El sábado 1 de junio, después de cuatro meses se acabó el plazo de vigencia del Estado de Excepción de Catástrofe decretado por el Presidente Gabriel Boric para permitir el despliegue de las Fuerzas Armadas en Viña del Mar y Quilpué, comunas afectadas por los megaincendios de febrero que consumieron 10 mil hectáreas y dejaron 135 muertos y 21.229 personas afectadas.
Apenas se cumplió el plazo la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti (RD), y los parlamentarios del Frente Amplio iniciaron gestiones públicas y privadas para disuadir el gobierno y en particular al Presidente Boric para que mantenga la medida en Viña del Mar, que en la práctica permite contar con personal del Ejército para labores de resguardo y seguir fortaleciendo las acciones y presencia del Estado en la zona cero.
Este ha sido uno de los pocos puntos en que Ripamonti ha mostrado un matiz con su par de Quilpué, Valeria Melipillán (CS), que está conforme con el fin de la medida, y ha dicho que “ya están las condiciones para que las instituciones que normalmente velan por el sistema de seguridad dentro de nuestra comuna puedan seguir funcionando normalmente”.
En el gobierno, representado por la delegada presidencial de Valparaíso, Sofía González (PC), se han mostrado contrarios a la idea de mantener la medida de excepción.
Sin embargo, Ripamonti ha insistido en el punto y, como dicen en su entorno, ha hecho llegar el mensaje “directo a Santiago”. Y en ese asunto le juega a favor que tiene línea directa con el Presidente, Gabriel Boric, quien ha estado particularmente encima de esta en esta emergencia e instruyó excepcionalmente la entrega de viviendas de emergencia en terrenos no regulados.
La alcaldesa de Viña del Mar ha defendido públicamente su aspiración de que el personal de las fuerzas armadas siga colaborando en la emergencia. Al respecto dijo: “Los vecinos me han pedido encarecidamente en cada reunión que el Estado de Excepción continúe. Sus preocupaciones no pueden sumar ahora al temor de ser víctimas, por ejemplo, de delitos en las viviendas que han logrado levantar con sus propias manos. Es imperativo que el gobierno escuche a nuestros vecinos y que brinde así seguridad y tranquilidad”.
Desde la catástrofe, la edil ha sido una de las voces más críticas al Gobierno por el avance de la reconstrucción y el manejo de la emergencia. Así lo expresó, ejemplo, durante la entrega de útiles escolares en la Villa Independencia, uno de los sectores más afectados por las llamas donde – frente al mandatario y al ministro de Educación, Nicolás Cataldo, lamentó que los enseres llegarían “a guardarse en una carpa, porque todavía no podemos llegar con las viviendas de emergencia necesarias”. “Nuestros vecinos, que son de mi responsabilidad, se sienten en el abandono”, espetó.
Esta semana el Gobierno Central desestimó el requerimiento expresado por Ripamonti y no renovó el decreto de estado de excepción. En el gobierno explican que las labores de seguridad normalmente las debe realizar Carabineros de Chile, tal como lo ha señalado la máxima autoridad edilicia de Quilpué. La insistencia de edil viñamarina apuntan a robustecer las medidas de seguridad con el despliegue militar y así no enfocar todo el contingente policial en lo sectores afectados.
En el oficialismo hay quienes respaldan la postura de la alcaldesa. Pero también varios leen su presión pública en este tema en el marco del periodo de campaña electoral donde ha reforzado su despliegue territorial. Y en el que también se ha erigido como una de las autoridades mas críticas con el avance de la recontrucción. Un llamado que el Presidente recogió en la cuenta pública.
“No estoy conforme con la velocidad de los avances de reconstrucción. Hay demasiadas familias que aún tienen incertidumbre y que después de haberlo perdido todo no les estamos entregando la solución que merecen. Por eso, he instruido a los equipos a cargo redoblar los esfuerzos para atender las necesidades de quienes han sido afectados por esta tragedia”, dijo el mandatario.
La gestión de la alcaldesa en el desastre, sin embargo, no ha estado exenta de críticas. La oposición la ha emplazo porque la Municipalidad de Viña del Mar no tenía vigente el Plan de Emergencia Comunal ni un Plan de Evacuación ante incendios y no se descarta que sea citada en el marco de la investigación judicial.
Frente a la presión por mantener a las fuerzas armadas en su zona, la alcaldesa ha recibido el apoyo de los diputados de su partido y de la oposición para volver a renovar la medida por 30 días más.
Uno de ellos es el diputado, Jorge Brito (RD), quien asegura el respaldo “a la comunidad y a la alcaldesa Ripamonti” en el marco de la solicitudes para restablecer el estado de excepción. Sobre el punto dijo que “hay muchas familias que aún no vuelven al barrio, está muy lejos de las condiciones necesarias para poder habitarse y es por eso que es importante que el Estado mantenga la presencia protagónica y a pesar de la colaboración de las policías, insistimos en la importancia de que la Armada pueda también hacerse presente y con eso resguardar los terrenos de las familias afectadas, esperando que llegue pronto la vivienda definitiva. Mientras tanto hay que acompañar a esas comunidades y no esperar a que ocurra una tragedia o un hecho de violencia para reponer el estado de excepción”.
Asimismo, el senador, Francisco Chahuán (RN), planteó que “todavía existe la necesidad de proteger a las familias damnificadas, no solo de sus pertenencias o lo poco y nada que pudieron salvar de las llamas, sino que también para resguardar las donaciones, materiales y herramientas con las cuales han iniciado el proceso de auto reconstrucción”. Insistió en que “no razón ni justificación para levantar el estado de excepción aún”.
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