Cuando hablamos de brecha de género en el trabajo solemos pensar en salarios, liderazgo o acceso a puestos de toma de decisiones. Sin embargo, existe una brecha más silenciosa y estructural que aparece mucho antes de una negociación salarial o un ascenso. Esa brecha comienza en la cuna.
La legislación actual en Chile obliga a los empleadores a financiar guarderías sólo cuando tengan 20 o más trabajadoras. Este diseño, heredado de otra época, no sólo excluye a miles de madres, sino que también desalienta la contratación femenina y refuerza una idea profundamente injusta: que el cuidado de los niños es un problema de las mujeres y no una responsabilidad compartida de la sociedad.
Las consecuencias son obvias. La participación laboral femenina sigue rezagada, especialmente en los sectores de menores ingresos. Muchas mujeres abandonan el mercado laboral cuando se convierten en madres, no por falta de talento, motivación o compromiso, sino porque el sistema no les permite compaginar trabajo y cuidados. Sin acceso a la guardería, simplemente no se puede trabajar.
A esta brecha estructural se suma hoy un fenómeno que preocupa transversalmente: la caída sostenida de la natalidad en Chile. Cada vez nacen menos niños y niñas, y no sólo por cambios culturales o decisiones personales. La incertidumbre económica, la falta de redes de apoyo y la dificultad para conciliar la paternidad y el empleo pesan decisivamente. Cuando el coste de ser madre implica poner en riesgo la autonomía económica o la carrera profesional, la elección ya no es verdaderamente libre.
Esta no es sólo una discusión sobre equidad. Es una conversación sobre desarrollo, productividad y sostenibilidad social. Mientras múltiples industrias declaran escasez de talento, el país mantiene fuera del mercado laboral a miles de mujeres que podrían (y quieren) trabajar. Diversas estimaciones indican que una reforma efectiva de la ley de guarderías podría generar entre 15.000 y 150.000 nuevos empleos femeninos. Es una oportunidad concreta para impulsar el empleo, formalizar el trabajo y fortalecer la base productiva.
La reforma actualmente en discusión apunta a algo esencial: que el derecho a una guardería no dependa del tamaño de la empresa ni del género del trabajador, y que incluya también a las personas independientes y a los trabajadores a domicilio. Es decir, modernizar una política pública para alinearla con la realidad del trabajo actual y con una lógica de corresponsabilidad.
El tiempo es crítico. Quedan sólo unas semanas para que avance este proyecto antes de que se interrumpa el calendario legislativo, y cada aplazamiento no es neutral: significa más mujeres sin empleo, trayectorias laborales fragmentadas y decisiones familiares condicionadas por la falta de apoyo estructural. La brecha que comienza en la cuna no se corrige con declaraciones ni buenas intenciones, sino con políticas públicas coherentes y valientes. Invertir en cuidado infantil no es un gasto social: es una inversión en capital humano, productividad e igualdad de oportunidades.
Ser madre no debe significar dejar el trabajo, ni ser padre debe quedar al margen de los cuidados. Hoy existe una oportunidad concreta para cerrar una brecha histórica y definir el tipo de país que queremos construir: uno donde el talento no se pierda por falta de apoyo y donde el cuidado sea una responsabilidad compartida. Porque cuando una brecha comienza en la cuna, acaba acompañando a toda una generación. Y hoy todavía estamos a tiempo de cambiarlo.
Por: Belén Contreras, Responsable de Diversidad e Inclusión de CMPC