“Al final lo que ordenen los jueces da lo mismo, y si da lo mismo, mejor cerremos por fuera y que hagan todos lo que quieran”.
De esta manera, el 25 de enero, el juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, exponía en audiencia ante Gendarmería, por qué había tomado la decisión de autorizar la visita “íntima” a Rafael Marín Vielma, ciudadano colombiano condenado a 15 años de cárcel por delitos asociados al tráfico de drogas.
El magistrado, seis días antes había inspeccionado la Cárcel de Alta Seguridad, donde además de autorizar al visita a Marín Vielma, también ordenó a Gendarmería entregar la condiciones necesarias para que cuatro reos -asociados a causas de crimen organizado- pudieran sostener videollamadas con sus familiares.
Tras ser notificados de esta decisión -la cual fue revelada por Mega- Gendarmería interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, la cual paralizó la decisión de Urrutia, hasta que este entregue un informe donde explique por qué tomó esa decisión.
Conocido el caso, incluso, el gobierno reaccionó. “Nos parece que esta decisión es una decisión completamente equivocada, que perjudica la seguridad del país, que socava los esfuerzos que hacen las instituciones para luchar contra el crimen organizado”, señaló el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.
Pero, antes de que Gendarmería recurriera al tribunal de alzada para paralizar la decisión del juez Urrutia -quien en junio del 2023 había sido sancionado por Corte Suprema por autoasignarse causa y liberar a miembros de la “primera línea”– intentó convencer al propio magistrado de revertir su resolución.
El 24 de enero, el abogado de Gendarmería, Sebastián Ramírez, expuso ante el tribunal que “lo resuelto por el tribunal ha impedido el mandato legal y reglamentario que se le ha ordenado a cumplir a Gendarmería de Chile, poniendo en jaque la Administración Penitenciaria, dado que el perfil de la población penal del R.E.P.A.S (la Cárcel de Alta Seguridad) pertenecen a Bandas Criminales organizadas, asociadas a elementos delictivos que permean altamente la seguridad no sólo del resto de la población penal sino de la seguridad nacional”.
Además, agregó que “es consabido que durante el mes de enero se han realizado una serie de acciones atentatorias a las inmediaciones del R.E.P.A.S. a través de rayados y el uso de extintores, llegando inclusive a amenazar de muerte al Sr. Ministro de Justicia y Derechos Humanos, al Sr. Director Nacional de Gendarmería de Chile y a la Jefatura de la referida Unidad Penal, encontrándose actualmente en trámite una querella interpuesta contra quienes resulten responsables, la cual se ventila ante vuestra magistratura, por lo cual este Servicio debe extremar y velar todas las medidas de seguridad que vayan en resguardo a que el régimen interno del penal no se vea afectado por decisiones y acciones que permitan vulnerar la seguridad e impida de esta forma dar cumplimiento al mandato legal de Gendarmería de Chile”.
El caso inquieta de sobremanera al Ejecutivo, dado que, hasta ahora, no se habían registrado amenazas de muerte en contra de algún ministro de Estado, menos vinculado a un asedio a las autoridades en las cárceles.
Finalmente, Gendarmería expuso que la institución “no tiene ni la disponibilidad técnica, ni los recursos necesarios para realizar visitas a través de videollamadas con familiares o terceros, considerando, además, que dichas comunicaciones podrían afectar la seguridad del Establecimiento Penitenciario, o inclusive la Seguridad Nacional; considerando que el perfil de internos que mantiene el R.E.P.A.S. se encuentra a Bandas Criminales Transnacionales con gran poder de operatividad para la 8 comisión de ilícitos y/o acto de narcoterrorismo; tal como ha ocurrido con células y bandas delictuales en la Región”.
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Una vez notificado de esta solicitud para declarar al incompentencia del juez Urrutia, el Séptimo Juzgado de Garantía, el 31 de enero, a través de una resolución firmada por el magistrado Cristián Sánchez, resolvió -brevemente- que “se declara inadmisible el recurso de apelación deducido por Gendarmería de Chile”.
Con esa respuesta fue que la entidad que depende de Justicia, acudiera a la Corte de Apelaciones de Santiago, quienes deberán resolver el fondo del reclamo y decidir, una vez más, respecto de un polémico fallo del ya conocido juez Urrutia.
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