Casi cinco meses han pasado desde que se destaparon las irregularidades en los millonarios traspasos de fondos desde reparticiones del Estado a fundaciones. Los convenios suscritos entre la Fundación Democracia Viva y la Seremía de Vivienda de Antofagasta y los conflictos de interés entre sus protagonistas, han sido calificados como parte de un caso de corrupción, desde el mismo gobierno. Diferentes actores políticos, se han visto vinculados a los hechos, ya sea por conexión directa a la fundación o por su conocimiento de la situación que se estaba viviendo con los convenios.

La diputada Catalina Pérez -suspendida de su militancia en RD e involucrada en el caso emblema-, dio una entrevista a La Tercera, después de haber guardado silencio durante todos estos meses. “La primera semana de junio, cuando me llega la información, inmediatamente me comunico con autoridades de partido y de gobierno y le pido a mi equipo que recurra a Contraloría”, dijo. Entre las personas a las que había informado están el senador, y expresidente de RD, Juan Ignacio Latorre y la subsecretaria de Vivienda de ese entonces, Tatiana Rojas (RD).

Las primeras declaraciones de Latorre apuntaron a que la colectividad tomó acciones luego de que los líos de platas se dieran a conocer a través de los medios de comunicación. Además, se refirió a las medidas que había tomado su partido como “dolorosas”. “Hemos expulsado a dos militantes involucrados en la firma del convenio, tenemos a una diputada suspendida, hemos pagado responsabilidades políticas con la subsecretaria de Vivienda, nos hemos querellado para llegar al fondo de la investigación”, sostuvo en referencia a la expulsión del representante legal de Democracia Viva, Daniel Andrade y del exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, expareja y exjefe de gabinete de la diputada Pérez, respectivamente. Latorre también se refería a la renuncia de la entonces subsecretaria Rojas, y a la suspensión de la militancia de Pérez.

Sin embargo, meses después de esto, se destapó que la directiva del partido habría estado en conocimiento de la situación antes de su destape en los medios. Según pudo confirmar La Tercera PM, fue a través de una cita en Zoom que habrían sido informados de los primeros antecedentes de los hechos.

Por su parte, el partido, explica en una querella presentada que los primeros indicios del tema salieron a través de un chat, donde la secretaria general, Araceli Farias, detalló lo que sucedía, exigiendo la presencia del entonces presidente del partido, Juan Ignacio Latorre.

Después de esto, en el texto entregado por RD, señalan que en cuanto Latorre se entera, conversa con la diputada Pérez donde ella, en palabras del senador, habría “minimizado” la gravedad de los hechos.

“Supuse que ella en su calidad de abogada y promotora acérrima de la probidad tenía todo en orden, sin embargo, con la finalidad de resguardarla a ella –en quien, reitero, confiaba profundamente- y evitar cualquier interpretación inadecuada, le sugerí que enviara un oficio a Contraloría General de la República para que se pronunciara acerca de los convenios”, explicó el expresidente RD en el texto de la querella.

Cuando se le consultó a Latorre si había informado a alguien del gobierno, él lo negó. Sin embargo, en una de sus declaraciones se le preguntó directamente por Miguel Crispi y el senador dijo: “No voy a responder eso”. Esto, causó indignación en La Moneda y en el comité político, sobre todo, porque con sus dichos -según leyeron en Palacio- provocaba un manto de dudas sobre uno de los asesores de confianza del Mandatario.

A dos meses de la polémica y horas después del cambio de gabinete -en el que RD quedó reducido únicamente al Ministerio de Bienes Nacionales- la directiva de la colectividad presentó su renuncia. Si bien, han asegurado que continuan aportando antecedentes a la investigación, el senador Latorre se ha mantenido en silencio respecto al tema, incluso luego de las declaraciones del secretario ejecutivo de RD, Edson Dettoni y ahora de la diputada Pérez.

En la entrevista, Pérez aclaró que una de las personas a las que avisó sobre las irregularidades fue a la entonces subcretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, lo que volvió a hacer resonar su nombre en el lío de platas.

Fue en el mes de junio, justo unos días después de que se destapara el caso en la prensa, que se dio a conocer que Rojas habría estado al tanto de la situación desde mayo, producto de la filtración de un correo electrónico de parte de funcionarios del Serviu que la ponían al corriente de las irregularidades.

Cuando fue consultada por esos antecedentes la exsubcretaria explicó que comenzó a recopilar “todos los antecedentes necesarios para poder tener información clara al respecto. Lo que yo hice en ese minuto es enviar un correo solicitando a la autoridad máxima de la región que me reportara detalladamente punto por punto lo que en esa acusación se exponía”.

El lío de platas que involucró a Democracia Viva, le costó el cargo a la exsubsecretaria. Fue el mismo Presidente Boric quien exigió su renuncia después de que ella admitiera haber estado al tanto de la situación y no haber informado al jefe de Vivienda, Carlos Montes.

A pesar de ser la única autoridad del gobierno que dejó el cargo producto de los hechos, Rojas fue despedida con ramos de flores y entre aplausos por el resto del equipo de la Subsecretaría.

“En el Ministerio, todo el mundo la estima mucho. La queremos mucho, es doloroso lo que ocurre. Sin embargo, así es la vida pública. Si bien, ella estaba siguiendo los hechos probablemente hubo cosas que debió haber hecho antes que otras y a partir de lo cual se generó una situación política. Se estimó que había responsabilidades en eso, y a partir de eso se le pidió la renuncia”, dijo el ministro Montes, después de la salida de Rojas.

Con el nuevo informe de Contraloría, resuena nuevamente el nombre del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes. En el texto se señala una falta de control por parte de las reparticiones regionales, además de graves irregularidades y de patrones claros que se repitieron en las diferentes regiones del país.

Esto pone en cuestionamientos el rol del ministro, desde la oposición el jefe de la bancada de diputados UDI, Guillermo Ramírez, junto al diputado Juan Antonio Coloma exigieron al Presidente Gabriel Boric que “remueva” a Montes. Otras autoridades del sector cuestionan que las situaciones “hayan pasado bajo sus narices, en 15 seremías”, en palabras del diputado y presidente de la Comisión Investigadora de los líos de platas de la Cámara, José Miguel Castro (RN).

Cabe recordar que la posición que ha mantenido el ministro Montes respecto al caso es que él no tenía conocimiento de los hechos antes de que se revelara en los medios. Versión que también aseguró la exsubcretaria de Vivienda, Tatiana Rojas.

Las declaraciones del jefe de asesores de la Presidencia, Miguel Crispi (RD) en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados y Diputadas el 6 de noviembre, encendieron nuevamente el ambiente sobre el caso Democracia Viva. En concreto, el exdiputado afirmó que él tomó conocimiento del caso el 7 de junio, es decir, nueve días antes de que el medio Timeline diera a conocer el entramado entre los militantes de RD: Carlos Contreras, Daniel Andrade y la diputada, Catalina Pérez. Además, aseguró que no transmitió esta información al Presidente Boric, ya que se trataba de un rumor.

No obstante, Crispi reveló que conversó por teléfono sobre la situación con la entonces subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas. “Le digo a la subsecretaria que tome el caso, que lo investigue”, dijo.

Con ello, se puso en duda cuánta información manejaba el gobierno respecto del caso. Asimismo, al interior de los partidos del oficialismo se cuestionó si realmente Crispi no informó al Mandatario antes del 16 de junio, fecha en la que el gobierno dice haber tomado conocimiento de las irregularidades.

“Cuando uno tiene un rumor de este nivel, ¿no se lo dice al Presidente? O sea ¿de qué asesor estamos hablando? Se enredan ellos mismos (…) Él dice que no le informó al Presidente durante ese mes, cuando esta cuestión iba escalando, cuando la propia Catalina Pérez dice que ya había hecho la denuncia a la Contraloría”, dijo esta mañana el diputado Andrés Jouannet, presidente de Amarillos por Chile en conversación con Mega.

“Ha dañado mucho la imagen del gobierno, del Presidente, porque entra en duda si el Presidente sabía o no”, agregó.

Otras figuras políticas, también han cuestionado que no se haya informado al Presidente antes de que se destapara el caso. El diputado Raúl Soto (PPD) cuestionó esta mañana la demora de Crispi. “El jefe del Segundo Piso de La Moneda, dejó pasar nueve días para informarle a su jefe de un eventual delito de corrupción que estaba ocurriendo en el gobierno. Eso me parece de una falta de diligencia tremenda, y yo creo que es el Presidente el que tiene que evaluar su continuidad”, aseveró.

Algunos parlamentarios del Socialismo Democrático, además, han expresado sus reparos sobre la composición del Segundo Piso, solicitando la salida de Crispi y el ingreso de la coalición en los equipos más cercanos al Mandatario.

“A la luz de los hechos es absolutamente necesario que ingrese gente de Socialismo Democrático al Segundo Piso”, dijo el senador Gastón Saavedra (PS) un día después de la exposición de Crispi ante la Cámara. “En lo personal, me gustaría que el partido estuviera en el Segundo Piso y es parte de las demandas que le hemos hecho desde marzo de este año al gobierno”, señaló por su parte, el presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos.