En reiteradas oportunidades se ha señalado que, independientemente del resultado del plebiscito, en Chile vendrá un período de alta incertidumbre. A la luz del texto propuesto por la Convención Constituyente, no sólo parece curioso, sino también muy erróneo, equiparar el futuro del país a uno u otro desenlace.

No es lo mismo tener un sistema político con una mala distribución de poderes, muy concentrado en el Congreso de los Diputados -lo que se materializa si logra su aprobación-, que tener un sistema de pesos y contrapesos que no debilite instituciones como el Senado y la Corte Constitucional, quienes históricamente han actuado con sensatez.

“Si alguien todavía piensa que la situación post plebiscito ‘no importa más ni menos’ es porque simplemente no ha leído el texto que estamos llamados a evaluar adecuadamente. Cuidado”.

No es lo mismo un Poder Judicial independiente, donde todos seamos iguales, que implementar sistemas de justicia diferenciados según el origen de las personas, donde se incorpore la politización y falten los principios básicos de la democracia: la igualdad ante la ley y la separación de poderes.

No es lo mismo defender la seguridad, la paz y el estado de derecho con todas las herramientas disponibles que aprobar la restricción de los medios establecidos eliminando el estado de emergencia y desmilitarizando a Carabineros.

No es lo mismo un Banco Central verdaderamente autónomo y una política fiscal que limite el gasto público, que aprobar que los políticos puedan aumentar el gasto, crear empresas estatales, imponer tasas y contribuciones, y permitir su endeudamiento.

No es lo mismo asegurar la estabilidad de las reglas del orden económico que aceptar que se puede modificar con quórums irrisorios, de mayoría simple de los presentes. Esto significa que temas importantes -como la propiedad, la libertad económica y empresarial, la nacionalización de industrias o la aplicación de impuestos- pueden ser decididos por solo 30 personas.

No es lo mismo vivir en un país en el que todos somos iguales en dignidad y derechos, que aprobar la existencia de grupos privilegiados por su origen étnico, dándoles acceso prioritario a territorios y recursos naturales, autogobierno, escaños y cuotas en el órganos colegiados de representación popular, especial protección de sus bienes y justicia propia. Peor aún, al requerir su consentimiento en asuntos que les afecten, podrán vetar leyes, proyectos y políticas públicas que sean de interés para los chilenos.

No es lo mismo que los campesinos de hoy realicen libremente su trabajo, que hacerlos depender de la autoridad de turno para que les dé permiso para usar el agua que ahora les pertenece. Tal cual: les expropiarán el agua y la canjearán por autorizaciones administrativas, no comercializables, temporales y revocables. A ello se suma la soberanía alimentaria incluida en el proyecto constitucional, que permitirá la intervención estatal en la producción, un peligro adicional para el mercado de exportación.

No es lo mismo tener derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación que proteja la naturaleza en armonía con el desarrollo humano, que tener una Constitución que considere a la naturaleza como sujeto, reconozca sus derechos, otorgue la acción popular y se convierta en una amenaza para actividades como la forestal , ganadería, agricultura o industria.

No es lo mismo hacer minería con concesiones entregadas en sentencias judiciales que dejarla sujeta a leyes de mayoría simple ya una conciliación aún incierta entre el derecho de emprender y el derecho de naturaleza.

Si alguien todavía piensa que la situación postplebiscitaria “es más o menos la misma”, es simplemente que no ha leído las tonterías del texto que estamos llamados a evaluar. Cuidado. No es lo mismo.