresario acudió al Tribunal Constitucional con un recurso de inaplicabilidad respecto a la ejecución del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley 18.216 que delimita cuándo se deben aplicar las penas privativas o restrictivas de libertad. La acción se materializó en noviembre del año pasado por el abogado Juan Carlos Manríquez. El equipo jurídico del alcalde pedía que no se aplicara en su caso la norma que indica que no pueden acceder a una sustitución de penas quienes sean condenados por abusos sexuales. El TC lo rechazó y si la condena queda a firme, el ingeniero agrónomo la deberá cumplir en forma efectiva.

Ante un reportaje de El Mostrador que dio cuenta de un presunto trato preferencial que favoreció al empresario en la cárcel, la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile instruyó la realización de un sumario administrativo.

Por otro lado su hijo, Javier Macaya renunció a la presidencia de la UDI por presiones de su sector ante afirmaciones que hizo en defensa de su padre tras la condena.

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Rubilar confirma candidatura a la alcaldía de Puente Alto

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Mediante una declaración en video, Karla Rubilar (Ind.-RN) confirmó su candidatura a la alcaldía de Puente Alto.

“Como el alcalde Germán Codina bien sabe, he vivido semanas de una situación familiar de salud muy dura que me ha mantenido alejada de la comuna y ha ocupado gran parte de mi tiempo, además de generarme una reflexión sobre mi futuro político”, dice en el registro.

De acuerdo a la ex ministra vocera de gobierno de la segunda administración de Sebastián Piñera, durante estas semanas recibió además “el ofrecimiento formal para ser candidata a la Gobernación Metropolitana, porque existen encuestas que dicen que yo ganaría esa elección”.

Y luego agregó: “Y si bien ser intendenta de la Región Metropolitana ha sido uno de los cargos más hermosos que he tenido a lo largo de mi vida y agradezco enormemente a todos quienes creen que yo podría ser una gran gobernadora, lo cierto es que después de conversar con mi familia, con mis amigos e incluso yo que soy creyente de pedirle ayuda a Dios, he llegado al convencimiento de que mi lugar está en la comuna de Puente Alto”.

“Yo quiero ser alcaldesa de la comuna. Voy a vivir en Puente Alto para vivir sus sueños y sus dolores y para compartir con ellos este sueño de tener un Puente Alto mucho mejor para todos”, expresó.

Para finalizar, apuntó que es por eso que agradece enormemente a todos quienes la han acompañado y han comprendido el proceso que ha vivido. “Quiero pedirle a ellos también que me ayuden a tener la fuerza para enfrentar este desafío y para lograr convertirme el 27 de octubre en la primera mujer alcaldesa de Puente Alto. Estoy segura que juntos lo vamos a lograr”.

La declaración de Rubilar se da luego de un quiebre con el actual jefe comunal puentealtino, Germán Codina (RN), que había puesto en duda la candidatura de la ex secretaria de Estado.

Es que según detalló La Tercera, el distanciamiento entre ambas figuras se originó hace cerca de un mes a propósito de una petición que hizo Rubilar a Codina: incorporar personas de su confianza al municipio, lo que implicaría despedir a actuales trabajadores, situación a la que el alcalde RN se negó. Es por eso que Codina ya no estaría dispuesto a seguir respaldándola para llegar a la alcaldía.

No solo eso. Desde la misma coalición de derecha transmitieron que la situación escaló a tal punto, que Rubilar amenazó en un momento con dejar de ser candidata, y por ello, personeros del bloque habrían hablado con la exministra para convencerla de que no desista de competir.

Ahora, el escenario eleccionario vuelve a tener a la exministra como una de las postulantes fuertes para los comicios de octubre de este año. Solo resta saber si lo hará con el apoyo de Codina o sin éste.

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