Las propuestas del CPI para lograr una inversión en infraestructura del 6,5% del PIB en tres años

En los últimos ocho años, la La Formación Bruta de Capital Fijo (GFCB) en infraestructura se ha reducido en tres puntos porcentuales, pasando del 26% del Producto Interno Bruto (PIB) del país al 23%. DDurante 2020 este índice cayó en casi US$ 10 mil millones. Es decir, pasó de US$ 68 mil millones anuales a US$ 58 mil millones. Y si bien, a lo largo del año pasado este monto fue recuperando terreno hasta llegar a los US$ 76 mil millones, aún queda mucho camino por recorrer, y en tiempos de cambios pospandemia, es pertinente “incorporar una perspectiva más estructural” a las políticas nacionales de desarrollo.

Así, al menos, lo propone el Consejo de Política de Infraestructura (CPI), que este jueves dio a conocer el tercer informe que revisa el comportamiento de la inversión en obras de uso público, y que en esta ocasión analizó las fluctuaciones ocurridas entre 2005 y 2021. .

Según el documento, la contribución del Gobierno Central en infraestructura alcanzó una inversión promedio correspondiente al 2,5% del PBI durante ese período. Es decir, alrededor del 11% del total de la FBCF. Y pasó de US$ 6.900 millones durante 2019 a US$ 6.400 millones en 2020, para luego aumentar en casi US$ 1.000 millones en 2021 como resultado de la primera etapa del Plan Paso a Paso para la recuperación del empleo.

Y a pesar de que el CPI concluye que la inversión del gobierno central aumentó su importancia en relación al PIB y la inversión a raíz de la pandemia, señalan que esto no fue percibido en su totalidad “Ante el crecimiento explosivo de la economía y la materialización de proyectos privados rezagados en 2020”, explican.

En este sentido, el CPI indica que “2022 debería suponer una cierta continuidad del impulso dado por el Gobierno a la inversión del Gobierno Central y debería empezar a notarse algo de la recuperación de la actividad de Concesiones”. Esto, de una manera superan la inversión total impulsada por el gobierno durante el último año, que alcanzó el 3% del PIB.

Y es por ello que el ayuntamiento plantea una serie de medidas para pasar del 4,5% de inversión en infraestructuras de uso público del PIB, al 6,5% en tres años”para asegurar el desarrollo económico” del país.

“Muchas de las cosas que se reclaman hoy en día en cuanto a la falta de servicios tienen que ver con la inversión. cuando no hay suficiente inversión, eso se traduce en descontento y una forma inflacionaria importanteporque no hay capacidad en el país para responder a las demandas productivas y de servicios que tiene la comunidad”, explica Carlos Cruz, director ejecutivo del CPI.

Cartera fija de proyectos

Entre las primeras conclusiones, Cruz sostiene que desde el cabildo visualizan que en el país “en general hemos tenido menos inversión de la que se requeriría, y los esfuerzos que ha hecho el sector público no son suficientes para compensar esa disminución”. eso ha estado en la inversión”. Y en este sentido, cabe señalar que, según el informe, entre 2005 y 2021 el MOP concentró el 40,1% de la inversión en infraestructura de uso públicoy que entre 2020 y 2021 incrementó su inversión en cerca de US$900 millones, lo que representa casi un 30% más de demanda institucional, superando el récord histórico de inversión de 2013 (US$2.861 millones).

A estos esfuerzos le siguen el Minsal con una inversión del 14,5%, Interior sin Subdere con el 14,1% y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo con el 8,1%.

Asimismo, el director ejecutivo del CPI señaló que un segundo hallazgo es que “Muchas veces se piensa que dada la libertad y las debilidades que tiene la inversión pública, la forma de compensar es a través del sistema de concesiones”.

Y que, ante este escenario, “lo que llama la atención es la falta de una cartera permanente de proyectos licitados”. Ello, dado que a su juicio, “se abandonó la idea de que las concesiones eran un instrumento que podía complementar debidamente la inversión pública en infraestructura pública. Y ese abandono data de hace 15 años”, dijo.

Mayor inversión en proyectos estatales

Por su parte, Carlos Cruz se refirió a “la importancia de la inversión en algunas empresas estatales”. Y sostuvo que pese a la impresión en el sector de que ha habido empresas que “han sido muy activas en la inversión”, y que “de algún modo pueden compensar el saldo”, como Metro y EFE, “eso no es tan que tampoco”, dijo el ejecutivo.

“Cuando miras las cifras, te das cuenta de que la inversión en estas empresas, aunque es importante desde el punto de vista de lo que son Metro y Ferrocarriles (…) no pueden volar. Estamos hablando de una inversión total del 0,2% del PIB total, lo que claramente no es significativo desde el punto de vista de los retos que tenemos como país”, comentó.

Asimismo, el ejecutivo dijo que “el Estado que debe negociar con las comunidades, debe ponerse a disposición de las comunidades para ver cómo se hace, y no el privado”. Ello, para que sea el Estado el que “debe ser el que esté en primera línea, en la conversación con la comunidad”, según él.

En ese mismo sentido, Cruz fue claro al decir que “Las concesiones tienen que estar mucho más ligadas a las comunidades que interfieren. No puede ser simplemente un servicio que se le da a los usuarios (…) tienen que ser, de alguna manera, inversiones que complementen el beneficio que se le da a los usuarios”.

Y agregó que debe haber “contratos mucho más flexibles en cuanto a la capacidad de adaptarse gradualmente a las nuevas exigencias del tiempo”. Hemos visto como las tecnologías cambian y eso no se puede permitir. No se puede esperar a que finalice el contrato para incorporar nuevas tecnologías, que es lo que pasó con el flujo libre (Del camino)”.

Finalmente, Cruz destacó que en un cuarto aspecto se refirió a la importancia de la inversión privada en infraestructura privada, y apuntó a un mayor apoyo al desarrollo de “telecomunicaciones, energía, puertos privados y saneamiento”.

Próximos desafíos gubernamentales

Respecto a las proyecciones realizadas por el cabildo, Carlos Cruz mencionó que a pesar de las muestras de colaboración mostradas por el gobierno y la cartera de Obras Públicas, a su juicio, “Es poco probable que el Estado incremente su capacidad inversora”.

“Creo que debemos proyectarnos como un país con una inversión muy estable de alrededor del 2,5% para los próximos años. Dudo que la administración de Marcel vaya a ser más generosa en inversiones dadas las presiones que enfrenta desde el punto de vista social. Por lo tanto, creo que una aspiración razonable es asegurar el 2,5% de la inversión del PIB en inversión con recursos públicos”, agregó.

Entre los mayores retos que plantea el CPI se encuentran “la plena actividad de los proyectos EFE y Metro, además del esfuerzo del Minvu para avanzar en la reducción del desabastecimiento de vivienda, y del Ministerio de Deportes para ponerse al día con las inversiones requeridas para los Juegos Panamericanos de 2023″.

Y lo que se busca, en concreto, es lograr esa inversión en infraestructura de uso público correspondiente al 6,5% del PIB sobre la base de los siguientes pilares: Superar la inversión del 2,5% del PIB en inversión pública directa; pasar del 0,3% de inversión del PIB de EFE y Metro al 0,8%; en concesiones pasar de 0,3% a por lo menos 1,2%; y en la inversión privada avance del 1,5% al ​​2% del PIB.

“Creo que hoy en día este país tiene una cantidad enorme de proyectos de infraestructura que se pueden realizar a través del sistema de asociación público privada y por lo tanto es perfectamente posible empujar, empujar ese carro de proyectos para poder lograr iniciativas”, dijo Cruz. Y ejemplificó con el sector del transporte, las carreteras, la red ferroviaria, el sistema penitenciario, etc.

“Esto requiere de un gran acuerdo entre el Estado y el sector privado, y es parte de los desafíos que creemos que debe asumir el gobierno. (…) y empezar a mirar el desarrollo del país para cumplir con este cambio social y poder cumplir con los requerimientos que tiene”, concluyó Cruz.