Las semanas en prisión preventiva de la abogada Leonarda Villalobos, una de las protagonistas del Caso Audios, han sido complejas.
Según un documento presentado por su defensora, Alejandra Borda, ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago el 22 de septiembre, Villalobos habría sido objeto de amenazas al interior del Centro Penitenciario de Mujeres de San Miguel.
Junto a esta denuncia, Borda también solicitó una audiencia cautelar sobre garantías para Villalobos y la revisión de sus medidas cautelares.
“Lejos de preocuparnos por diferencias de forma, como la falta de comodidades (…) nuestro punto principal ha sido la falta de seguridad que una prisión especial para delitos económicos puede ofrecer a los acusados”Dijo Borda.
Villalobos, imputada por el Caso Audios, permanece internada en el centro desde el 27 de agosto, donde cumple la prisión preventiva ordenada por el juzgado tras ser formalizada por delitos fiscales, lavado de dinero y cohecho.
Según el documento ingresado por Borda, el 14 de septiembre Villalobos recibió una amenaza directa, donde le advirtieron que “la iban a masacrar”.
“El sábado 14 de septiembre en horas de la mañana, cuando mi clienta se ausentaba de su celda para ir al baño, alguien ingresó a su celda depositando un ‘paquete’ extraño que contenía una nota”, dice la carta.
El hallazgo “fue inmediatamente reportado a Gendarmería, quienes a través de cinco funcionarios lograron descifrar que la nota correspondía a una amenaza directa indicándole que debía tener cuidado porque la iban a ‘masacrar’”, dijo Borda.
“Esta situación terminó con la presentación de una denuncia ante el fiscal de turno de la Zona Centro Sur”, agregó.
De esta manera, argumentó la necesidad de una audiencia cautelar de garantía “para debatir la necesidad de modificar la medida cautelar a la que está sujeto”.
En esa línea, pidió cambiar la prisión preventiva de Villalobos por arresto domiciliario total y arraigo nacional.
Igualdad de trato
Desde que se decretó la prisión preventiva de su cliente, la abogada de Villalobos solicitó un traslado para la imputada, argumentando que el sistema penitenciario no tenía la capacidad para protegerla adecuada y equitativamente.
Borda sostuvo que “lejos de preocuparnos por las diferencias de forma, como la falta de comodidades, agua caliente, calefacción o distracciones para los reclusos, nuestro principal punto ha sido la falta de seguridad que una prisión especial para delitos económicos puede ofrecer a los acusados”. ” .
Los hombres formalizados por la misma causa, dijo Borda, son protegidos por Gendarmería, en un recinto especial para este tipo de delitos con “personas de estratos socioculturales similares”, sin estar expuestos de la misma manera a amenazas y extorsiones.
Asimismo, señaló que el magistrado había acordado habilitar un anexo para Villalobos en Capitán Yáber, pero Gendarmería respondió que eso no era posible.
“Su Señoría (Su Señoría) podrá apreciar que nuestros temores no eran infundados, ni buscaban generar beneficios de manera artificial, solo buscaban generar una esfera igual de protección para nuestro cliente, en comparación con lo que el resto de la co -Acusados de los mismos que actualmente tienen. causa”, dijo Borda en su escrito.
Medidas de protección
A pedido de Borda, el 4° Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el viernes la audiencia de garantías cautelares y revisión de la prisión preventiva de Villalobos. El caso se llevará a cabo en el Centro de Justicia de Santiago.
Además, dispuso medidas de protección para los imputados dentro del recinto penitenciario. “En vista del mérito de lo anterior, se ruega informar al director del CPF San Miguel a fin de solicitarle que adopte las medidas de salvaguardia necesarias para garantizar la integridad física y psíquica de los imputados al interior del penal, en atención a la información proporcionada por el abogado defensor quien señala que el imputado ha sido objeto de amenazas”, resolvió.
Precauciones de los funcionarios
Los funcionarios públicos formalizados por el posible delito consumado de cohecho también tendrán audiencia de revisión cautelar. Se trata del trabajador del Servicio de Impuestos Internos (SII), Patricio Mejías, y el empleado público de la Tesorería General de la República, Renato Robles, quienes solicitaron abandonar el arresto domiciliario y arraigo nacional que dictó el tribunal el pasado 21 de agosto. , coincidieron sus defensas con el Ministerio Público.
La discusión de ambas medidas cautelares estaba prevista para este miércoles al mediodía.
