La controversia por bloqueadores de pubertad en niños trans

Y es que hace cuatro años atrás, el Servicio de Salud en Inglaterra (NHS, por sus siglas en inglés) fue demandado por una madre y una enfermera tras la prescripción de bloqueadores de la pubertad. La acción legal se centró en si los menores de edad pueden dar un consentimiento informado para ese tratamiento.

Se trata de la triptorelina, un medicamento inyectable indicado para el cáncer de próstata avanzado y el tratamiento por periodos acotados en casos de pubertad precoz. Según explicó a BBC el Servicio de Desarrollo de Identidad de Género inglés (Gids) -adscrito al NHS-, pausar la pubertad permitiría dar a una persona joven con disforia de género más tiempo para considerar sus opciones, sin tener que pasar por la angustia de que su cuerpo cambie de una manera que no quiere. Además, distintos especialistas apuntan a que el tratamiento ayudaría a disminuir la ideación suicida de muchos pacientes.

Sin embargo, el propio NHS dice, en sus directrices clínicas, que la evidencia sobre el impacto a largo plazo de los bloqueadores de la pubertad es “limitada y aún está en desarrollo”, por lo que también podría tener consecuencias para la salud a largo plazo, entre ellas, disminución en la densidad ósea, hipertensión e incluso infertilidad.

Así lo advierte un informe realizado por la pediatra independiente y expresidenta del Royal College of Paediatrics and Child Health, Hilary Cass, a quien el NHS le encargó un informe sobre el tema ante el aumento de niños y adolescentes diagnosticados con disforia de género. Entre sus conclusiones, la especialista plantea que la evidencia en que se ha sustentado el tratamiento es -a su juicio- precaria y que sus posibles efectos secundarios podrían superar los beneficios. Por ello, recomienda que hormonas como la testosterona y el estrógeno se receten a niños y adolescentes con “extrema precaución”.

El denominado Cass Review llevó a que Inglaterra restringiera, en marzo pasado, el uso de bloqueadores de pubertad en menores de edad, salvo para pacientes inscriptos en investigaciones clínicas, convirtiéndose en el quinto país europeo (además de Suecia, Finlandia, Noruega y Dinamarca) que limita estos tratamientos por presunta falta de pruebas de sus beneficios y preocupación por los daños a largo plazo. Eso sí, el informe también ha recibido críticas por, entre otras cosas, dejar fuera aspectos como la reducción de la ideación suicida y autolesiones en quienes utilizan terapias de hormonas.

Los bloqueadores de pubertad también se aplican a NNA en Chile en distintos recintos de salud, para luego pasar a hormonas cruzadas en su adolescencia. Los cuestionamientos a esto surgieron tras un reportaje de Radio Biobío, en donde varios padres expresan preocupación por el tratamiento hormonal que se les ha recetado a sus hijos y cuestionan el proceso previo para ser indicado, que muchas veces se entregaría -según afirman- sin recibir mayor acompañamiento psicoterapéutico.

La situación preocupa a distintos especialistas, sobre todo, ante el aumento de menores de edad que se identifican como transgénero. De hecho, en su última cuenta pública, el Ministerio de Salud (Minsal) informó que el año pasado entraron 1.202 NNA al Programa de Apoyo a la Identidad de Género (Paig), también denominado “Crece con orgullo”, por el cual se les asesora en su proceso de tránsito. Además, la cartera proyecta que para 2024 entrarán al programa otros 2.940 niños y niñas.

Ante la controversia, la Defensoría de la Niñez emitió este jueves una declaración en respuesta a las “diversas voces y opiniones que se han levantado en torno a los programas de acompañamiento y terapias hormonales para niños, niñas y adolescentes trans y género no conforme”.

“Actualmente, no existe suficiente información pública y detallada sobre dichos programas y terapias en Chile, así como tampoco de la evidencia en la cual debería basarse esta política pública nacional. Por lo mismo, desde hace meses se han solicitado de manera reiterada al Ministerio de Salud dichos antecedentes, con el fin de analizarlos desde el punto de vista del cumplimiento del enfoque de derechos de niños, niñas y adolescentes”, parte señalando el organismo liderado Anuar Quesille.

Sin embargo, acusaron que la información solicitada, “indispensable para la formulación de un posicionamiento responsable”, aún no es entregada a la Defensoría por parte de la cartera. Es por eso que solicitaron una reunión a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, que fue agendada para la última semana de junio.

Sobre la prestación de salud a la que pueden acceder niños trans, aseguraron que “tampoco existen estudios del impacto de esta política pública sobre la niñez y trans y género no conforme situada en Chile, como tampoco hay evidencia del monitoreo de estos procesos”. En ese sentido, identificaron “una brecha importante que el Estado, a través de los organismos responsables, como el Ministerio de Salud, debe abordar con urgencia”.

“Enfatizamos, una vez más, la importancia de que toda política pública se desarrolle de manera responsable, en base a la evidencia, y también con la participación de los mismos niños, niñas y adolescentes para conocer la experiencia y opinión de este grupo de especial protección, así como el importante rol que padres, madres y familias puedan sostener, en su papel de co-garantes de sus derechos”, relevaron.

Ante los cuestionamientos que han surgido al tratamiento, desde la Defensoría consideran “urgente realizar una revisión exhaustiva de esta política pública y abrir el debate con base a la evidencia de manera responsable, pero también es fundamental que en esa discusión se realice con estricto respeto a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes trans y género no conforme”.

“No se pueden permitir espacios ni discursos que los discriminen, violenten o invisibilicen. Sus experiencias de vida y opiniones, como sujetos de derecho, deben ser tomadas en cuenta y consideradas en cualquier política pública”, precisaron.

Con todo, el organismo dijo estar a disposición “para el apoyo técnico en la revisión y la elaboración de una política pública que, en esta materia, entregue la mejor atención de salud para la niñez y adolescencia y que cuente con un enfoque de derechos humanos, considerando que este debate impacta directamente en ellos y ellas”.