Los problemas que se presentan año tras año en el proceso de operación renta, que han llevado a su postergación en dos periodos recientes, incluso auditorias de Contraloría General de la República a los controles y procedimientos que subyacen al accionar de la autoridad fiscal en dicho periodo, muestran que la facilitación del cumplimiento tributario es una materia pendiente que lesiona el respeto a los derechos de quienes contribuyen con sus impuestos al presupuesto fiscal e impone un costo adicional al sector formal que cumple con sus impuestos..
Los problemas de años anteriores en el proceso, caídas de página, inconsistencia de información, validaciones que no cuadran, solicitudes administrativas sin respuesta oportuna; se repiten. Adicionalmente este año en pleno proceso de operación renta casi de la mitad de los funcionarios de SII se declararon en paro de actividades, lesionando sin duda la calidad y eficiencia del servicio en el periodo de máxima demanda y en donde la continuidad del servicio debiera estar garantizada.
Conviene por tanto recordar que la ley 21.210 del año 2020 precisamente tenía en sus objetivos iniciar un proceso de fortalecimiento tecnológico y transformación digital del Servicio de Impuestos Internos, con el objeto de dotarlo de herramientas que le permitan ejercer correctamente las atribuciones y facultades establecidas en la ley, sin embargo poco se ha avanzado en dicho objetivo que los mismos funcionarios hoy en paro solicitaban años anteriores como una inversión prioritaria de para potenciar la capacidad fiscalizadora, pero también para aumentar las capacidades informáticas en periodos críticos como la renta anual.
Estamos frente a un desafío central, pues no avanzar en la facilitación del cumplimiento tributario, pone incluso en riesgo las metas de evasión del actual pacto fiscal, que considera en dicho concepto , “La Sub declaración errónea involuntaria de impuestos” definiendo como aquella que es consecuencia de los errores involuntarios que puede cometer un contribuyente al momento de realizar su declaración de impuestos, ya sea por desconocimiento o por la cada vez mayor complejidad del sistema tributario.
Dentro de este marco el actual proyecto de ley de cumplimiento tributario no solo debe avanzar, en más facultades al SII, sino también en fortalecer su capacidad que le permita brindar un servicio eficiente y de calidad a los contribuyentes con estricto apego a sus derechos. De este modo hoy que se discute la necesidad de incorporar mejoras a la gobernanza de SII, también es importante avanzar en mejorar la gestión de la autoridad fiscal de cara a los contribuyentes.
Cabe considerar por otra parte que para llegar a cumplir la meta de 1,5% del PIB de recaudación vía combate a la evasión y elusión, establecida en el pacto fiscal, uno de los temas claves es fijar un plazo de operación renta acorde con los tiempos de los contribuyentes, cuya mayoría no son grandes empresas. Tal como en Alemania o España, la ley debe establecer la operación renta hasta junio de cada año y que se dé el 100% de garantías y facilidades a los contribuyentes, incluso la opción de presentar su declaración en papel si el sistema no da garantías.
Finalmente, un proceso de renta bien planificado, declaración ordenadas y con más tiempo, indudablemente permitirá contar con menos declaraciones observadas y rechazadas, optimizando los tiempos de fiscalización, focalizando el trabajo de la autoridad fiscal realmente en los temas de fondo y en los objetivos centrales de combate a la evasión y elusión.
El autor de la columna es presidente de la Comisión Tributaria del Colegio de Contadores de Chile.
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