Es probable que no se vuelva a ver a sus ministros y al presidente Gabriel Boric asegurando tan exhaustivamente -como lo han hecho hasta ahora- que no serán neutrales en el plebiscito del 4 de septiembre en el que Chile decidirá si aprueba o rechaza el texto que propondrá la Convención Constituyente.

Ese es al menos el escenario que proyectó la Contraloría General de la República, luego de la reunión que el Presidente sostuvo este jueves con el jefe del organismo, Jorge Bermúdez.

Y aunque la reunión de carácter protocolario había sido programada con anticipación, era inevitable que la cita -la primera que mantiene el contralor con el Jefe de Estado- estuviera marcada por el debate sobre la límites que por ley deben cumplir las autoridades de la actual administración de cara al referéndum.

El cuestionamiento de la oposición al gobierno del frente por un presunto “intervencionismoen el proceso avanzó el debate público y obligó a la Contraloría a acelerar la instructivo preparando para agosto, instrumento que fue publicado al cierre de esta edición. El documento viene también a despejar dudas sobre lo que el propio Boric y sus colaboradores pueden o no hacer en el entendido de que, como ha dicho el jefe de Estado, todo el mundo sabe su posición a favor de una nueva Constitución.

Y eso fue, según quienes supieron de la conversación, parte de lo que el Presidente abordó esta mañana con Bermúdez. Las mismas fuentes señalan que en la reunión -que duró alrededor de una hora en La Moneda y a la que se sumó la jefa de la División Jurídica de Segpres, Francisca Moya– Boric expresó varias inquietudes que fueron aclaradas por el jurista en consonancia con la normativa vigente y la jurisprudencia asentada por la Contraloría en procesos electorales anteriores: que solo fuera del horario laboral, sin utilizar recursos públicos ni comunicaciones institucionales gubernamentales, pueden manifestarse a favor de una u otra opción, cumpliendo con dar garantías equitativas para la Aprobar y rechazar.

“Prescindencia significa neutralidad, que esta tiene que ser transparente y objetiva”, dijo Bermúdez a la salida, quien resaltó que “en el uso de los recursos públicos, en el uso de la jornada laboral, o en el ejercicio del cargo, los funcionarios o autoridades no pueden manifestar su opción por una u otra de las alternativas que puedan existir en una elección”.

La advertencia de la Contraloría viene a esclarecer las coordenadas en las que podrá moverse el Gobierno en el proceso, que ya definió, por ejemplo, que buscará incidir en el debate de la artículos de transición -que fijará los plazos entre la actual y la nueva institución-, y cuando el organismo ya recibió una denuncia por las palabras del delegado presidencial en La Araucanía, Raúl Allard.

“Este plebiscito de salida es importante. Puede consagrar una Constitución donde se reconozcan los pueblos originarios y el pueblo mapuche y es relevante para todo lo que se va a desarrollar bajo el gobierno del presidente Boric, es de la mayor relevancia y es relevante para que haya un estado plurinacional que obligue a los parlamentarios, que obligue al Poder Judicial, que obligue al Poder Ejecutivo, que obligue a los órganos autónomos, a tomar en cuenta que Chile ya no es un Estado sin plurinacionalidad sin pueblos y naciones con derechos garantizados, sino con ella”, expresó. dijo el martes. en la zona, provocando críticas de la oposición.

El Facebook live que hicieron la semana pasada los ministros Giorgio Jackson (Segpres) y Camila Vallejo (Segegob) para abordar los avances en derechos sociales que ya fueron despachados al proyecto de la nueva Constitución también generó dudas. El video fue grabado en las oficinas de la vocera de La Moneda.

La forma en que el gobierno afrontará el proceso también estará atravesada por las diferencias que se han expresado en sus dos coaliciones. Mientras Apruebo la Dignidad ha planteado la necesidad de desdoblarse a partir de ahora por la Aprobación, en Socialismo Democrático han apuntado a esperar el texto definitivo. Desde la exConcertación, además, han pedido al Ejecutivo que sea cauteloso y cuide la “indiferencia”. De hecho, en ese sector no pasaron las expresiones que el fin de semana emitió la ministra del Interior, Izkia Siches, en una entrevista con El Mercurio, quien aseguró que “no nos corresponde ser neutrales en este proceso constituyente”. abajo bien

Horas después, el presidente suplente del PS, Andrés SantanderSostuvo que “el gobierno como institución debe mantener el desconocimiento de opciones específicas, pero ser muy productivo en la difusión del proceso y promover la más amplia participación”.

Luego del Consejo de Gabinete ampliado del martes, el Presidente aseguró, a su vez, que “la posición del Gobierno respecto a la Convención es la siguiente y quiero ser muy claro en esto: el Gobierno tiene el deber de garantizar ambas posiciones, tanto la de Apruebo como el de Rechazo”.

Y agregó: “Cuando cada uno de los ministros aquí presentes no se encuentre en el ejercicio de sus funciones, tiene todo el derecho de expresar su opinión política y cuál es su posición respecto al fondo de la discusión”.

La contraloría publicó -tras la reunión de Bermúdez con el Presidente- las instrucciones que especifican las prohibiciones que tendrán las autoridades para ejercer su derecho de manifestación a favor de una u otra opción.

En este sentido, se advierte quelas autoridades y servidores públicos no pueden utilizar sus funciones para favorecer o perjudicar a ninguna de las alternativas consultadas en esta oportunidad, ya sea directamente o a través de las tendencias políticas o partidos que las apoyen”.

El instrumento destaca que los funcionarios riesgo de despido o extinción de la relación laboral en caso de incumplimiento de la probidad administrativa y de la ley.

En esa línea se detalla que no podrán “usar, en forma alguna, dinero o bienes de la institución, en beneficio propio o de terceros, en beneficio de tendencias u opciones plebiscitarias y realizar actividades, ocupar tiempo de la jornada laboral o utilizar personal o recursos del organismo en beneficio propio o para fines no institucionales, tales como la participación en campañas o mítines o proclamas de carácter político en relación con el plebiscito en esta ocasión.

“Por lo tanto, los servidores del Estado quedan impedidos de realizar, en el ejercicio de su cargo y dentro de la jornada laboral, la actividad política a que se refiere el Título II de las presentes instrucciones, ni utilizar para ello los recursos públicos, sean éstos muebles o inmuebles. bienes, vehículos, medios de información, y en general, cualquier otro recurso destinado al cumplimiento de la función pública incluyendo, de paso, los equipos informáticos o sistemas de información digital que los órganos de la Administración del Estado pongan a su disposición para el cumplimiento de las tareas que les encomienda el ordenamiento jurídico”, añade.

Asimismo, se destaca que “de conformidad con lo anterior, los funcionarios no podrán, en el ejercicio de sus funciones, llamar a votar por una de esas alternativas. Tampoco pueden permitir que los beneficios otorgados por el Estado sean identificados en su efectiva entrega a determinada opción plebiscitaria. Asimismo, los funcionarios no podrán discriminar en la convocatoria de actos públicos que tengan por objeto precisar las funciones de los servicios que dirijan o a los que pertenezcan, en perjuicio o con favoritismo respecto de alguna de las propuestas plebiscitarias, ya que ello, en además de atentar contra la probidad, atentaría contra los fines esenciales que todo funcionario debe proteger en atención a la amabilidad que caracteriza la actuación estatal (aplica sentencia N° 82.191, de 2016)”.