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La advertencia de Gendarmería al juez Daniel Urrutia

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“Al final lo que ordenen los jueces da lo mismo, y si da lo mismo, mejor cerremos por fuera y que hagan todos lo que quieran”.

De esta manera, el 25 de enero, el juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, exponía en audiencia ante Gendarmería, por qué había tomado la decisión de autorizar la visita “íntima” a Rafael Marín Vielma, ciudadano colombiano condenado a 15 años de cárcel por delitos asociados al tráfico de drogas.

El magistrado, seis días antes había inspeccionado la Cárcel de Alta Seguridad, donde además de autorizar al visita a Marín Vielma, también ordenó a Gendarmería entregar la condiciones necesarias para que cuatro reos -asociados a causas de crimen organizado- pudieran sostener videollamadas con sus familiares.

Tras ser notificados de esta decisión -la cual fue revelada por Mega- Gendarmería interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, la cual paralizó la decisión de Urrutia, hasta que este entregue un informe donde explique por qué tomó esa decisión.

“Hay amenazas de muerte al ministro de Justicia”: la advertencia de Gendarmería al juez Urrutia, el magistrado que autorizó videollamada a reos de alta peligrosidad

Conocido el caso, incluso, el gobierno reaccionó. “Nos parece que esta decisión es una decisión completamente equivocada, que perjudica la seguridad del país, que socava los esfuerzos que hacen las instituciones para luchar contra el crimen organizado”, señaló el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

Pero, antes de que Gendarmería recurriera al tribunal de alzada para paralizar la decisión del juez Urrutia -quien en junio del 2023 había sido sancionado por Corte Suprema por autoasignarse causa y liberar a miembros de la “primera línea”– intentó convencer al propio magistrado de revertir su resolución.

El 24 de enero, el abogado de Gendarmería, Sebastián Ramírez, expuso ante el tribunal que “lo resuelto por el tribunal ha impedido el mandato legal y reglamentario que se le ha ordenado a cumplir a Gendarmería de Chile, poniendo en jaque la Administración Penitenciaria, dado que el perfil de la población penal del R.E.P.A.S (la Cárcel de Alta Seguridad) pertenecen a Bandas Criminales organizadas, asociadas a elementos delictivos que permean altamente la seguridad no sólo del resto de la población penal sino de la seguridad nacional”.

Además, agregó que “es consabido que durante el mes de enero se han realizado una serie de acciones atentatorias a las inmediaciones del R.E.P.A.S. a través de rayados y el uso de extintores, llegando inclusive a amenazar de muerte al Sr. Ministro de Justicia y Derechos Humanos, al Sr. Director Nacional de Gendarmería de Chile y a la Jefatura de la referida Unidad Penal, encontrándose actualmente en trámite una querella interpuesta contra quienes resulten responsables, la cual se ventila ante vuestra magistratura, por lo cual este Servicio debe extremar y velar todas las medidas de seguridad que vayan en resguardo a que el régimen interno del penal no se vea afectado por decisiones y acciones que permitan vulnerar la seguridad e impida de esta forma dar cumplimiento al mandato legal de Gendarmería de Chile”.

El caso inquieta de sobremanera al Ejecutivo, dado que, hasta ahora, no se habían registrado amenazas de muerte en contra de algún ministro de Estado, menos vinculado a un asedio a las autoridades en las cárceles.

Finalmente, Gendarmería expuso que la institución “no tiene ni la disponibilidad técnica, ni los recursos necesarios para realizar visitas a través de videollamadas con familiares o terceros, considerando, además, que dichas comunicaciones podrían afectar la seguridad del Establecimiento Penitenciario, o inclusive la Seguridad Nacional; considerando que el perfil de internos que mantiene el R.E.P.A.S. se encuentra a Bandas Criminales Transnacionales con gran poder de operatividad para la 8 comisión de ilícitos y/o acto de narcoterrorismo; tal como ha ocurrido con células y bandas delictuales en la Región”.

Manuel Monsalve calificó de "grave" decisión del juez Daniel Urrutia.
Manuel Monsalve calificó de “grave” decisión del juez Daniel Urrutia.

Una vez notificado de esta solicitud para declarar al incompentencia del juez Urrutia, el Séptimo Juzgado de Garantía, el 31 de enero, a través de una resolución firmada por el magistrado Cristián Sánchez, resolvió -brevemente- que “se declara inadmisible el recurso de apelación deducido por Gendarmería de Chile”.

Con esa respuesta fue que la entidad que depende de Justicia, acudiera a la Corte de Apelaciones de Santiago, quienes deberán resolver el fondo del reclamo y decidir, una vez más, respecto de un polémico fallo del ya conocido juez Urrutia.

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Carter emplaza a Boric a propiciar ley de amnistía para carabineros por el 18-O

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El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, llamó al Presidente Gabriel Boric a propiciar una ley de amnistía para los funcionarios de Carabineros condenados por hechos en el marco del estallido social.

Esto, afirmó Carter, con el propósito de dar una señal concreta del gobierno a la institución policial, en medio de la crisis delictual y de crimen organizado que afecta al país.

“Así como indultó a los delincuentes de la primera línea, ha llegado la hora de que el Presidente, en una decisión que requiere mucho coraje, esté dispuesto a evaluar una amnistía general para los carabineros que están siendo perseguidos por hechos relacionados al estallido social. Y claramente tiene que quedar fuera de esto cualquier causa de homicidio”, sostuvo el jefe comunal.

“Ha llegado el momento de terminar con la persecución a Carabineros”, enfatizó Carter. “No tenemos carabineros detenidos por torturar, ni por poner electricidad, no eran centros de detención. Esto no fue una dictadura con centros ilegales de detención, fue una pelea callejera brutal”, explicó, acusando un “activismo judicial de la ultraizquierda” que, a su juicio, ha perseguido a los funcionarios policiales desde 2019.

En este sentido, destacó que deben darse garantías a los carabineros que dejen “a sus oficiales y suboficiales tranquilos, a su director general tranquilo, y que termine este acoso judicial del que están siendo víctimas”.

Cabe recordar que el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, será formalizado el próximo 7 de mayo por 1.386 causas por violaciones a los derechos humanos el contexto del estallido social.

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Revisa los recintos que mantendrán suspensión de clases en la Región de Atacama

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Este martes, el Ministerio de Educación (Mineduc) dio a conocer que este miércoles 17 de abril tres establecimientos educacionales de la Región de Atacama mantendrán la medida de suspensión de clases, debido a los efectos de las intensas precipitaciones que se han registrado durante el fin de semana pasado.

Según el último reporte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD) del Mineduc, de las 17.00 horas de este martes, la medida contempla un liceo de Copiapó y dos escuelas de Tierra Amarilla.

Los recintos con suspensión corresponden a dos establecimientos del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Atacama y un liceo particular subvencionado.

Cabe señalar que según el último reporte emitido a las 19,15 horas por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), en torno a la situación meteorológica de la región, 20 familias que estuvieron aisladas en la comuna de Tierra Amarilla se encuentran en buenas condiciones tras la habilitación de la Ruta C-35, mientras que otras diez personas que se mantenían albergadas en la comuna de Alto del Carmen retornaron a sus hogares.

Asimismo, de las cuatro viviendas con daños en evaluación en la comuna de Alto del Carmen, tres resultaron con daño mayor y una se mantiene en evaluación, contabilizando a seis personas damnificadas, quienes fueron trasladados a Posta de Salud Rural para su evaluación médica y posteriormente a casa de familiares.

En tanto, se informó que 160 personas se mantienen sin suministro de agua potable por falla en Servicio Sanitario Rural (SSR) de Conay Alto y Malaguín, en la comuna de Alto del Carmen.

Copiapó:

Liceo Sagrado Corazón

Tierra Amarilla:

Escuela Paul Harris

Escuela Amolanas

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Las Tías: comienza histórico juicio contra banda donde la Fiscalía pide penas que suman 530 años de cárcel

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Penas que en total superan los 500 años de cárcel y 680 millones de pesos en multas contempla la solicitud de la Fiscalía de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de la Fiscalía Regional de Antofagasta en el juicio oral que comenzó este martes contra los 13 integrantes de la organización criminal denominada Las Tías.

El juicio reviste gran relevancia para el Ministerio Público, pues se trata de la primera vez en la historia de la Reforma Procesal Penal en la región que se presenta acusación simultánea por los delitos de tráfico de drogas, asociación ilícita para el tráfico de drogas y lavado de activos en contra de los líderes de una banda criminal.

Las Tías operaban en la ciudad de Calama y debe su nombre a su inusual estructura jerárquica, que era dirigida por dos mujeres de nacionalidad chilena que ejercían su actividad ilícita en coordinación con hijos, esposos y familiares.

La banda se dedicaba a la venta y distribución de drogas, principalmente pasta base, actividad que realizaban de manera continua en dos inmuebles deshabitados de Calama, los cuales habían sido “tomados” por la agrupación, aprovechando que sus legítimos propietarios habían fallecido.

“Se trataba de una organización altamente jerarquizada, que era dirigida por ambas mujeres, apodadas Las Tías, quienes se encargaban de contactar a los proveedores de droga, repartirla entre sus mandos medios y, en general, tomar todas las decisiones importantes que atañen al funcionamiento de la banda”, señaló el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios.

Castro Bekios, que estuvo a cargo de dicha investigación, que se extendió por casi tres años y donde participaron OS7 de Carabineros Sección El Loa y la Sección Lavado de Activos del Departamento Antidrogas de Santiago, explicó que la pesquisa comenzó en 2019 con distintas diligencias que permitieron ir conociendo la forma de actuar del grupo e identificar a sus integrantes y los roles que cada uno jugaba en la organización.

Según la investigación, la venta de droga se realizaba a través de los denominados “soldados” o “pilotos”, que iban siendo constantemente intercambiados y reemplazados, mientras que otros miembros se dedican a trasladar la droga desde lugares de acopio a los domicilios para dar continuidad a la venta del producto.

La particularidad que tenía esta asociación ilícita, añadió el fiscal regional, es que llevaba varios años dedicándose ininterrumpidamente al tráfico de drogas en Calama y pese a los constantes esfuerzos de las policías, no había sido posible desarticularla.

“Los domicilios (donde se vendía la droga) habían sido allanados varias veces, pero solo se había logrado detener a quienes cumplían el rol de vendedores. Por eso, esta investigación lo que hizo fue reconstruir toda la orgánica de la asociación ilícita para que, en definitiva, se pudiera acreditar la participación de los demás miembros, desde sus líderes y mandos medios hasta los vendedores”, detalló el fiscal.

El Ministerio Público acusó en septiembre del año pasado a los 13 integrantes de la banda, solicitando para ellos diversas penas que en total suman alrededor de 530 años de cárcel, incluyendo penas de presidio perpetuo para los líderes de la estructura.

Atendida la complejidad de la investigación y la gran cantidad de pruebas que se deben rendir, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta, compuesta por los jueces Patricia Alvarado, Israel Fuentes y José Luis Ayala programó audiencias diarias hasta el mes de junio, sin acceso a público por capacidad del tribunal.

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