El regulador de valores de China ha acusado a Evergrande y a su fundador Hui Ka Yan de inflar sus ingresos en China continental en casi US$80.000 millones durante 2019 y 2020, en un contexto donde se están dando las primeras acusaciones detalladas por parte de las autoridades para arrojar a la luz el fracaso del promotor inmobiliario más endeudado del mundo.
La Comisión Reguladora de Valores de China planea imponer una multa de 4.200 millones de RMB (US$580 millones)a Hengda Real Estate, el negocio continental de Evergrande, según una presentación de la compañía a las bolsas de Shenzhen y Shanghái que incluía acusaciones de documentación falsa en los informes financieros.
La presentación citaba una decisión preliminar de la CSRC que decía que Hui, alguna vez el hombre más rico de China, sería multado con 47 millones de yuanes y podría ser excluido de por vida de los mercados del país. Se le acusó de “instruir a otro personal” para inflar las métricas de la empresa.
Los documentos presentados, publicados a última hora del lunes, marcan un hito en el prolongado fracaso corporativo, que hasta ahora se ha caracterizado por una falta de transparencia, para los inversores internacionales que invirtieron más de US$20.000 millones en un negocio compuesto por cientos de proyectos residenciales individuales.
Evergrande, con sus más de US$300.000 millones en pasivos, llegó a encarnar los excesos de la industria inmobiliaria de China cuando entró en default a finales de 2021, precipitando un efecto dominó entre sus pares promotores que sigue pesando sobre la economía en general.
La entidad de la empresa que cotiza en Hong Kong fue declarada en liquidación en enero por un tribunal del territorio, aunque las implicaciones de la sentencia en el distinto entorno jurídico de China continental, donde se encuentran casi todos los activos de Evergrande, siguen siendo inciertas.
La presentación de Hengda citaba la decisión preliminar de la CSRC, según la cual la empresa infló los ingresos al reconocerlos por adelantado en 2019, lo que supuso un aumento de 214.000 millones de RMB -la mitad del total-, e infló los ingresos en 350.000 millones de RMB en 2020, casi cuatro quintas partes del total.
La CSRC, que según la presentación también sospecha que los bonos en el continente se emitieron de forma fraudulenta, no dio a conocer directamente su decisión preliminar y no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
Las presentaciones no se refieren a los bonos denominados en dólares vendidos por Evergrande, cuyos pagos originalmente no se realizaron en septiembre de 2021. Casi dos años de negociaciones entre inversores extraterritoriales y la empresa no lograron producir ningún plan de reestructuración viable.
Durante ese periodo, Beijing ha dado prioridad a la finalización de los proyectos residenciales iniciados por Evergrande y otros promotores.
Hui fue sometido a “medidas obligatorias” por las autoridades chinas en septiembre, según un documento de la empresa de ese momento. En enero, la sede de Evergrande, ubicada en la ciudad sureña de Guangzhou, fue rodeada por la policía y vallas recién construidas.
Los auditores de Hengda en 2019 y 2020 fueron PricewaterhouseCoopers Zhong Tian, una entidad continental afiliada a la red de PwC. PwC Zhong Tian dimitió como auditor en 2023, según documentos de la empresa.
PwC, el auditor de cuentas de la empresa en Hong Kong, dimitió el mismo año y es objeto de una investigación por parte del regulador de auditoría de Hong Kong.
PwC no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
El economista jefe de Natixis, Gary Ng, dijo que las revelaciones plantean la interrogante de si había “más trucos financieros ocultos” en los informes financieros de Evergrande.
Los datos oficiales mostraron el lunes que la crisis del sector inmobiliario chino continúa. La inversión inmobiliaria cayó un 9% interanual en enero y febrero, mientras que el inicio de nuevas construcciones se desplomó un 30%, su peor caída en más de un año.
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.