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Las (¿tardías?) gestiones del G9 para que la nueva Constitución incluya un reconocimiento a las universidades no estatales

Martina E. Galindez

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La Red de universidades G9, que son consideradas universidades públicas no estatales, no se da por vencida. Luego de que el grupo acusara un “trato preferencial” del gobierno y la Convención hacia las casas de estudios de educación superior estatales, ahora, a pesar de que ya hay un proyecto de Constitución entregado y a punto de ingresar a la Comisión de Armonización, las instituciones insistirán en su idea de ser consideradas explícitamente en el texto que luego será presentado a la ciudadanía para ser votado en el plebiscito de salida. Los brazos están lejos de bajar, a pesar de los tiempos limitados.

El malestar de la red se arrastra desde hace varios meses y las universidades que la componen (todas las católicas, Concepción, Federico Santa María y Austral) han desplegado de manera conjunta y separada diversas estrategias para hacerse escuchar. Y de paso, incluido en el horizonte tanto del Ejecutivo como de la Convención, con una marcada estrategia de comunicación, pero también con acciones concretas.

Por ejemplo, Ignacio Sánchez, rector de la Pontificia Universidad Católica, dijo este lunes que respecto a la salida territorial de la Convención al norte del país, señalarían directamente a la junta directiva de la Convención en su deseo de incluirse dentro de los artículos del proyecto. que se refiere a la educación superior. “Hoy en Antofagasta le entregarán una carta a la presidenta de la Convención (María Elisa Quinteros), del G9, una propuesta para modificar ese artículo porque claramente no nos ha dejado satisfechos y no lo estaremos si así queda definitivamente.”, dijo la máxima autoridad de la PUC en Radio Duna.

Pero, ¿a qué apunta el rector Sánchez? Dentro de los artículos que se refieren a la educación superior, lo que mas complica al G9 esta concretamente en el articulo 17que dice que la educación será universalmente accesible en todos los niveles y obligatoria desde el nivel básico hasta la educación media, y que profundiza en ello “El Sistema Nacional de Educación estará integrado por los establecimientos e instituciones de educación preescolar, básica, media y superior, creados o reconocidos por el Estado”. El texto también, entre otras cosas, dice que será la ley la que establecerá los requisitos para dicho reconocimiento oficial y que el Estado deberá financiar este sistema de manera “permanente, directa, pertinente y suficiente, a través de aportes basales, para al cumplimiento pleno y equitativo de los fines y principios de la educación”.

“Esperaríamos que instituciones de nuestro carácter también fueran consideradas en el financiamiento, porque el texto solo habla de financiamiento básico para los que son del Estado y que el resto estará sujeto a leyentonces se corre el riesgo de que esto no se quede en el papel y por ende se corre el riesgo de no financiarnos y poner en jaque a todo el sistema si no contamos con el apoyo adecuado para realizar la labor de aporte público”, dice. rodrigo aldarector de la UC del Norte, quien fue el encargado de entregar la mencionada carta al presidente de la Convención y al vicepresidente Gaspar Domínguez cerca del mediodía de este lunes.

En esa carta, la Red G9 se propone dos cosas: ser reconocida a la par de las universidades estatales e insistir en su iniciativa estándar.

En cuanto a lo primero, desde el grupo señalan que la propuesta apunta a un reconocimiento igualitario de sus instituciones con las del Estado en materia de preservación de garantías al régimen de financiamiento y protagonismo en el sistema nacional de educación pública. Lo consideran fundamental para resguardar la posibilidad de seguir desempeñando, “sin discriminación y en condiciones de igualdad con las instituciones del Estado”, el papel que, dicen, las casas de estudio G9 vienen desarrollando desde hace décadas.

“Hoy, como todo es blanco o negro, Se habla de las universidades públicas como si fueran sólo sinónimo del Estado y no se reconoce el trabajo que ha desarrollado este grupo del G9. No se da a entender que podamos tener el carácter de ser reconocidos por el Estado y recibir financiamiento como cualquier universidad que realiza una obra pública.. Parece contradictorio que cuando hablamos de un sistema integrado no se tenga en cuenta a las instituciones que hacen aportes públicos”, agrega el rector Alda.

En la carta, agregue Carlos Saavedra, rector de la Universidad de Concepción y presidente del G9, “reforzamos lo que proponemos en la iniciativa popular de la norma sobre el reconocimiento de las universidades que integran el G9, que atiende al papel histórico que hemos tenido en la construcción del sistema universitario chileno”. Y añade que esperan que en cuanto a “reconocimiento, compromiso y aportes básicos, tenga un cariz equivalente al que ya tuvo en la Constitución del 25 y su posterior reforma”. Este reconocimiento, cree, todavía es posible. “Pensamos que hay espacios en la redacción actual del borrador donde se pueden integrar universidades como la nuestra.. En el proceso de Armonización creemos que se pueden incorporar las universidades del G9 y eventualmente otras que puedan tener características similares”.

Precisamente, la premisa del G9 es que a pesar de que ya se entregó el borrador, todavía tienen margen de acción. “Creemos que todavía hay espacio para poder cambiar, cosas que podrían ser más inclusivas en algunas definiciones que están en el documento actual.señala Alda. Y agrega: “No es una queja, es más una propuesta que sea considerada en los procesos de armonización. Somos optimistas de que ojalá no se cometa un error histórico, que terminaría con una visión no integral del sistema”.

El rector Saavedra también revela que esta idea ya se planteó con algunos convencionalistas en conversaciones individuales. “Nos han expresado esa posibilidad de apertura en el proceso, confiamos en que estos aspectos serán reconocidos”.

Respecto a esta idea, Andrés Cruz, miembro del Colectivo Socialista y miembro de la Comisión de Armonización, cree que “la regla es contradictoria y debe aclararse su redacción“, además de ser “de acuerdo con la preocupación del G9″.

Por su parte, Tomás Laibe (PS), vicepresidente adjunto de la Convención, cree que la comisión “tiene la facultad de proponer al pleno para resolver inconsistencias u omisiones graves, pero es muy difícil que esto implique cambios en el fondo del texto”. En ese sentido, dice que lamenta “que no se contemplara el financiamiento de organizaciones no estatales, fue algo que el Colectivo Socialista sí apoyó, con restricciones. Pero creo que no hay obstáculos para que el legislador contemple un marco de financiamiento para estas entidades”.

Mientras que Alondra Carrillo (Movimientos Sociales Constituyentes), dice que dicha comisión “su propósito no es alterar la sustancia de las disposiciones aprobadas por la Convencióny que “parte de la confianza depositada en su obra reside precisamente en que esta debe respetar que el proceso de toma de decisiones políticas ya ha tenido lugary que en base a estas decisiones se debe desarrollar la labor de dar coherencia, resolver posibles vacíos y proponer un texto armónico a la población”.

Dijo que es: El G9 también insistirá en incluir de alguna manera la iniciativa de una norma que obtuvo casi 17 mil firmas de apoyo, cuyo objetivo fue expresar la urgencia que en la nueva Constitución la autonomía de las universidades en todas sus dimensiones. (académicas, administrativas y económicas) para realizar libremente sus propios proyectos educativos. Asimismo, consideraron que el nuevo texto constitucional debe garantizar la libertad de enseñanza, y expresaron su visión sobre una oferta de educación superior mixta, diversa, estatal y no estatal, laica y confesionalque permite a las personas elegir.

Pero la carta no es lo único, ya que las universidades de la red ya comenzaron a distribuir el borrador en sus comunidades para que se enteren de lo que se está escribiendo. “Esperamos, en virtud de cómo se desarrolle este proceso, definir algún tipo de acción para que esta nueva Constitución sea casa de todos y nadie quede fuera”, confía el rector Alda. Y cierra: “En el formato que tiene hoy, mirando el impacto que podría tener en nuestras comunidades, hay una llamada de atención para estar bien informados. No podemos pedirle a la gente que vote de tal o cual manera, pero como instituciones tenemos que mostrar esto, esto hipoteca el sistema”.

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