Si de temas urgentes se trata, el 2023 tiene un punto gravitante en el Congreso: la Ley Marco de Ciberseguridad e Infraestructuras Críticas, que culmina su primer proceso en las comisiones mixtas de Defensa y Seguridad Pública del Senado.
La norma busca según el mensaje del Ejecutivo “establecer la institucionalidad necesaria para fortalecer la ciberseguridad, ampliar y fortalecer el trabajo preventivo, la formación de una cultura pública en materia de seguridad digital, enfrentar contingencias en los sectores público y privado, y salvaguardar la seguridad de las personas en el ciberespacio”.
El Senador por Renovación Nacional Kennet Pugh señala que Se ha avanzado un 75% en la tramitación, en particular de las 185 indicaciones ingresadas por el Gobierno y parlamentarios, las que abordan definiciones, competencias, ámbito de actuación y creación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI).
“Llegó a la indicación 140 y Estamos programados para el día 7 del próximo mes. Si seguimos avanzando a buen ritmo, podría aprobarse en la comisión durante marzo y en la Cámara en abril”, dijo Pugh.
Destacó que la creación de una ANCI “es una necesidad actual en el mundo completamente digitalizado. Equivale a desplegar capacidades de prevención y reacción en el ciberespacio. Es muy relevante que todos los sectores regulados cooperen entre sí, entregando información oportuna y completa, ya que en ciberseguridad no hay competencia, sino colaboración”.
se debe notar que ANCI tiene como objetivo asesorar al Presidente de la República en la protección del ciberespacio nacional y coordinar las diferentes instituciones encargadas de la ciberseguridad del país, regulación que existe en varios países europeos.
El senador espera queesta ley puede ser promulgada este año, ojalá durante el mes de octubre, mes nacional de la ciberseguridad. El gobierno ya tiene asignado el presupuesto para empezar a comprar equipos y contratar a los mejores”.
El informe financiero de la nueva normativa establece que el gasto fiscal en que incurrirá la aplicación del proyecto a partir de la contratación de 19 personas para integrar la agencia y otras divisiones, para lo cual se estima un gasto de $578 millones al año, más un costo anual de alquileres y servicios básicos de $200 millones.
Para el senador Gastón Saavedra (PS), este proyecto “es una necesidad de país, se avanza en consenso para tener un organismo, pero también para instalar la ciberseguridad como uno de los puntos clave para ayudar a cuidar al Estado, a las personas y también a las empresas. Ya nos pasó con los hechos donde el Estado conjunto fue intervenido por atentados y los riesgos que eso también tiene para el país en ámbitos como la banca, Codelco o hasta Carabineros”.
Del Ministerio del Interior, El coordinador nacional de ciberseguridad, Daniel Álvarez, señaló que “las obligaciones generales y particulares en el ámbito de la ciberseguridad, especialmente para servicios esenciales y para operadores de vital importancia, que son los que podrían afectar el funcionamiento del país en caso de un incidente grave de ciberseguridad”.
Lo anterior implica que La dependencia podrá emitir reglamentos técnicos generales y normas mínimas de ciberseguridad y dar instrucciones a los organismos estatales y privados cuya infraestructura de información sea calificada como crítica, la cual podrá ser para algunos servicios básicos, actividades económicas o financieras, telecomunicaciones y otros.
Explicó que la necesidad de crear una agencia se debe a que en ciberseguridad debe haber un agente líder tanto para el sector público como para el privado, “porque mejora la capacidad de prevención de incidentes o ataques, así como de respuesta, porque En ciberseguridad se habla de que más que ser infalible, lo importante es ser resiliente, y si contamos con una autoridad pública con competencia en materia pública y privada, se incrementará la capacidad de resiliencia del sistema para una respuesta coordinada”.
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