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La columna de Juan Pizarro

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Los problemas que se presentan año tras año en el proceso de operación renta, que han llevado a su postergación en dos periodos recientes, incluso auditorias de Contraloría General de la República a los controles y procedimientos que subyacen al accionar de la autoridad fiscal en dicho periodo, muestran que la facilitación del cumplimiento tributario es una materia pendiente que lesiona el respeto a los derechos de quienes contribuyen con sus impuestos al presupuesto fiscal e impone un costo adicional al sector formal que cumple con sus impuestos..

Los problemas de años anteriores en el proceso, caídas de página, inconsistencia de información, validaciones que no cuadran, solicitudes administrativas sin respuesta oportuna; se repiten. Adicionalmente este año en pleno proceso de operación renta casi de la mitad de los funcionarios de SII se declararon en paro de actividades, lesionando sin duda la calidad y eficiencia del servicio en el periodo de máxima demanda y en donde la continuidad del servicio debiera estar garantizada.

Conviene por tanto recordar que la ley 21.210 del año 2020 precisamente tenía en sus objetivos iniciar un proceso de fortalecimiento tecnológico y transformación digital del Servicio de Impuestos Internos, con el objeto de dotarlo de herramientas que le permitan ejercer correctamente las atribuciones y facultades establecidas en la ley, sin embargo poco se ha avanzado en dicho objetivo que los mismos funcionarios hoy en paro solicitaban años anteriores como una inversión prioritaria de para potenciar la capacidad fiscalizadora, pero también para aumentar las capacidades informáticas en periodos críticos como la renta anual.

Estamos frente a un desafío central, pues no avanzar en la facilitación del cumplimiento tributario, pone incluso en riesgo las metas de evasión del actual pacto fiscal, que considera en dicho concepto , “La Sub declaración errónea involuntaria de impuestos” definiendo como aquella que es consecuencia de los errores involuntarios que puede cometer un contribuyente al momento de realizar su declaración de impuestos, ya sea por desconocimiento o por la cada vez mayor complejidad del sistema tributario.

Dentro de este marco el actual proyecto de ley de cumplimiento tributario no solo debe avanzar, en más facultades al SII, sino también en fortalecer su capacidad que le permita brindar un servicio eficiente y de calidad a los contribuyentes con estricto apego a sus derechos. De este modo hoy que se discute la necesidad de incorporar mejoras a la gobernanza de SII, también es importante avanzar en mejorar la gestión de la autoridad fiscal de cara a los contribuyentes.

Cabe considerar por otra parte que para llegar a cumplir la meta de 1,5% del PIB de recaudación vía combate a la evasión y elusión, establecida en el pacto fiscal, uno de los temas claves es fijar un plazo de operación renta acorde con los tiempos de los contribuyentes, cuya mayoría no son grandes empresas. Tal como en Alemania o España, la ley debe establecer la operación renta hasta junio de cada año y que se dé el 100% de garantías y facilidades a los contribuyentes, incluso la opción de presentar su declaración en papel si el sistema no da garantías.

Finalmente, un proceso de renta bien planificado, declaración ordenadas y con más tiempo, indudablemente permitirá contar con menos declaraciones observadas y rechazadas, optimizando los tiempos de fiscalización, focalizando el trabajo de la autoridad fiscal realmente en los temas de fondo y en los objetivos centrales de combate a la evasión y elusión.

El autor de la columna es presidente de la Comisión Tributaria del Colegio de Contadores de Chile.

#columna #Juan #Pizarro
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Eduardo Macaya: OS-9 incauta celular de jefe operativo de Cárcel de Rancagua

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Este viernes, el OS-9 de Carabineros incautó el celular de Cristián Solis Riesco, jefe operativo de la cárcel de Rancagua, recinto donde el empresario Eduardo Macaya Zentilli pasó tres días cumpliendo prisión preventiva luego de ser condenado a seis años de presidio por cuatro delitos de abuso sexual en contra de dos menores de edad.

La diligencia se debe a una investigación de oficio abierta por el Ministerio Público por un presunto tráfico de influencias ante los privilegios que habría tenido el empresario vinícola al interior del penal, hasta que la Corte de Apelaciones revocara la cautelar y decretara arresto domiciliario.

Solís Riesco es apuntado como uno de los responsables del trato diferenciado que habría recibido Macaya Zentilli en el recinto penal.

Las indagatorias ocurren luego de que se confirmara que el padre del senador y expresidente de la UDI Javier Macaya permaneció los tres días que estuvo con la máxima cautelar después de la sentencia en el sector de enfermería de la Cárcel de Rancagua, y de que funcionaros del recinto afirmaran a El Mostrador que Eduardo Macaya recibió otra serie de privilegios al interior del recinto.

Producto de esto, Gendarmería instruyó el pasado martes 23 de julio un sumario administrativo, “para establecer la veracidad de dichos antecedentes y eventuales responsabilidades en la correcta aplicación de protocolos y procedimientos”.

Las diligencias al interior de la institución penitenciaria se activaron ese mismo día, con el resguardo de las cámaras de seguridad del recinto.

Eduardo Macaya al retirarse de la cárcel de Rancagua cuando se revocó la prisión preventiva luego de tres días de su condena.

Durante su primera estadía de Eduardo Macaya en la cárcel luego de ser condenado, a la que retornó este viernes luego de que el TOP de San Fernando volviera a decretar la prisión preventiva, Macaya habría tenido “regalías” que no tienen el resto de los internos, de acuerdo a lo señalado por funcionarios de Gendarmería que trabajan en la Cárcel de Rancagua. Llamadas telefónicas menos restringidas, atención preferente, habitación en solitario con ducha con agua caliente y visitas “en cualquier horario” serían algunos de los privilegios del empresario.

Según lo afirmado por los gendarmes consultados, los familiares del hombre de 72 años además se estacionaban a un costado de las casas fiscales que utilizan altos funcionarios de la institución, siendo atendidos por Cristian Solís Riesco, el jefe operativo cuyo celular fue incautado esta jornada.

Además, Eduardo Macaya habría recibido encomiendas sin que estas pasaran por las revisiones que establece el protocolo carcelario.

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El mea culpa de fiscal Valencia por la “patrona de lujo” en Chile

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Una mujer colombiana de 47 años, apodada como la Patrona de lujo”, fue detenida durante un allanamiento en la toma “El sueño de todos” en Puente Alto. Sandra Milena Acevedo Riascos era una de las mujeres más buscada en Cali.

En 2010, la policía colombiana ingresó a la mujer a su registro de los delincuentes más buscados y está vinculada a bandas criminales de la cuidad cafetera. Pese a tener un amplio prontuario en Colombia, acorde a 24 horas, desde 2009 que vivía en Chile, luego de ingresar de forma regular al país. Tras su tiempo en territorio nacional, incluso obtuvo la residencia definitiva.

Sobre esta detención, el fiscal nacional Ángel Valencia confesó que “simplemente no la habíamos detectado y no la estábamos buscando. Y eso demuestra que nuestros sistemas de cooperación policial y judicial todavía dejan mucho que desear”.

“Nos falta mucho por avanzar en aquello. La situación de las bandas que operan de manera transfronteriza es una realidad indudable”, indicó en conversación con TVN.

El líder del Ministerio Público también apuntó a la delincuencia en las tomas irregulares: “Hemos advertido en otras oportunidades sobre las tomas de terreno controladas por el crimen organizado”.

“Históricamente en Chile las tomas de terreno estaban asociadas básicamente a organizaciones o agrupaciones de carácter popular que buscaban resolver sus problemas de vivienda y recurrían a la fuerza. Pero eran básicamente personas que se autoorganizaban, que tenían comités propios y que tomaban esa decisión. Esto fue evolucionando al loteo. Hoy en día lo que tenemos lamentablemente son muchos focos de lotes de terrenos informales en los cuales una banda toma el control”, explicó.

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Deportación de senadores: Cancillería entregará nota de protesta a embajador de Venezuela en Chile

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Esta tarde se conoció que las autoridades venezolanas impidieron la entrada a los senadores Felipe Kast y Rojo Edwards, quienes viajaron al país sudamericano para presenciar las elecciones presidenciales de este domingo, tras ser invitados por la oposición a Nicolás Maduro para ser observadores del proceso electoral.

En sus cuentas de la red social X, ambos parlamentarios criticaron la medida, la que calificaron como “completamente arbitraria”.

Ante esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, para entregarle una nota de protesta por la situación, según señalaron desde la Cancillería. La misiva fue entregada a Méndez minutos antes de las 21 horas de este viernes.

Minutos antes, la mesa del Senado había emitido una declaración en la que criticaron la “arbitraria prohibición de ingreso a territorio venezolano que sufrieron los senadores Felipe Kast y Manuel José Rojo Edwards”, por la que llamaron al gobierno de Gabriel Boric a “adoptar las medidas diplomáticas necesarias y suficientes para representar el serio agravio que este hecho constituye en contra del Estado chileno”.

En el texto, desde la Cámara Alta recordaron que ambos senadores “habían sido invitados por el candidato presidencial de la oposición, señor Edmundo González Urrutia, en un viaje autorizado por el Senado e informado a Cancillería, y cuya finalidad era la de observar el normal desarrollo del proceso electoral”.

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