Este lunes fue aprobada la ley que envió el Ejecutivo para viabilizar el fallo de la Corte Suprema que mandata a las isapres a aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir los cobros en exceso. Sin embargo, la iniciativa de La Moneda sufrió un traspié en sala, pues con las nuevas indicaciones se redujo el cálculo de la deuda a US$ 451 millones, menos de la mitad de lo que ha aproximado la Superintendencia de Salud. Esto desató la ira de los parlamentarios oficialistas.
En la DC y las huestes del gobierno consideraron esto como un verdadero “perdonazo”.
Por esta razón, los senadores oficialistas solicitaron que el Ejecutivo recurra al Tribunal Constitucional de forma inmediata. Sin embargo, casi al instante, el titular de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, lo descartó, al menos hasta que el proyecto de ley corta de isapres culmine su tramitación en el Congreso. Esto, pese a que habían hecho reserva de constitucionalidad en la sala.
“Nosotros esperamos la total tramitación de un proyecto y, sobre esa base, tomar decisiones”, dijo el secretario de Estado.
Su par de Salud, Ximena Aguilera, en tanto, aseguró que “como mencionó el ministro Elizalde veremos como avanza la tramitación en la Cámara, pero es un tema que siguiéremos discutiendo”.
¿Las razones? De acuerdo al Ejecutivo, son estrictamente técnicas, pues ahora no les hace sentido recurrir al TC, cuando aún quedan trámites pendientes. Además, varios apuestan a que la mutualización quedé fuera durante la tramitación en el Congreso. Incluso, ya varios diputados adelantaron que rechazarán este artículo.
Otra de las razones que expone el gobierno es que estratégicamente lo que hay que hacer es esperar el debate final, pues el recurrir ahora abriría nuevamente los alcances que tiene la sentencia de la última sala, lo que se podría traducir en un problema institucional.
Más allá de que las autoridades hayan explicado que las razones son técnicas, la decisión del Ejecutivo abrió un nuevo flanco con los senadores oficialistas, quienes quedaron disconformes con la situación. Además, se dio en un contexto en que la derecha y los sectores empresarias presionan para no dejar “caer” a las isapres.
Por esa misma razón, un grupo de legisladores decidieron solicitarle por su cuenta al TC que se pronuncie.
“Un grupo de 17 senadoras y senadores recurriremos ante el Tribunal Constitucional, para evitar que el artículo de la ley corta de isapres que permite la mal llamada ‘mutualización’ de la deuda de las isapres, afectando nuevamente a sus afiliados, siga avanzando”, dijo el PS Alfonso de Urresti.
En representación del Frente Amplio, su único senador, Juan Ignacio Latorre, añadió que “vamos a ocupar todas las herramientas que están a nuestras manos y, por lo tanto, hemos decidido recurrir al TC en los próximos días”. Su vocería la realizó en la Cámara, flanqueado por parlamentarias de la coalición base del Presidente Gabriel Boric.
Eso sí, en los pasillos del Senado aseguran que a pesar de las declaraciones más duras que han emitido algunos senadores, la gran mayoría ha entendido las explicaciones del gobierno.
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