Isapres acusan que ley corta que presentó el gobierno es un “engaño” y que “conduce por la fuerza a un monopolio estatal”

Las isapres tienen una visión única respecto a lo que implica el plan que tiene el gobierno y la Superintendencia de Salud para implementar el fallo de la Corte Suprema sobre la mesa de factores. Todos coinciden en que esto significa la caída del sistema. Por ello, en la reunión que sostuvieron los directivos de la Asociación Isapres en la tarde de este miércoles, definieron que emitirían un comunicado que no dejaría dudas al respecto. La industria decidió subir el tono.

Así, tras casi dos días de silencio, este jueves llegó el pronunciamiento oficial del gremio en contra de la ley corta que el Ejecutivo ingresó al Parlamento. “El proyecto que ha entrado al Congreso es un engaño: no tiene viabilidad y conduce por la fuerza a un monopolio estatal, perjudicando el acceso a la salud de todos los chilenos”la asociación comenzó a decir.

Continuaron mencionando que “la propuesta denota absoluta indolencia con los usuarios del sistema de salud, los beneficiarios de las isapre y en particular con los enfermos. Promete rebajas de precios y devoluciones falsas, que nunca se materializarían, ya que su mera aplicación imposibilita el cumplimiento de los contratos, dejando indefensas a casi tres millones de personas”.

Además, señalaron que “la iniciativa disfraza un cierre por parte de la secretaría del sistema isapre y el traslado forzoso de personas al Fonasa, que no alcanza para atenderlas. Creemos que no se pueden imponer posiciones ideológicas a costa de los afiliados y del acceso a la salud. Los pacientes no son herramientas políticas”.

Finalmente, manifestaron: “Hemos sobrevivido a una pandemia sangrienta, aunando esfuerzos públicos y privados. Esperamos que el Congreso evite una nueva y mayor emergencia sanitaria, y el desmantelamiento del sistema privado de salud”.

El martes, cuando entró el proyecto, toda la portada ejecutiva de las isapres volteó a leer la iniciativa. En ese momento, algunos consideraron que faltaba información para saber si el sistema sería viable o no. Otros, sin embargo, concluyeron de inmediato que no podían continuar operando bajo esas reglas.

Entre los que ocupaban este último puesto, la principal preocupación era la pérdida de ingresos que supondría el hecho de tener que reducir el valor de los 600 mil contratos calculados por el regulador para toda la industria. Esto, según estimaciones previamente hechas públicas por la Asociación de Isapres, implica una caída en los ingresos, proyectada a diez años, equivalente a casi 100 años de utilidades. Solo por este tema, advierten tres isapres, el sistema no podría seguir funcionando.

Las cifras dadas a conocer posteriormente por la Superintendencia de Salud revelan que la caída de los ingresos sería 6% promedio, ya que se pasa de la disminución del 1% en los ingresos mensuales que se prevé para la Isapre Esencial, al 10% que proyectó el regulador para Vida Tres. Todo ello, calculado en función de las cuotas mensuales que se dejarían de recibir como porcentaje del total de aportes de diciembre de 2022. En cualquier caso, desde la industria calculan que la bajada de ingresos corresponde al 10%, considerando la rebaja que tendrían que hacer en esos 600.000 planes y no cobrando a los menores de 2 años.

Desde la industria consideran que esta disminución de ingresos es incluso más relevante que las rentabilidades, que, en cualquier caso, aseguran que no hay forma de pagar. ¿Y por qué es más importante la reducción de ingresos? Porque ocurriría antes de que tengan que hacer las devoluciones, y solo por eso se caería toda la industria, sin tener que devolver nada.

Durante el miércoles, los ejecutivos continuaron analizando el proyecto, contactaron a sus controladores para informar las conclusiones preliminares y programaron una reunión en el sindicato para las 5:00 p. m. Pero antes de que pudieran concretar esa cita, a las 3:00 p. m. los senadores de la Comisión de Salud inició la sesión donde la ministra del ramo, Ximena Aguilera, y el superintendente de Salud, Víctor Torres, confirmaron, a su juicio, todos los temores de la industria: el plan que tiene en mente la autoridad no viabiliza la continuidad de las isapres.

Así lo concluyeron las distintas empresas tras conocer que el regulador en realidad calcula que deben devolver US$1.400 millones a sus filiales. Una vez que tuvieron esa información, los ejecutivos de las isapres volvieron a tomar sus teléfonos para contactar a los contralores y revelarles la mala noticia.

Uno de esos ejecutivos comentó que su contralor entiende que este es un proceso legislativo y que los planes pueden cambiar durante la tramitación del proyecto, por lo que tienen claro que tienen que esperar a ver cómo termina todo. Pero también dice que a nivel internacional evalúan que las señales que se están dando son confusas y ven con desconfianza al gobierno. Del mismo modo, revela que se ha reactivado el trabajo de un posible proceso ante el CIADI.

En la reunión sostenida por los directivos de la Asociación de Isapres durante la tarde de este miércoles, los ánimos no eran buenos. Fuentes conocedoras de los temas tratados en la reunión señalan que, además del fondo del asunto, Se habló de las calificaciones que el gobierno usó sobre las isapres. En particular, en relación al proyecto del Ejecutivo que asegura que “la situación actual no es responsabilidad del gobierno ni del Congreso, sino de las propias isapres, que siempre se han opuesto a los cambios, y que han hecho del abuso una forma habitual de actuar, ya sea por incrementos de precios, negativas o restricciones de coberturas o términos de los contratos”.

Desde la industria estiman que no era cierto lo que siempre decía el gobierno respecto a que buscaban la viabilidad del sistema. Y advierten que el anuncio de este miércoles lo confirma.

En el Ejecutivo, en tanto, fue el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien se refirió este jueves a la isapres ley abreviaday dijo que con el proyecto el gobierno busca cumplir con el fallo de la Corte Suprema y que no genera el fin de la industria. “Se trata de generar una situación en la que sea asequible hacer estas devoluciones, sin colapsar el sistema. Ese es fundamentalmente el propósito del gobierno”, aseguró.

Respecto a las críticas al proyecto que apuntan a que los afiliados del sistema privado están siendo empujados al público, Marcel dijo a T13 Radio que “la migración de afiliados de isapres a Fonasa se ha venido dando de manera paulatina en el tiempo. No es algo que se busque inducir. Lo fundamental es que hay una sentencia del Supremo muy trascendental que hay que cumplir”.

De esta forma, el Secretario de Estado descartó que la migración entre los sistemas de salud pública y privada sea algo que el gobierno quiera inducir, y señaló que el efecto que pueda tener el cumplimiento de la sentencia “en cuanto a las decisiones que tome el pueblo respecto a qué sistema tienen que estar afiliados, es simplemente una consecuencia”.

“Ese fallo tiene una serie de efectos secundarios y el proyecto se ocupa de esos efectos. Pero el origen de todo esto es la sentencia”, agregó.