El gerente general de Cooke Aquaculture Chile, Andrés Parodi, no tiene pelos en la lengua al criticar a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).
Hoy el conflicto entre la salmonera y la entidad liderada por Marie Claude Plumer tiene que ver con la paralización de un centro de cultivo, debido a una medida provisional que obtuvo la SMA en el Tercer Juzgado Ambiental. Esa fue la gota que colmó un vaso que se venía llenando desde 2021 y eso vuelve a poner sobre la mesa las discrepancias regulatorias en torno a la industria acuícola.
“Esto no es el Lejano Oeste, no me metí al mar y tiré una jaula con peces, las ubicaciones las concedió el Estado”dice el director general de la granja de salmón.
La familia Cooke fundó la empresa en 1985, en New Brunswick, Canadá. Comenzó como una piscifactoría familiar, pero hoy (todavía dirigida por uno de sus fundadores, Glenn Cooke) se ha convertido en una firma que factura 4.000 millones de dólares al año, con 15.000 empleados, operaciones en 13 países y con diferentes líneas de negocio que van desde harina y aceite de pescado hasta cultivos de camarón, lubina, dorada y salmón.
A pesar de su tamaño, en Chile es pequeño. En 2008 adquirió Salmones Cupquelán y continúa operando las mismas concesiones que tenía esa firma. Produce alrededor de 20.000 toneladas de salmón al año, diez veces menos que AquaChile, la empresa que lidera el mercado.
Parodi, director general regional desde 2014, dice en conversación con DF que nunca han tenido problemas. “Esto no es el Lejano Oeste, no me metí en el mar y tiré una jaula con peces; Las ubicaciones fueron otorgadas por el Estado de Chile en su momento”, argumentó.
Andrés Parodi, gerente general de Cooke Aquaculture Chile. Marie Claude Plumer, superintendente de Medio Ambiente. Fotos: Julio Castro y Archivo
170 mil peces perdidos
La situación cambió en 2021, cuando La SMA presentó cargos contra Cooke, acusando que las concesiones estaban ubicadas dentro del Parque Nacional Laguna San Rafael, que la empresa estaba sobreproduciendo y que esto podría causar daños ambientales.l.
La explicación de Parodi es que las concesiones datan de la década de 1990, cuando no existían Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) para las mismas. Según el ejecutivo, entonces sólo se establecieron mínimos de producción, denominados Proyectos Técnicos (PT). Décadas después, según Parodi, la SMA cambió el criterio y consideró los PT como si fueran un máximo.
Del otro lado está la SMA, que dijo al Tribunal Ambiental que la firma está autorizada para, en ese centro (Huillines 3), producir 125 toneladas, con el ingreso de 50.000 salmones. Sin embargo, Cooke expresó su intención de sembrar 600.000 peces, que es lo que la entidad busca impedir.
A inicios de 2023, la SMA ya había paralizado la siembra de Huillines 3, argumentando que estaba ubicada en el Parque San Rafael. La empresa lo negó y aseguró que las operaciones fueron fuera del Parque, acudiendo al mismo Tribunal Ambiental para anular la resolución. Pero esta entidad descartó realizar un pronunciamiento, pues al momento de emitir su fallo, el plazo de la empresa para completar el período de siembra ya había vencido. Así, la Corte resolvió que dictar medidas era “innecesario”.
¿Qué pasó con los 170 mil peces del centro? Parodi dice que intentaron trasladarlos a otra instalación, pero al ser sometidos a ese estrés, murieron. Las pérdidas de la empresa ascendieron a 1,5 millones de dólares, estimó el directivo.
Cooke versus AME
Hay un ingrediente adicional en el caso. En diciembre de 2023, el Gobierno aprobó la reubicación de los centros Exploradores y Huillines 1 en Cooke. La idea era, posteriormente, hacer lo mismo con Huillines 2 y 3. El documento estaba firmado por Parodi; los ministros de Economía y Medio Ambiente, Nicolás Grau y Maisa Rojas; y por los subsecretarios de las Fuerzas Armadas y de Pesca, Galo Eidelstein y Julio Salas.
En ese documento, el Gobierno se comprometió a respetar los derechos adquiridos y el desarrollo de la actividad mientras se transfirieran las operaciones. Según Parodi, la SMA no cumplió esa promesa.
Consultada, la SMA sostuvo que la reubicación no es incompatible con procedimientos sancionadores y que no tiene el deber de “abstenerse de adoptar las medidas correspondientes para prevenir un riesgo de daño inminente al medio ambiente”.
La institución destacó que el Parque San Rafael se destaca por la protección de la fauna, aves y flora marina y que la contaminación de suelos y/o fuentes de agua los amenaza directamente. El “incremento de la producción genera un aumento en la cantidad de contaminantes y residuos (…) afectando negativamente la biodiversidad”, afirmó.
Parodi atacó a la SMA. Aseguró que ha tomado un tono confrontativo porque ve que hay expropiación y abuso. “A lo largo de todo este proceso, conozco personalmente a los Ministros de Economía y Medio Ambiente (…) Creo que son personas de honor, que están dispuestas a cumplir. Lo que me preocupa es que esta entidad, que no es autónoma como el Banco Central, opere con sus propios colores y nos ponga a todos en una situación en la que no queremos estar.”, expresó criticando la falta de coordinación entre oficinas estatales.
La empresa matriz canadiense, añadió, está decepcionada. Estiman que detener la producción en Huillines 3 significaría perder 28 millones de dólares en ventas. De prevalecer el criterio de la SMA, señalaron que lo mismo sucedería en Huillines 2, lo que elevaría la pérdida a US$ 56 millones. Para esto, Parodi explicó que ya presentaron una demanda ante el Tribunal Ambiental, pero que no descartan, en otra etapa, recurrir a organismos internacionales como el Ciadi, dada su condición de inversionistas extranjeros..
