Javascript está deshabilitado en su navegador web.
Por favor, para ver este sitio correctamente,
habilitar javascript.
Para obtener instrucciones para habilitar javascript
En su navegador, haga clic aquí.
Este jueves, entre otros pedidos, los principales gremios productivos de la Región del Biobío pidieron al ministro de Economía, Nicolás Grau, quitarle la máxima urgencia al proyecto de ley que modifica la división de las cuotas pesqueras, aumentando en detrimento los porcentajes del sector artesanal. del industrial.
Grau viajó a la región en el marco del “Plan de Fortalecimiento Industrial” presentado por el Gobierno tras el cierre de la siderúrgica de Huachipato. Pero estas intenciones son vistas con recelo por la pesca industrial.
“Es difícil creerle al Gobierno cuando da señales tan contradictorias para una región que pasa por un mal momento y necesita ayuda urgente”, dijo al DF la presidenta de los Pescadores Industriales del Biobío, Macarena Cepeda.
“Es difícil creerle al Gobierno cuando da señales tan contradictorias para una región que pasa por un mal momento y necesita ayuda urgente”
“Siempre nos hemos manifestado a favor de mejorar la Ley de Pesca, pero no es que acabe siendo un despropósito que no le vaya a servir a nadie”
El dirigente señaló que, en la Cámara de Diputados, el proyecto fue aprobado con indicaciones de los parlamentarios y deja en una situación crítica a la industria del Biobío y que el Ejecutivo no actuó para defender su proyecto original.
Entre las bajadas de las cuotas de jurel y merluza común, Cepeda calcula que se perderían hasta 1.800 empleos directos y, con esos antecedentes, arremete: “La Región, desde 2019, viene sufriendo impactos. Primero con la Ley de la Jibia, luego con los incendios forestales, la crisis de la construcción, ahora Huachipato… y resulta que el Gobierno está impulsando un Huachipato 2 a través del proyecto de fraccionamiento”.
-¿A qué te refieres con un Huachipato 2?
-En la previa al cierre de Huachipato se hablaba de 2.000 empleos directos que se iban a perder, lo que significaba cerca de 22.000 empleos indirectos. Bueno, estamos ante las mismas cifras y es un Huachipato 2 de forma voluntaria, con la anuencia del Gobierno. Cuando vimos Huachipato 1 estábamos ante una situación afectada por factores externos, de mercado, y el Gobierno salió al rescate de esa empresa. Hoy el Gobierno no viene al rescate de la pesca industrial, nos está quitando los patines injustificadamente, sustentado en argumentos que son prejuicios ideológicos.
-El subsecretario (de Pesca) Salas ha dicho que las mayores incertidumbres provienen de tener una legislación viciada en su origen, por condenas por cohecho y cohecho. ¿Qué dicen sobre esto?
-Estamos viendo que se repite el formato del primer proceso constituyente, en el que no prevalecieron los argumentos e ideas que quería la ciudadanía. Lo que estamos viendo es que el proyecto de fraccionamiento y la nueva Ley de Pesca buscan en definitiva hacer que el sector pesquero disminuya. Cuando queremos que Chile avance hacia ser una potencia mundial en pesca, los incentivos están mal colocados, porque finalmente el Ejecutivo está empujando en sentido contrario, generando más incertidumbre. Y no es dar señales de largo plazo que nos permitan invertir, crecer y ser motor de desarrollo.
-Pero, más allá del contenido del proyecto, teniendo en cuenta las condenas por cohecho en el Caso Corpesca, ¿no vio la necesidad de renovar la legislación?
-Siempre nos hemos manifestado a favor de mejorar la Ley de Pesca, pero no es que acabe siendo un despropósito que no le vaya a servir a nadie. Ser conscientes de que es necesario mejorar la Ley (…) y legitimar aquellos aspectos que puedan merecer duda. Pero este proceso debe hacerse con todos los actores, de manera seria y técnica.
Escenario político
-Ustedes se han manifestado en contra del proyecto, pero en Valparaíso los artesanos marcharon a favor. ¿Cómo compensar estos intereses?
-En Valparaíso no había artesanos del Biobío. Hay que entender las realidades regionales y, en el Biobío, existe una complementariedad entre la pesca artesanal y la industrial. Si aquí el número de empresas se ajusta por el cambio de fraccionamiento y, por ejemplo, terminan cerrando plantas procesadoras de harina de pescado que reciben materia prima artesanal, preguntémonos mañana cuál será el nivel de desempleo en la pesca artesanal. , que no podrá entregar esa materia prima.
-En la Cámara de Diputados la división fue aprobada por abrumadora mayoría, ¿por qué no están siendo escuchados?
-Creo que estamos ante dos situaciones. Uno, el desinterés por conocer la realidad de los distintos ‘países pesqueros’. Porque es muy fácil opinar, por ejemplo, desde el Maule sobre el Biobío, sin conocer la actividad de esta región, que es muy diferente. Y, segundo, estábamos ante un proceso electoral muy importante en Chile (las elecciones municipales), por lo que creemos que prevaleció más la ideología, el populismo y los intereses individuales que el interés por el bien del país.
-¿Biobío es la región más afectada por el fraccionamiento?
-Sí, hay un desconocimiento del desarrollo que ha tenido la pesca industrial basado en prejuicios.
-¿Hay alguna autocrítica de cómo ha actuado políticamente la industria desde el Caso Corpesca?
-Hemos actuado de manera súper transparente para dar a conocer cómo opera la pesca industrial. Hemos abierto las puertas a la comunidad, a las autoridades y hemos hecho todos los esfuerzos para demostrar que la pesca industrial hoy es sustentable, que incorpora buenas prácticas, que tiene un gobierno corporativo de estándar internacional, diría yo, y que cumple con todas las condiciones de integridad. Si eso no ha sido suficiente para parlamentarios y autoridades, la verdad es que no sé qué más hay que hacer. Parece que aquí hay un sesgo que supera cualquier argumento técnico y real.
