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La Comisión Europea comenzó este jueves a estudiar si las grandes empresas tecnológicas como Netflix, YouTube o Amazon deberían contribuir a financiar las inversiones necesarias en el despliegue de redes de internet de alta velocidad en la Unión Europea..
Bruselas ha lanzado hoy una consulta pública hasta el 19 de mayo para recabar la opinión de los actores económicos sobre si “hay que replantearse quién debe contribuir” a “las inversiones necesarias” para extender las redes 5G y 6G, capaces de transportar el gran volumen de datos de la economía digital, dijeron fuentes comunitarias.
Los operadores de telecomunicaciones llevan tiempo reclamando que las grandes empresas tecnológicas contribuyan a financiar el despliegue de redes, ya que Consideran que si han logrado controlar su cuota de mercado actual es gracias a las inversiones que se hicieron durante los primeros años de Internet..
Una vez finalizado el plazo para la consulta, el Ejecutivo comunitario discutirá cuáles son “las siguientes medidas” que deben adoptarse, prosiguieron las fuentes, que señalaron que el tema de la “justa aportación” es complejo.
Por ahora, la Comisión evita precisar qué fórmula podría adoptar para que los gigantes de internet financien parte de las inversiones que se necesitan de aquí a 2030, alegando, además, que la consulta pública es “muy amplia”.
Su objetivo es “tener en cuenta todos los cambios que se están produciendo en el mercado y su impacto en el futuro del sector de las comunicaciones electrónicas”.
Bruselas quiere “comprender los desarrollos tecnológicos” en el mercado, “escuchar a varios jugadores, no solo a los operadores de telecomunicaciones” y ver “cómo puede afectar a sus modelos de negocio”.
También se analizará el impacto de estos cambios en los consumidores y, en general, si existen barreras que impidan el desarrollo del mercado único.
Mientras tanto, el Ejecutivo comunitario ha propuesto hoy una nueva directiva para reducir los costes de inversión.
La propuesta pretende reducir los costes burocráticos para el despliegue de redes, reduciendo el tiempo de respuesta que los operadores deben obtener de las administraciones públicas.
También quiere facilitar a los operadores la posibilidad de reutilizar infraestructuras públicas ya construidas, como conductos, mástiles o cubiertas para instalar las infraestructuras de red.
La normativa obligará a las nuevas edificaciones a permitir la instalación de fibra óptica y también pretende reducir el impacto ambiental del despliegue de redes.
Se trata de una revisión de una directiva de 2014 que ahora deberá negociarse con el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea.
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