Jadue en la mira: Contraloría detecta irregularidades en gestión de farmacias populares y envía antecedentes a fiscalía y CDE

En el caso de la administración de las “Farmacias Populares”, el ente fiscalizador denunció que Achifarp “no tiene control administrativo de sus socios y sus aportes. Solo tiene un archivo Excel, que no contiene la fecha de constitución de cada municipio, copias del acta donde se acordó la constitución, ni las cuotas pagadas por cada socio, ni por todos sus integrantes.

De hecho, dice el documento, la Contraloría consultó a 345 municipios por su participación en el grupo y cinco de ellos aseguraron que nunca les informaron que habían realizado ingresos, a pesar de que realizaron pagos por $69,330,408 en los últimos dos años. Hay otros 19 municipios que descartaron pertenecer al grupo, pese a que Achifarp informó que son sus socios. El desorden continúa cuando dos municipios reclamaron ser parte, mientras que la agencia no los tiene en sus registros.

Las irregularidades en las finanzas quedaron expuestas en materia de cuotas aportadas por los socios. Seis municipios entregaron documentos que dan cuenta de pagos de “cuotas sociales” para $ 78,164,701, pero estos dineros no son citados como ingresos por Achifarp. Por tratarse de dinero proveniente de las arcas fiscales, el Contralor Bermúdez ordenó que esta información sea puesta a disposición de la CDE y se analicen posibles denuncias contra los responsables de lo que podría ser malversación de fondos públicos o defraudación abierta. tesorería.

Durante los meses más duros de la pandemia, el alcalde Jadue defendió la adquisición y uso del fármaco Avifavir, que según él servía para tratar el Covid-19. Sus declaraciones fueron criticadas por la autoridad sanitaria, pues fue el propio Instituto de Salud Pública (ISP) quien determinó la prohibición de su uso, lo que fue avalado por la propia Contraloría. “Hay un motivo político detrás. Como dice la resolución, [el Avifavir] se trajo para ser entregado excepcionalmente porque es de uso clínico”, dijo el jefe comunal en febrero de 2021.

En el marco de la auditoría a las “Farmacias Populares” también se encontraron irregularidades en los convenios que se firmaron para adquirir Avifavir y también Interferón, un fármaco similar. En las conclusiones del informe final N° 909, se detalla que “el municipio de Recoleta firmó un convenio para la adquisición de 180.000 dosis de Interferón, convenio en el que también participó el Municipio de Macul, aportando $10 millones”.

Asimismo, se determinó que Achifarp mantiene un saldo pendiente con la Universidad de Concepción por un total de $215.476.800, en el marco de los estudios que se ordenaron realizar sobre la efectividad de estos medicamentos. Hasta el momento, dice la auditoría, solo se han cancelado $25 millones entre julio de 2020 y mayo de 2021. No se cree que la agencia pueda hacer frente a esta deuda porque, según la Contraloría, en su cuenta corriente al momento de la auditoría. Tiene fondos por $29,003,433.

En el caso de Avifavir, se detectó otro acuerdo suscrito por Recoleta y Macul por $240.476.800 y $150.000.000, respectivamente. En dicha transacción se estableció que existe un saldo pendiente de ejecución de más de $15 millones, dinero cuya disponibilidad no fue acreditada por los auditados. “La Municipalidad de Recoleta deberá fiscalizar a Achifarp en el uso y destino de los aportes entregados por ésta, informando a la Asociación sobre el resultado de su revisión y solicitando la restitución de los fondos.” Estos antecedentes también fueron enviados a la justicia.

En ese sentido, se abrieron sumarios a los municipios dirigidos por Jadue y por el intendente Gonzalo Montoya, del Partido Comunes. “Recoleta y Macul deben realizar gestiones para recuperar los montos no invertidos por Achifarp en la ejecución de dicho convenio”, se lee en el documento.

Asimismo, los inspectores encontraron 1.299 dosis de Interferón apiladas en el municipio de Recoleta. Ello a pesar de que el ISP había prohibido “fabricar, comercializar y distribuir la droga por ser un riesgo para la salud de la población, ordenando su destrucción (…) Este asunto será incorporado a un sumario que iniciará el Contraloría en Recoleta y Macul, donde se considerará el sumario sanitario abierto por el Ministerio de Salud.

El hallazgo dio lugar a un sumario, ya que se buscará al responsable de esta situación. Para ello se tomaron fotografías que dan cuenta de los hechos descritos.

Otra situación que se cuestionó son los convenios firmados con los municipios, ya que no existe un marco legal para estas negociaciones. “Achifarp es una entidad privada, por lo que las entidades públicas infringieron el dictamen N° 13.636, de 2016, de la Contraloría y la Ley N° 18.695, que indica que los municipios pueden desarrollar funciones relacionadas con la salud pública con otros organismos del Estado, por lo que la ley correspondiente no se utilizaron marcos”, se lee.

También estuvo en la mira del ente fiscalizador un convenio suscrito con el Servicio Nacional de Discapacidad (Senadis) para la adquisición y asignación de ayudas técnicas para personas con discapacidad que pertenecen al Programa Regular, el cual no está relacionado con el objetivo del “Programa Popular”. Farmacias”. Allí el acuerdo, declarado ilegal por la entidad dirigida por Bermúdez, implica un total de $613,611,753por lo que se decidió abrir un sumario en Recoleta, Paillaco y la distribución que depende del Ministerio de Desarrollo Social.