Tres consideraciones sobre la regularización de migrantes propuestas por La Moneda.
La primera es que parece olvidarse que el gobierno afirmó claramente que el registro biométrico que está en el origen del actual anuncio no daría lugar a la regularización salvo en raras ocasiones. A nadie parece importarle la flagrante contradicción, que pocos mencionan sólo de pasada y muchos comentaristas ignoran abiertamente. Debe considerarse grave que las autoridades recurran al engaño para ejecutar políticas públicas y, peor aún, lo hagan de manera casual, sin presentar justificación alguna. La explicación de que la medida se adopta por razones económicas y de seguridad debería haberse introducido al inicio del proceso, no ahora que los hechos están prácticamente consumados.
Que la autoridad incumpla silenciosamente su palabra contribuye a aumentar la desconfianza hacia las instituciones y la política, algo que debería interesar al gobierno y a los comentaristas.
La segunda es que resulta totalmente insuficiente citar un par de estudios del BID y del Banco Mundial y preparar una minuta interna como prueba de que la regularización propuesta no fomentará la llegada de nuevos migrantes. El problema de los estudios de expertos es que siempre aparece otro similar que dice exactamente lo contrario (eso ya ha pasado en este caso). Además, si los análisis resultan erróneos, ¿quién se hará responsable del error cuando la leche ya está derramada?
Para descartar de manera creíble el “llamado efecto”, el gobierno debería anunciar medidas concretas que apunten a impedir incluso la posibilidad de que llegue a buen término, especialmente ahora que se acerca una crisis en Venezuela en enero que podría inducir un nuevo ciclo migratorio. Sin embargo, no se sabe nada sobre un plan para reforzar la frontera. Si se produce el “efecto llamada”, una probabilidad plausible, Chile quedará irremediablemente abrumado.
Y la tercera es que sería bueno que, al menos de vez en cuando, las autoridades escucharan las opiniones de los segmentos más directamente afectados por la inmigración a la hora de decidir sobre este tipo de temas. No son las elites -ni los empresarios, que felicitaron al gobierno por su iniciativa porque ven en ella la posibilidad de acceder a mano de obra- quienes se ven impactados por la llegada de extranjeros, sino quienes ven invadidos sus barrios, fuentes de ingresos. . empleos y centros de salud, quienes pierden plazas en las escuelas y quedan expuestos a salarios reducidos, delincuencia y crimen organizado. Sin embargo, durante años, los tomadores de decisiones han descalificado los reclamos de estos ciudadanos y han tildado de “populista” a cualquiera que se atreva a defenderlos. La decisión contumaz de ignorarlos es antidemocrática e instala una bomba de tiempo cuya explosión podríamos lamentar.
Por Juan Ignacio Britoperiodista
