Puede resultar una obviedad decir que nadie ha quedado indiferente a todas las esquirlas que se han desprendido del “caso audios”, ese cuyo origen está en el registro de una reunión entre el abogado Luis Hermosilla, el empresario Daniel Sauer y la abogada Leonarda Villalobos, y que se conoció en noviembre de 2023. Menos lo es para un abogado como Lucas Sierra, quien ha dedicado parte de su trabajo a indagar en las cuestiones éticas y regulatorias de su profesión. Desde esa base, distingue dos puntos de vista para analizar este caso.
“Creo que la cuestión de la ética profesional, de la profesión propiamente tal, se aplica más al caso del audio -donde había una relación cliente-abogado- que al de las filtraciones del exdirector de la PDI. En el segundo caso, la actuación judicial es más bien como un gestor de intereses, que podría caer bajo la ley de lobby si no fuera el caso que al Poder Judicial se le aplica muy limitadamente esa ley”, explica.
El ex subdirector del Centro de Estudios Públicos, hoy socio del estudio de abogados Lupa Legal, cree que todo lo que deriva de este largo episodio demuestra que hay un “páramo regulatorio” en el ejercicio de esta profesión, y que es necesario -de una vez- modificar el sistema de nombramientos judiciales para acotar la posibilidad de influencias externas.
Vamos al “caso audios”, ¿qué principios del ejercicio de la profesión se ponen en cuestión?
En Chile hemos tenido dos códigos de ética profesionales: uno que rigió desde 1948, y el del Colegio de Abogados de Chile, que tiene uno nuevo desde el año 2011. Hay una condición que es fundamental, y que no se puede perder de vista para los análisis que se hagan respecto de la abogacía, que es su masificación desde la apertura de la oferta de la educación superior, en 1981 aproximadamente. Este fenómeno tiene consecuencias en la forma en que se organiza la profesión y en la forma en que se ofrece a la sociedad, muy importante.
El código de 2011, en su artículo quinto, dice: el abogado obrará con honradez, integridad y buena fe, y no aconsejará a su cliente actos fraudulentos. O sea, en el ‘caso audios’, por lo que hemos podido ver, tienes una apariencia de un abogado que está aconsejando y diseñando actos fraudulentos a su cliente, con toda claridad. Hay una apariencia de ilicitud ética que está quedando un poco opacada por la cuestión penal. Por eso el colegio dijo: vamos a esperar con la cuestión ética hasta que la cuestión penal se aclare.
¿Es efectiva la regulación a la ética existente hoy?
Hay una regulación general, que es importante. La masificación en el contexto de regulación ética que se ha venido dando ha sido complicada. Han aumentado esos riesgos a los que se refería tu pregunta. Porque desde el 81 tenemos un sistema que fue una reforma muy profunda que hizo la dictadura, pero que fue incompleta. Entonces, quedó un enredo regulatorio que la jurisprudencia ha tratado de venir llenando desde un fallo famoso que hay en 1988, en la Corte de Apelaciones de Santiago. Y lo que hoy tenemos es un sistema donde las normas a aplicar no se sabe muy bien cuáles son. También hay un enredo de quién las aplica. Porque para los colegiados están los colegios de sus tribunales. Pero para los no colegiados, el cliente afectado tiene que instalar una demanda en un juicio sumario ante un tribunal civil. Entonces el esquema de regulación ética es muy diferenciado, hay un desbalance. Y en ese territorio, con esta masificación tan grande, es posible que arriesgue peligros que si hubiese una mejor regulación no los tendría.
¿Cuál sería la regulación deseable?
La gran pregunta que subyace en esto es: ¿Volvemos a la colegiatura obligatoria o no? Mi sensación es que va a ser muy difícil volver a la colegiatura obligatoria. Porque desde el 80 tenemos generaciones y generaciones que se han ido acostumbrando a la colegiatura voluntaria. Política y orgánicamente va a ser muy difícil, porque una posibilidad lógica de la colegiatura obligatoria es que haya un solo colegio. Y ese sería el partido político más grande de Chile.
¿Y entonces?
La reforma constitucional del 2005 mostró un camino. Que era, manteniendo la colegiatura voluntaria, que los colegios profesionales tuvieran sus propios tribunales para sus afiliados, y para los no afiliados, unos tribunales especiales de ética del Poder Judicial. La Presidenta Bachelet mandó el 2009, al final de su primer gobierno, un proyecto de ley que ejecutaba esto. Con tribunales especiales que estaban compuestos de manera mixta con un solo código de ética para cada profesión. O sea, había una misma norma clara aplicable para todo el mundo. Y ahí quedó. Avanzó poco, como una muestra más del poco rendimiento de nuestro sistema político.
¿Cómo queda el prestigio de la profesión con estos casos?
Bueno, es que tampoco es nuevo, ¿no? En la historia, hay estas especies de escándalos y después pasan y nos olvidamos, y así hasta el próximo que venga. Yo creo que, por lo menos en la profesión y en la academia, hace mucho tiempo viene una preocupación. Uno puede mirar esto preventiva y represivamente.
Hay toda una discusión acerca de si la ética se puede enseñar o no, es una discusión que viene como de Aristóteles. Y hay muchos que dicen si una buena persona es buena, no necesita ética, porque va a ser buen abogado o buen médico. Pero son tan complejos los problemas hoy que enfrentas siendo abogada o abogado, que por muy buena persona que seas no vas a saber bien cuándo se produce el problema.
O sea, al final la masificación ha desafiado la práctica ética de la profesión.
Mucho. A mí me parece razonable la masificación, en la medida en que haya ciertos estándares. En esta especie de páramo regulatorio en materia de ética profesional, ha sido complicada. Pero no por culpa de la masificación, sino por la estructura. Habría preventivamente que empezar por tener a la mano el Código de Ética. Y represivamente, yo lo que haría sería retomar el proyecto de la Presidenta Bachelet. Y haría estos tribunales de ética especiales.
En el caso de la filtración de información desde el exdirector de la PDI, usted dice que más que un abogado, hay un gestor de interés. ¿Hay un vacío regulatorio ahí?
Esto fue parte de la discusión de la ley de lobby. Y es interesante que el Poder Judicial quedó bastante excluido de su aplicación. Yo creo que bajo la idea de que, en general, la abogacía tiene una dimensión muy importante respecto de los tribunales, donde los procedimientos están súper regulados en los códigos procesales.
Pero el pasillo no está regulado.
Pero el pasillo no. Los códigos de ética, el viejo y el nuevo, te dicen que hay que evitar situaciones donde tú accedas a un juez y que la otra parte no sepa o no tenga oportunidad también de acceder al juez. Que son los alegatos de pasillo, los alegatos nocturnos. Hay una norma de la ley de lobby que dice que las jefaturas de los distintos poderes del Estado, entre ellos la Corte Suprema, podría, mediante regulación interna, ampliar la aplicación de la ley de lobby a otros funcionarios. Pero mi sensación es que eso es más bien un parche. Lo que hay que hacer es modificar de una vez por todas el mecanismo de nombramiento judicial.
¿Qué tan cerca está la gestión de intereses del ejercicio de la abogacía?
Está muy cerca de la gestión de la abogacía, porque es una profesión de representación de derechos e intereses también. Pero no en el sentido de la gestión del lobby, sino que en el sentido de mostrar o de representar derechos a una decisión de adjudicación. Pero es distinta la representación como lobistas que como abogados.
Hay un límite difuso, difícil de definir. Pero uno no podría alegar que hay un vacío regulatorio.Está la regulación orgánica judicial, la regulación orgánica de los abogados y la regulación de la ética profesional. Además de la ética de la judicatura.Entonces, es una mala excusa decir que no está regulado el lobby para esto. Y si fuera el caso, la propia Corte Suprema podría ampliar los sujetos pasivos, que se llaman de la ley del lobby.Pero la solución más a largo plazo, más sustantiva, es cambiar el mecanismo de nombramiento judicial.
¿Hacia dónde debiera ir esta modificación?
Un buen sistema de nombramientos judiciales debe responder a tres criterios. Uno, debe tener cierta legitimidad democrática. Como los jueces no tienen legitimidad democrática, debe intervenir al menos un órgano que la tenga. Tiene que tener profesionalismo, o sea, capturar mérito. Y debe generar independencia en dos sentidos. Una es la externa: respecto de las partes, respecto del gobierno, de los otros poderes. Pero una muy importante, que es la más afectada por el mecanismo que existe, es la independencia interna. Cada juez debe tener independencia respecto de los otros jueces. De tal manera de que al fallar sólo vea los hechos probados y las normas legales aplicadas en los hechos. No si le va a gustar al superior o no. El juez de instancia no debe tener presente el favor o disfavor de su superior porque va a decidir sobre su carrera.
Debería ser un mecanismo en el que participen los tres poderes del Estado, no con mayor preponderancia de los jueces, porque vuelve a activar la cuestión de la independencia interna. Está lleno de ejemplos comparados a los cuales mirar. Hay una buena base en el mecanismo que proponía el proyecto constitucional rechazado en diciembre, el del Consejo. Dividir las funciones no jurisdiccionales de la Corte Suprema en distintos órganos. Y tratar de que la corte se enfoque en uniformar la interpretación del derecho, que es su tarea.
Pero al participar los tres poderes del Estado, ¿no es normal que haya lobby de candidatos?
De acuerdo, pero ese es un riesgo que siempre va a haber en cualquier designación. No hay designaciones puras, digamos. El laboratorio no existe. Lo que hay que evitar es que los riesgos de esas influencias se actualicen a través de un buen procedimiento. Que tenga discernimiento público, que se conozcan las propuestas, las candidaturas, etc. Si pretendes reducirlo del todo te vas a paralizar. No es posible eso.
Hay una discusión abierta sobre una posible reforma al sistema político, sobre la cual hay un acuerdo entre expertos. ¿Le parece correcto que el Ejecutivo acompañe y no impulse?
En un régimen tan presidencial como el nuestro, a menos que haya un acuerdo estratégico muy potente entre el Congreso y el gobierno, avanzan poco las cosas donde no está el gobierno atrás, impulsándolo.
O sea, debiera meterse más.
Una cosa es que lo haga públicamente, otra cosa es que lo haga privadamente. Porque creo entender como hipótesis que el gobierno no quiera hacerlo porque se ve alejado de las preocupaciones de la ciudadanía. Y el gobierno ya tiene suficientes desafíos con el pacto fiscal, la ley corta de isapres, la regulación de las pensiones, etc. Cuestiones mucho más inmediatas. Pero el problema es que entramos en un círculo vicioso, porque como no se arregla el sistema político, la cuestión sigue entrampada.
¿Qué se debería recoger de la Comisión Experta?
Es un conjunto de normas que tienen que tomarse todas juntas. Una es un umbral. No aumentar los requisitos para formar partidos políticos. Que sea fácil formar partidos, pero que sea relativamente difícil tener representación parlamentaria. Es bueno que, además, haya financiamiento fiscal para los partidos, pero tiene que estar bien regulado y en algún punto hay que vincularlo con votos.
Prohibición de pactos. O sea, que las negociaciones por el gobierno sean después de las elecciones y no antes. Cuando se sepa cuál es el peso relativo real de cada conglomerado, de cada partido político. Y lo otro, aumentar la disciplina partidaria. Estoy completamente de acuerdo con que haya orden de partido en materias donde sea razonablemente posible definir cuál es la línea del partido. No cuando los senadores están votando como jurados en una acusación constitucional. Pero en cuestiones de principios, que haya orden de partido. Y el díscolo, ¡para afuera! Y que pierda el escaño. Los independientes, tolerarlos. Nada más. No prohibirlos, porque es un poco mucho, pero tolerarlos. No deben tener los mismos derechos.
¿En qué temas ve que hay espacio para avanzar? Y por otro lado, ¿dónde cree que los incumbentes van a poner freno?
Los espacios para avanzar van a depender de cuánto tú reduces el conflicto de interés propio de los incumbentes. Y lo que debería hacerse es que esta reforma se empiece a aplicar en uno o dos ciclos políticos más. Siempre estuve muy en desacuerdo con la idea de que hay que hacer convenciones constitucionales fuera de la política para cambiar el sistema político. Hay que confiar en el Congreso. Y no escandalizarse porque tiene un conflicto de interés, es lo normal. Lo que hay que hacer es reducirlo temporalmente. Y si se aprueba, las dinámicas de los partidos se van a empezar a mover a la luz de los cambios que vienen. O sea, lo que está haciendo el Frente Amplio se va a acelerar.
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El grupo chino Tianqi no detiene su ofensiva contra la alianza entre Codelco y SQM para explotar en conjunto el negocio del litio en el salar de Atacama. Tianqi tiene el 22% de la propiedad de SQM y pide que sea una junta de accionistas vote si la alianza con Codelco debe realizarse o no.
Los abogados de Tianqi, encabezados por Octavio Bofill y Rodrigo Saffirio, interpusieron este viernes en la Corte de Apelaciones un recurso de ilegalidad que impugna las resoluciones de la Comisión para el Mercado Financiero que determinaron que la asociación entre SQM y Codelco no requería ser votada por los accionistas de la minera privada, y que era facultad del directorio de la empresa la aprobación de la alianza. La CMF se pronunció en más de una ocasión en ese sentido, dando la razón a los argumentos de SQM.
SQM y Codelco suscribieron un acuerdo de asociación el 31 de mayo pasado, una integración que las partes esperan que comience a regir en la primera parte de 2025 y que tendrá vigencia hasta 2060.
En su extensa de presentación de 54 páginas, Tianqi, a través de su sociedad en Chile, Inversiones TLC SpA, pide que el tribunal decrete la suspensión de las resoluciones de la CMF que aprobaron la manera en que fue aprobada por SQM su alianza con Codelco “mientras se tramita el reclamo de ilegalidad deducido en lo principal de esta presentación y mientras no exista un pronunciamiento firme a su respecto”. De esta manera, Tianqi intenta congelar los efectos de la asociación público privada para explotar el negocio del litio.
“La implementación prematura del Acuerdo de Asociación, sin que exista un pronunciamiento judicial firme respecto de la materia sometida a la decisión de esta Iltma. Corte, hará imposible ejecutar una eventual sentencia favorable a esta parte, además de generarle un perjuicio irreparable”, sostienen los abogados de Tianqi en su argumentación para poner una pausa la mega alianza.
La empresa china sostiene que por medio del acuerdo de asociación, “SQM enajenará su participación controladora en su filial SQM Salar S.A. (“SQM Salar”), y, todavía más, todo el negocio de explotación del litio”, y dice que la ley exige que aquella enajenación sea ser sometida a los accionistas, con un quórum de dos tercios de las acciones.
La compañía sustenta su argumentación, además, en la opinión de tres informes en derecho que cita en su presentación. SQM había presentado ante la CMF otros cinco informes en derecho que sostenían lo contrario.
Entre las conclusiones, la presentación señala que ”se cumplen todas las condiciones para que acceda a la suspensión de efectos solicitada en esta presentación, en tanto (i) Tianqi ha demostrado tener un caso verosímil, respaldado por diversos antecedentes fácticos, conductuales y jurídicos; y, (ii) las consecuencias de continuarse con la ejecución del Acuerdo de Asociación mientras se tramita el presente reclamo de ilegalidad pueden ser graves e irreversibles para los derechos de Tianqi y el resto de los accionistas minoritarios”.
SQM y Codelco firmaron primero un memorándum de entendimiento el 27 de diciembre de 2023. Los primeros días de enero, reservadamente SQM consultó a la CMF si bastaba para ello la aprobación del directorio, como sostuvieron sus asesores legales: la CMF validó ese criterio a fines de febrero. La unanimidad de los ocho directores de SQM, entre ellos los tres electos por Tianqi, habían dado el visto bueno al negocio a fines de 2023.
Tras el primer pronunciamiento de la CMF, Tianqi forzó dos juntas extraordinarias de accionistas en las que se discutió el acuerdo, pero no se votó, como pedía el grupo chino. Tras ello, Tianqi volvió a recurrir a la CMF, que rechazó su petición de forzar una junta resolutiva y la reposición que sus abogados ingresaron entonces. Pasados quince días desde esto último, Tianqi recurrió por primera vez a los tribunales chilenos para paralizar la alianza firmada por las dos empresas el 31 de mayo pasado.
Tianqi tiene el 22% de las acciones y si suma a otros accionistas minoritarios a su posición, podría eventualmente conseguir un tercio de los votos para bloquear la integración de SQM Salar, la filial de SQM que tiene los derechos para explotar el salar de Atacama hasta 2030, y minera Tarar, la filial de Codelco que tendrá los derechos para hacerlo hasta 2060.
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Kamala es fanática de la comida india, y Trump, de las hamburguesas. Kamala es tres veces más productiva que Trump en la preparación de comida india y dos veces más productiva que él en la elaboración de hamburguesas. Sin embargo, Kamala insiste en especializarse en cocinar hamburguesas y Trump en preparar comida india.
David Ricardo, el destacado economista inglés, les daría el siguiente consejo: “Aunque Kamala sea mejor que Donald para cocinar ambas cosas (ventajas absolutas), si Kamala se dedica a la comida india (donde tiene más ventajas comparativas) y Donald a las hamburguesas (donde es menos ineficiente que Kamala), en conjunto producirán más”. Este simple, pero profundo consejo, permitió que el comercio internacional se multiplicara por 20 en los últimos 60 años. Desde 1990 hasta la fecha, la pobreza mundial se ha reducido a una cuarta parte, en parte porque los países de ingresos bajos y medios más que duplicaron su participación en el comercio mundial.
Pero la geopolítica una vez más está transformando el comercio internacional. Y aunque la apertura comercial trajo muchos beneficios para Estados Unidos, en algunos sectores de la sociedad desaparecieron industrias enteras como resultado de la globalización. Las personas de esas localidades se sentían frustradas porque anticipaban que tendrían una calidad de vida inferior a la de sus padres. Aunque este efecto negativo fue anticipado por David Ricardo hace dos siglos, la rapidez con la que ocurrió esta redistribución tuvo consecuencias políticas, como se evidenció en el triunfo del Brexit en el Reino Unido y la primera presidencia de Trump con una campaña proteccionista para “Make America Great Again”.
Pero la administración de Biden continuó con la mayoría de las políticas proteccionistas de aranceles de Trump y profundizó las políticas industriales. Introdujo subsidios para relocalizar la producción de semiconductores (Ley Chips) y una ley miscelánea de reducción de la inflación que adoptó una serie de subsidios a los insumos en la cadena de producción de vehículos eléctricos para garantizar su producción interna.
Tax Foundation estima que las medidas proteccionistas desde 2018 han recaudado US$233 mil millones, donde más del 60% corresponde a la administración de Biden. La misma entidad estima que dichas políticas industriales le han costado al país un menor crecimiento del PIB de 0,2 puntos porcentuales y menores horas trabajadas equivalentes a 142 mil empleos.
La propuesta de campaña de Trump en esta materia es establecer un arancel del 10% para todas las importaciones, pero para China del 60%. Se estima que, aunque producirá una mayor recaudación tributaria en el corto plazo (US$ 520 mil millones), a largo plazo reduciría el crecimiento del PIB en 0,8 puntos porcentuales, con 684 mil puestos de trabajo menos, además de un alza en los precios de los productos y su efecto contagio en el crecimiento del resto del mundo.
La pregunta es: ¿Hasta cuándo durará el proteccionismo de Estados Unidos? Como ha ocurrido a lo largo de la historia económica, hasta que los ciudadanos, hijos de los actuales padres frustrados por la globalización a quienes se pretende ayudar con el proteccionismo, vean que ahora su futuro se proyecta aún peor que el de sus padres.
Para economías en desarrollo como Chile, sería desacertado seguir el ejemplo del creciente proteccionismo de Estados Unidos y China, una disputa de “perros grandes” que debemos observar, pero nunca imitar. Por el contrario, debemos profundizar y agilizar la diplomacia comercial fortaleciendo las exportaciones, con nuevos y mejores acuerdos comerciales (Larroulet, 2024). Por ejemplo, con India, que según Goldman Sachs será el quinto mercado de consumo más grande del mundo en dos años. Aún tenemos mucho que ganar del resto del mundo, pero también mucho que perder si abandonamos nuestra política comercial abierta.
Y tal como predijo hace más de 200 años el célebre economista David Ricardo, llegará el día en que Kamala, aprovechando sus ventajas comparativas, se especialice en preparar comida india, y Trump, en hacer hamburguesas, por el bien común de todos y no solo de un grupo de ciudadanos.
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C3, Chilean Cobalt Corp., consiguió en menos de dos meses dos acuerdos clave para echar a andar su proyecto de cobalto y cobre en las cercanías de Huasco y Freirina, en Atacama. En junio, el EXIM Bank de Estados Unidos, que apoya financieramente a empresas de ese país para enfrentar la competencia china en energías renovables, le preaprobó un financiamiento por US$ 317 millones; y en julio, la suiza Glencore acordó comprar toda la producción de ese yacimiento, conocido como La Cobaltera, por cinco años.
“Suponiendo que se obtengan las aprobaciones finales y recibamos el paquete de préstamos del EXIM Bank, esto reducirá en gran medida el riesgo de nuestro proyecto La Cobaltera y nos permitirá asumir más riesgos en otras áreas, como la exploración”, dice el CEO de la minera junior estadounidense, Duncan Blunt.
El ejecutivo avisa que C3 tiene planes de largo plazo: “El distrito en el que operamos, y Chile en general, probablemente alberguen varios otros yacimientos de cobalto y cobre con geología similar. Nuestro enfoque está en restablecer la producción en La Cobaltera, pero nuestro interés en el cobalto abarca todo Chile. Nos gustaría ser una empresa operadora de múltiples minas en los próximos cinco a diez años”, resume.
La Cobaltera no es un yacimiento nuevo. Fue explotado entre 1844 y 1941 por inversionistas alemanes y después cayó en el olvido. Pasó por varias manos, mientras sus instalaciones se arruinaban hasta que el mineral emergió como otro de los insumos críticos para la transición energética hacia la electromovilidad. Conocido como el “oro azul”, el cobalto es empleado en las baterías de ion litio en vehículos eléctricos, pues prolonga su duración y evita que se sobrecalienten.
En 2018, Chilean Cobalt Corp, firma que entonces pertenecía al fondo de inversiones estadounidense Genlith, pero que ahora cotiza en la bolsa de Ventures de Nueva York (OTCQB), adquirió la propiedad.
Según un prospecto enviado al regulador norteamericano (SEC), Chilean Cobalt Corp -que se define como una firma de minería junior– tiene concesiones para explotar 2.635 hectáreas en todo el llamado Distrito Minero de San Juan, una zona ubicada entre los límites sur de Atacama y norte de Coquimbo, donde además de La Cobaltera, se han explotado históricamente pequeñas minas de cobre. Y C3 también está interesado en ese mineral.
El 30 de junio, C3 recibió la preaprobación de US$317 millones para financiar la explotación de La Cobaltera por parte del Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos (EXIM Bank), para un crédito de hasta 15 años.
“Hemos estado trabajando en esto durante varios años. Se espera que la cifra de US$317 millones represente sustancialmente todo el capital de deuda requerido para el desarrollo de la Fase 1, que se centrará en las zonas de óxido”, explica Blunt. La primera fase considera extraer las capas minerales en orden de la más fácil a más difícil de procesar, llegando hasta la lixiviación. La etapa número dos considera ya molienda y otros procesos. La firma espera tener restablecida la producción de La Cobaltera en los próximos cuatro a seis años.
Este financiamiento forma parte del programa CTEP del EXIM Bank, que ayuda a firmas estadounidenses a enfrentar la competencia de los productores chinos en energía renovable, almacenamiento y eficiencia.
Según la información de la compañía, se proyectan de 3.000 a 5.000 toneladas métricas anuales de cobalto y de 20.000 a 25.000 toneladas métricas anuales de cobre; es decir una mina mediana.
El proyecto de cobalto en Chile que se apoya en Estados Unidos.
“El EXIM Bank y otras agencias del gobierno de los EE.UU. están trabajando para brindar apoyo y soluciones de financiamiento a empresas como la nuestra, que están desarrollando de manera activa y responsable proyectos de minerales críticos en jurisdicciones amigas, con un procesamiento futuro que se llevará a cabo en los EE.UU. y los países del Tratado de Libre Comercio de los EE.UU.”, añade el ejecutivo.
La producción de la firma se exportará como concentrado. Y ahí es donde entra el segundo acuerdo de C3.
El 8 de julio, Chilean Cobalt Corp. acordó con la minera suiza Glencore la venta del 100% de su producción de cobalto y cobre en Chile, durante un periodo inicial de cinco años.
“Glencore brindará un apoyo fundamental a nuestro proyecto en el desarrollo de la mina, el procesamiento posterior y la comercialización del producto. Ya estamos trabajando activamente con ellos, a través de sus equipos en Suiza, EE.UU. y localmente en Chile, y avanzaremos hacia los documentos finales del acuerdo definitivo durante el resto de 2024″, anticipa el CEO de C3.
Este acuerdo era clave para la viabilidad del préstamo del EXIM Bank, que exigió asegurar un socio de compra creíble antes de preaprobarlo. “Esto nos permitirá producir y exportar un producto concentrado a una instalación nueva planificada en EE.UU. Esto significa que podemos restablecer la producción de La Cobaltera en un cronograma potencialmente acelerado y también nos permite una mayor flexibilidad para considerar la futura integración vertical en el país”, avisa el ejecutivo.
Según el acuerdo, C3 y Glencore incluirán disposiciones sobre sostenibilidad y relaciones con la comunidad en el documento final.
El relanzamiento del proyecto coincide con mínimos de precios del metal en siete años. Pero Blunt sostiene que a pesar del exceso de oferta se espera que el mercado entre en déficit hacia finales de la década, ya que el menor valor actual ha dejado fuera de producción a algunos yacimientos, cuya salida podría ayudar a ajustar el mercado. “Nuestro proyecto es polimetálico, y los precios y los fundamentos del cobre han sido relativamente sólidos, por lo que eso respalda nuestro propio proyecto ahora y en el futuro. Como dice el dicho en el ámbito de las materias primas, ‘los precios altos son la cura para los precios altos, y los precios bajos son la cura para los precios bajos’”, aclara.
Según un informe de la Agencia Internacional de Energía (IEA), el mercado del cobalto seguirá dominado por la República Democrática del Congo y China, al menos hasta 2030. Blunt explica que el cobalto es un mercado relativamente pequeño, de unas 230.000 toneladas producidas por año (el cobre supera los 22 millones de toneladas por año), y como el cobalto es casi siempre un subproducto, esta dinámica a menudo puede dar lugar a niveles más altos de volatilidad de precios. “Los nuevos proyectos en la República Democrática del Congo e Indonesia aportaron más cobalto a un mercado que simplemente no necesitaba más oferta. El resultado final, como era de esperar, fue un retroceso de los precios”, dice.
C3, que se denomina así por las iniciales de Chilean Cobalt Corp., ha estado realizando sondajes y otros trabajos en su yacimiento del norte chico. La firma destaca las condiciones de la zona y su infraestructura, que Blunt califica de “excelentes” y “ventajosas”, por la baja altitud (a menos de 1.100 metros), clima seco, uso potencial de agua de mar (a 10 kilómetros de la costa), la cercanía del puerto de Huasco para exportar, buenas carreteras, potencial para trabajar con energía solar y mano obra local sin necesidad de levantar un gran campamento. Ahora solo falta que empiecen a llegar los recursos del EXIM Bank para que la Cobaltera vuelva a operar.
China tiene una posición dominante en el mercado del cobalto. Casi el 70% de la oferta global proviene de la República Democrática del Congo, y las empresas chinas controlan aproximadamente la mitad de la producción en ese país. Indonesia es el segundo mayor productor del mundo, con aproximadamente el 10% de la oferta mundial, y las empresas chinas controlan casi el 80% de esta producción.
En cuanto al procesamiento posterior, aproximadamente el 65% se hace en China. “Estas cifras representan un control de facto del mercado de cobalto extraído y refinado, y esta dinámica permite un cierto nivel de influencia sobre los precios que podría utilizarse como arma para asegurar la continuidad de esta posición dominante en el mercado”, reclama Blunt.
En 2019, Estados Unidos creó el programa CTEP de su fomento al comercio exterior, Exim Bank, con el objetivo de enfrentar la competencia de China en la carrera de las nuevas tecnologías y su dominio en el mercado de los metales críticos: además de financiamiento ofreció localizar en suelo estadounidense o de algunos socios comerciales la fabricación de baterías y demás componenentes. De hecho la producción de La Cobaltera se beneficiará de esas rebajas y exenciones.
Blunt menciona además, los problemas de derechos humanos y ambientales en algunas minas operadas por grupos chinos y las compara con el proyecto en Chile. En su última presentación a los mercados hace algunas semanas, C3 destaca que para La Cobaltera no será necesario relocalizar poblaciones.
La firma adhirió a los Principios de la IRMA (Iniciativa para el Aseguramiento de la Minería Responsable, por sus siglas en inglés) que obliga a las minas a operar aplicando prácticas innovadoras para evitar los impactos negativos ambientales y sociales.
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