La discusión de la ley de infraestructura crítica, que regula el uso de las FF.AA. para custodiar lugares estratégicos (por ejemplo, centrales energéticas, puntos de abastecimiento de alimentos, recintos públicos o carreteras) y colaborar complementariamente en seguridad interna y orden público, es el tema por el que el Presidente de la República, Gabriel Boric, convocó este lunes al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena).
La cita comenzará a las 11 horas en La Moneda.
Si bien el año pasado ya se había publicado una reforma constitucional que permitía al Presidente de la República disponer de militares para proteger recintos y áreas sensibles (por ejemplo, la medida ya se está aplicando en zonas fronterizas en el norte), el gobierno ingresó un proyecto de ley para precisar en detalle qué se entiende por infraestructura crítica y cuáles son las atribuciones del personal castrense desplegado.
El problema es que desde las propias FF.AA. han surgido dudas respecto de su capacidad para intervenir en zonas urbanas o altamente pobladas. Salvo emergencias como los incendios que afectan la Región de Valparaíso, hasta el momento los despliegues militares de carácter permanente, en el norte por la crisis migratoria y en el sur (bajo la medida de un estado de excepción constitucional), se ejecutan principalmente en áreas rurales o desérticas.
Sin embargo, Boric estaba enfrentando una fuerte presión de alcaldes del oficialismo y de parlamentarios de la oposición y de sectores no alineados para disponer de las FF.AA. en el combate de la delincuencia, especialmente en la Región Metropolitana, ya sea por decretos de protección de infraestructura crítica o mediante estados de excepción constitucional.
Originalmente la idea del Ejecutivo era apostar al fortalecimiento del Plan Calles sin Violencia en la Región Metropolitana.
No obstante, en vista de ciertos hechos como el homicidio de dos transportistas agrícolas, que derivó en una amenaza de paro de parte de los camioneros, el gobierno se vio obligado a dar una señal más dura y citar al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), a pesar que esa convocatoria había sido descartada a inicios de enero por la propia ministra vocera, Camila Vallejo (PC).
“El próximo lunes, y así se lo comuniqué a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y al ministro (Álvaro) Elizalde, a la contralora y a los presidentes de las cámaras del Congreso, he decidido convocar al Consejo de Seguridad Nacional, el Cosena, para el próximo lunes, a primera hora, para poder recibir comentarios y aportes acerca de la mejor forma de implementación del proyecto de infraestructura crítica, que actualmente está en tramitación en el Congreso Nacional, y que nos permitirá contar con dotación militar donde haya que reforzar la acción de las policías”, dijo el Mandatario la semana pasada, anotándose un nuevo giro en materia de seguridad y orden público.
El nuevo vuelco de Boric generó revuelo en las filas oficialistas, ya que él mismo había sido un férreo opositor a utilizar esa herramienta. “En vez de convocar al Cosena, el Presidente (Sebastián) Piñera debiera convocar al plebiscito”, escribió Boric en 2019, en su cuenta de Twitter cuando el exmandatario convocó al Cosena durante el estallido social.
No obstante, la mera convocatoria del Cosena no es suficiente para calmar a la oposición ni tampoco para sofocar la inquietud de las FF.AA.
De hecho, uno de los puntos que plantearán los presidentes del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), y de la Cámara de Diputados, Ricardo Cifuentes (DC), serán las atribuciones y los límites del personal uniformado en un eventual despliegue en zonas urbanas.
Este tema está estrechamente ligado con otra iniciativa legal del gobierno sobre Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), es decir, en qué circunstancias los uniformados pueden usar su armamento, esencialmente de guerra, para repeler eventuales ataques o evitar la comisión de un delito. Este proyecto está trabado en la Cámara, por lo que el Senado paralelamente está discutiendo una moción alternativa. Tampoco se descarta que el Ejecutivo presente indicaciones en la reforma sobre infraestructura crítica para resolver ese nudo.
“Este tema ha sido tratado y el gobierno se comprometió a presentar una indicación. Ha estado paralizado el tema. Hay que establecer cuáles son esas reglas”, comentó el diputado Cifuentes, quien en los últimos días se reunió con dirigentes del gremio camionero, a quienes también intentará representar en la cita con el Presidente Boric.
El presidente del Senado, por su parte, llevará una inquietud de su sector que tiene directa relación con lo que ocurrió en Chile en dictadura y durante el estallido social: el riesgo de que una intervención militar, aún cuando sea avalada por un gobierno de izquierda, se transforme en un nuevo “desfile de militares por tribunales”.
“Primero, yo valoro la convocatoria. Recordemos la vez anterior, el debate que se dio hace cuatro años por el resguardo de la seguridad nacional… Es muy necesaria una instancia de esta naturaleza… Segundo, obviamente llevaré un planteamiento sobre los problemas de seguridad que vive el país. Y he dicho en muchas entrevistas que cualquier mejoramiento de normas sobre infraestructura crítica debe ir acompañada de reglas de uso de la fuerza consistentes con esa función. Eso no se ha resuelto de buena manera”, comentó Coloma.
El senador UDI Iván Moreira explicó que “si el gobierno le pide a las FF.AA, salir a las calles para cooperar en el orden público y el combate de la delincuencia, el terrorismo y el narcotráfico, el gobierno debe darle certezas a las FF.AA. y garantías de que después no vendrán estas presentaciones en los tribunales y en el Instituto Nacional de Derechos Humanos”.
Incluso, en un tono más escéptico se manifestó el senador Kenneth Pugh (independiente RN), presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara Alta, almirante en retiro y uno de los autores de la reforma constitucional sobre infraestructura crítica, pero que cuestiona la ley que impulsa La Moneda.
A juicio de Pugh, esta iniciativa no sirve para el combate de la delincuencia, ya que está pensada para ampliar la protección de recintos como los que ya actualmente custodian las instituciones castrenses, por ejemplo, instalaciones de investigación de energía nuclear, hoy bajo la vigilancia del Ejército, o la labor que realizan la Armada y la Fach en puertos y aeropuertos, respectivamente. “La ley de infraestructura crítica no resuelve el problema que Chile está enfrentando (sobre delincuencia). Chile enfrenta un problema de rápido despliegue y de control territorial del crimen organizado. Soy uno de los autores, por lo tanto, sé de lo que estoy hablando. Esta ley sirve para proteger un espacio físico, que tiene un perímetro, que todo el mundo entiende”, comentó legislador, quien cree que perfeccionar el Sistema de Inteligencia es más importante para el combate de la delincuencia.
En todo caso, independiente de sus reparos, Pugh explicó que este lunes estará en funciones en la sede del Senado, a la espera de las conclusiones del encuentro en La Moneda y el mensaje que le transmita el presidente de la Cámara Alta, por si es necesario convocar a un trabajo legislativo durante enero.
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