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La mitad de los chilenos cree que el medioambiente es urgente en la discusión constituyente

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Prácticamente la mitad (49%) de la población del país cree que el medio ambiente es un tema que debe ser abordado con urgencia en el marco de la discusión de la nueva Constitución, según la Encuesta Nacional Ambiental realizada por el Centro de Investigaciones para la Sustentabilidad del Universidad Andrés Bello (CIS UNAB). En la misma línea, la décima versión de este informe (que no se realiza desde 2020), reveló que antes del medio ambiente, la salud y la educación son los asuntos más urgentes, con un 64% y un 55% de preferencias (Ve la tabla), respectivamente. Mientras que pensiones y agua ocupan el cuarto y quinto lugar.

Justamente, La nueva Carta Magna fue uno de los temas abordados este año por esta encuesta que, por primera vez, se aplicó en todo el territorio nacional entre el 7 y el 20 de marzo de 2022, a personas mayores de 18 años.

Sin embargo, Dentro de los temas ambientales particulares que se abordarán en la discusión constitucional, el informe indica que el derecho humano de acceso al agua emerge como la primera prioridad, con el 55% de las menciones. Asimismo, los encuestados creen que los ríos, lagos y humedales (81%) y los océanos y playas (63%) deben ser consagrados como bienes nacionales de uso público.

“En los 10 años que llevamos realizando la encuesta, hemos sido testigos de cómo el medio ambiente se ha instalado con fuerza para convertirse en una de las tres prioridades de los chilenos y chilenas. Este es un fenómeno global, donde la juventud ha jugado un papel central. Además, la reciente crisis mundial, expresada en el surgimiento de la pandemia del Covid-19, la crisis del agua y el cambio climático, la contaminación plástica y la extinción masiva de especies, todo ha tenido un profundo impacto en la sociedad, que se manifiesta más preocupada por estos temas”, dice Claudio Azat, director del CIS UNAB.

En este sentido, cabe destacar que la “economía circular” emerge como el sistema con el que más se identifican los consultados a la hora de pensar cómo debe ser el modelo de desarrollo del país. Este concepto, que hace referencia a la reutilización de productos, en lugar de desecharlos, obtuvo el 32% de las preferencias, seguido del modelo de libre mercado (24%) y un sistema donde el Estado es dueño de grandes empresas (15%), entre otras alternativas. .

“Lo que parece relevante de este resultado es que hay una voluntad mayoritaria hacia un modelo de desarrollo diferente al que se ha llevado a cabo hasta ahora. Podríamos inferir que más allá de la definición estricta, lo que se espera es un modelo que no ponga en riesgo nuestro patrimonio ambiental y que garantice el equilibrio de los ecosistemas”, explica Iván Franchi, investigador del CIS UNAB.

La encuesta también preguntó sobre cuáles son los derechos más importantes que los ciudadanos han propuesto a la Convención para ser incluidos en la nueva Constitución, indicando nueve alternativas. La mayor preferencia fue el “Derecho a vivir en la ciudad de forma digna y segura”, con el 66% de las respuestas; seguido de “Derecho al agua potable y saneamiento” (54%) y “Derecho a la vivienda” (50%). Sólo en cuarto lugar, con el 41% de las preferencias, se encuentra el “Derecho a un medio ambiente y clima seguro”.

Dejando el tema constitucional, la encuesta también abordó temas más a nivel país, donde también se destaca cómo los materiales más ecológicos van cobrando cada vez más protagonismo. Preguntados sobre cuáles, a su juicio, son los temas más relevantes a nivel general, el medio ambiente logra la tercera preferencia (39%), detrás del crimen y la seguridad (65%) y la salud (41%). Junto a ello, la sequía se instala de lleno como el principal problema ambiental de la población, pasando del 14% en 2019 al 43% en 2022.

En relación al cambio climático, el 74% de los encuestados afirmó que la sequía es la principal consecuencia de este fenómeno en el país. Al ser consultados sobre las decisiones personales con mayor impacto para mitigar el cambio climático, favorecen el uso responsable del agua (38%) y el reciclaje (29%). Sin embargo, aunque estas medidas son necesarias para cuidar el medio ambiente, no son efectivas en la lucha contra la crisis climática, como lo son vivir sin coche (9%), tener un hijo menos (3%) y llevar una dieta basada en en hortalizas (2%).

Para Azat, estos resultados indican, “Por un lado, el alto nivel de conciencia de la población ante la amenaza del cambio climático, pero al mismo tiempo, la falta de información o una baja voluntad de cambio para combatirlo, y en ese sentido, la educación es clave”.

En la misma línea, Franchi considera que “si bien Chile, con base en sus compromisos internacionales, se encuentra sobre una buena base en materia de mitigación, el principal desafío es la reducción del riesgo climático y la adaptación al cambio, particularmente en la población de mayor vulnerabilidad, ya que como ha dicho la CIPF, aunque hoy cumplamos los objetivos de reducción de emisiones, la temperatura del planeta seguirá aumentando en los próximos años”.

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El mea culpa de fiscal Valencia por la “patrona de lujo” en Chile

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Una mujer colombiana de 47 años, apodada como la Patrona de lujo”, fue detenida durante un allanamiento en la toma “El sueño de todos” en Puente Alto. Sandra Milena Acevedo Riascos era una de las mujeres más buscada en Cali.

En 2010, la policía colombiana ingresó a la mujer a su registro de los delincuentes más buscados y está vinculada a bandas criminales de la cuidad cafetera. Pese a tener un amplio prontuario en Colombia, acorde a 24 horas, desde 2009 que vivía en Chile, luego de ingresar de forma regular al país. Tras su tiempo en territorio nacional, incluso obtuvo la residencia definitiva.

Sobre esta detención, el fiscal nacional Ángel Valencia confesó que “simplemente no la habíamos detectado y no la estábamos buscando. Y eso demuestra que nuestros sistemas de cooperación policial y judicial todavía dejan mucho que desear”.

“Nos falta mucho por avanzar en aquello. La situación de las bandas que operan de manera transfronteriza es una realidad indudable”, indicó en conversación con TVN.

El líder del Ministerio Público también apuntó a la delincuencia en las tomas irregulares: “Hemos advertido en otras oportunidades sobre las tomas de terreno controladas por el crimen organizado”.

“Históricamente en Chile las tomas de terreno estaban asociadas básicamente a organizaciones o agrupaciones de carácter popular que buscaban resolver sus problemas de vivienda y recurrían a la fuerza. Pero eran básicamente personas que se autoorganizaban, que tenían comités propios y que tomaban esa decisión. Esto fue evolucionando al loteo. Hoy en día lo que tenemos lamentablemente son muchos focos de lotes de terrenos informales en los cuales una banda toma el control”, explicó.

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Deportación de senadores: Cancillería entregará nota de protesta a embajador de Venezuela en Chile

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Esta tarde se conoció que las autoridades venezolanas impidieron la entrada a los senadores Felipe Kast y Rojo Edwards, quienes viajaron al país sudamericano para presenciar las elecciones presidenciales de este domingo, tras ser invitados por la oposición a Nicolás Maduro para ser observadores del proceso electoral.

En sus cuentas de la red social X, ambos parlamentarios criticaron la medida, la que calificaron como “completamente arbitraria”.

Ante esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, para entregarle una nota de protesta por la situación, según señalaron desde la Cancillería. La misiva fue entregada a Méndez minutos antes de las 21 horas de este viernes.

Minutos antes, la mesa del Senado había emitido una declaración en la que criticaron la “arbitraria prohibición de ingreso a territorio venezolano que sufrieron los senadores Felipe Kast y Manuel José Rojo Edwards”, por la que llamaron al gobierno de Gabriel Boric a “adoptar las medidas diplomáticas necesarias y suficientes para representar el serio agravio que este hecho constituye en contra del Estado chileno”.

En el texto, desde la Cámara Alta recordaron que ambos senadores “habían sido invitados por el candidato presidencial de la oposición, señor Edmundo González Urrutia, en un viaje autorizado por el Senado e informado a Cancillería, y cuya finalidad era la de observar el normal desarrollo del proceso electoral”.

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Senado califica deportación de Kast y Edwards como “antidemocrática”

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La mesa del Senado de Chile declaró este viernes que la deportación de los senadores Felipe Kast (Evópoli) y Rojo Edwards (PSC) desde Venezuela, constituye una acción “antidemocrática”, por lo que solicitaron al gobierno tomar medidas diplomáticas ante lo que calificaron un “agravio” en contra del país.

Los legisladores al momento de llegar a Venezuela no pudieron formalizar su ingreso a su llegada como delegación oficial de la Cámara Alta que participaría como observadores del proceso eleccionario que se realizará este domingo y donde se define la continuidad del régimen de Nicolás Maduro frente a Edmundo González, quien se perfila como potencial ganador de los comicios.

A través de una declaración, el Senado afirmó que Kast y Edwards fueron invitados por González. El periplo había sido autorizado por la corporación y también informado a la Cancillería para “observar el normal desarrollo del proceso electoral”.

“Los hechos denotan la mayor gravedad. Los senadores chilenos cuentan con todas las condiciones exigidas usualmente por la República Bolivariana de Venezuela para hacer ingreso a su territorio”, señala el escrito firmado por presidente del Senado José García Ruminot (RN) y el vicepresidente, Matías Walker (Demócratas).

En ese contexto, añaden que la acción “son antidemocráticas, y solo manifiestan el comportamiento reiterado del Gobierno de Venezuela, en orden a impedir la realización de elecciones con garantías mínimas que aseguren un resultado imparcial”.

Asimismo, las autoridades del Senado destacaron el rol de la corporación como “pilar fundamental del Estado de derecho” y “cuyos miembros tienen un compromiso irrestricto con el desarrollo y fortalecimiento de sociedades democráticas en todo el mundo”.

Debido a lo anterior, es que los firmantes solicitaron acciones diplomáticas al gobierno para “representar el serio agravio que este hecho constituye en contra del Estado chileno”.

“El pueblo venezolano merece volver a vivir en libertad, con pleno respeto y garantía a sus derechos fundamentales, y bajo condiciones que aseguren un sistema político pluralista y elecciones transparentes”, sostuvieron Walker y Ruminot.

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