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El gobierno de Emmanuel Macron se enfrenta a un ultimátum. La líder del partido de derecha radical Agrupación Nacional (RN), Marine Le Pen, fijó de plazo hasta el lunes para que el primer ministro Michel Barnier modifique el proyecto de presupuesto de 2025, bajo amenaza de apoyar una moción de censura que le sacaría del poder. .
La situación parece insuperable. Las demandas de RN, que coinciden con las de la izquierda, ponen en peligro la reducción del déficit fiscal exigida por la Comisión Europea y el mercado. Por el contrario, si Barnier decide aprobar el presupuesto por vía ejecutiva, sin el apoyo del Parlamento, corre el riesgo de ser destituido la próxima semana.
De ser así, Macron tendría que buscar un nuevo primer ministro que los acompañe hasta el final de su mandato en 2027. Desde que disolvió la Asamblea Nacional el pasado mes de junio, no puede convocar elecciones legislativas hasta junio de 2025.
Es una crisis creada por el propio Macron. “Yo no habría disuelto la Asamblea Nacional. No habría nombrado a Michel Barnier ni habría esperado dos meses y medio para nombrar un primer ministro. Y no habría nombrado a 42 ministros que no estaban de acuerdo en nada”, afirmó Francois Hollande, predecesor socialdemócrata de Macron, en una entrevista con la radio France Inter, el mismo día en que el mercado entró en alerta por la situación en Francia.
El tipo del bono francés a 10 años alcanzó el 3% el jueves pasado. El nivel es el más alto desde 2012, cuando la eurozona atravesaba una crisis de deuda iniciada por Grecia. Es más, el tipo de financiación francés superó al de Grecia y amplió su diferencial con los bonos alemanes en 80 puntos (50 más que antes de junio) en un reflejo del deterioro de la confianza del mercado. El índice bursátil CAC 40 acumula una caída de casi el 5% en un año bastante positivo para la renta variable.
Las palabras de Hollande resumen las decisiones por las que hoy se critica al presidente francés. Principalmente, disolver la Asamblea y convocar elecciones legislativas el pasado mes de junio, tras la victoria de Le Pen en las elecciones europeas. Su partido RN, junto con otros de la derecha radical y nacionalista, se han convertido en el tercer bloque de poder en el Parlamento Europeo.
Macron vio el triunfo de RN y Le Pen como un riesgo para su gobernabilidad. Pero si su apuesta por adelantar las elecciones legislativas era obtener un mayor apoyo a su Gobierno y debilitar la candidatura presidencial de Le Pen, se equivocó. Además de fortalecer a RN, en las elecciones legislativas se produjo un ascenso de la izquierda radical, gracias a una alianza con los socialdemócratas y otros partidos centristas para contener a Le Pen.
El resultado fue un gobierno minoritario. Después de más de dos meses de negociaciones, Macron logró finalmente nombrar a Barnier como primer ministro gracias a la coalición de varios partidos de centro y derecha, y a la decisión de Le Pen de no bloquear la formación del nuevo gabinete como señal de que su partido no está disruptivo como lo presentan sus críticos y es capaz de ofrecer gobernabilidad.
La fragmentación y polarización de la Asamblea francesa deja al Gobierno sin capacidad para llevar a cabo una de las principales demandas exigidas por los inversores y la propia Comisión Europea: un ajuste fiscal.
Contrariamente a sus promesas de reformas, Macron lleva siete años sin haber llevado a cabo la gran modernización prometida y con las arcas fiscales peligrosamente debilitadas. Desde 2017, cuando asumió el poder, el déficit fiscal pasó del 3,3% del PBI al 6,2%, y la deuda pública del 98% al 112% del PBI. Mientras tanto, el ritmo de crecimiento de la economía se ha desacelerado hasta el 1% y para el próximo año se espera una expansión de entre el 0,6% y el 0,8%.
Bajo el nuevo marco fiscal aprobado este año, la Comisión Europea ha colocado a Francia en un proceso de observación, exigiendo medidas para llevar su déficit fiscal dentro de los parámetros establecidos para los países miembros: un déficit fiscal que no supere el 3% del PIB y un endeudamiento máximo. del 60% del PIB. El incumplimiento de las medidas expondría a Francia a sanciones y restricciones comerciales.
Lograr tal objetivo implicaría recortes de alrededor de 100 mil millones de euros para el gobierno francés. Así, la Comisión aprobó el plan presentado por Barnier, con recortes de unos 40.000 millones de euros y otros 20.000 millones en subidas de impuestos.
Pero con la derecha y la izquierda populistas dominando la Asamblea, el plan parece inviable. Tanto RN como el izquierdista Nuevo Frente Popular deben sus buenos resultados electorales a las promesas de reducir los impuestos y el costo de vida de los hogares, y de aumentar el gasto social.
Por ejemplo, una de las principales exigencias es que Barnier reinstaure en el Presupuesto de 2025 la indexación de las pensiones a la inflación a partir del 1 de enero del próximo año, con un coste de 3.600 millones de euros, y que el Gobierno busca aplazar al menos en seis meses. Los pagos de pensiones consumen alrededor del 14% del PIB.
“Todos deben compartir la carga (del ajuste fiscal)”, declaró Barnier esta semana en una entrevista con Le Figaro, en la que llamó a evitar una crisis mayor.
Sin embargo, tanto para el derechista RN como para el izquierdista NFP, los aumentos de las pensiones y la eliminación de los aumentos de impuestos son “líneas rojas” en las negociaciones.
Mientras tanto, el costo de la deuda aumenta. Las proyecciones del Tesoro francés advierten que si no hay cambios, los pagos de intereses de la deuda pública francesa podrían alcanzar los 70.000 millones de euros en 2027, superando el gasto en educación.
El problema francés es estructural, y el gobierno minoritario como resultado de la apuesta electoral de Macron no tiene el apoyo político necesario para adoptar las dolorosas medidas para resolverlo.
Su vulnerabilidad debilita aún más a la eurozona, ya golpeada por la diferencia de crecimiento con Estados Unidos, y las expectativas de una relación comercial y diplomática más tensa con la próxima administración de la Casa Blanca.
Los analistas piden que se mantengan las proporciones y recuerdan que Francia, a diferencia de Grecia en 2012, es un país desarrollado con una economía madura y mayor capacidad de pago.
Pero Francia también es mucho más grande, inviable de rescatar si se produce un deterioro mayor, más aún en un contexto en el que Alemania -principal financista de la eurozona- está en recesión.
La reacción del mercado, en este contexto, no parece exagerada. La crisis francesa acaba de comenzar. 
