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Piden formalizar a Daniel Jadue por cohecho, fraude al fisco y estafa

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Fue a mediados de 2022 que comenzó la trama judicial que por dos años tuvo a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte investigando supuestos delitos de corrupción asociados a la compra y venta de insumos para enfrentar el Covid-19 por la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp). Sin embargo, durante esta jornada, el Ministerio Público dio un nuevo y determinante paso en la indagatoria.

Es que la fiscal Giovanna Herrera solicitó la formalización del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC). Al excandidato presidencial se le imputarán los delitos de cohecho, administración desleal, fraude al fisco y estafa. Junto a él, otros siete cercanos serán también imputados.

La investigación de la Fiscalía sobre Jadue en un inicio contemplaba las sospechas de un delito de cohecho, aunque con el correr de la indagatoria se sumaron pesquisas en torno a otros eventuales ilícitos. Fue, por lo mismo, bajo este argumento que el Ministerio Público extendió la reserva de la indagatoria en julio del 2023. Lo que coincidió además con el sumario de Contraloría que determinó graves faltas a la probidad del alcalde en su rol como representante de la asociación de farmacias populares.

Farmacias Populares: Fiscalía pide formalizar a alcalde Daniel Jadue por cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal

El ente persecutor venía preparando la solicitud desde hace varios meses, sin embargo, el surgimiento de nuevos antecedentes y la toma de declaraciones de testigos dilataron la decisión.

Es más, se espera que durante las próximas horas se sume un nuevo actor al caso: el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que decidió querellarse. La semana pasada, el presidente del organismo, Raúl Letelier, señaló en CNN Chile que han “ido observando la comisión de algún tipo de figuras ilícitas y eso permite mirar que es un caso que va a tener seguramente novedades en el corto plazo”.

Consultado por la presentación de posibles querellas, el jefe del CDE añadió que lo estaban “evaluando” y al ser requerido sobre si en esas acciones se imputaría el delito de cohecho, Letelier respondió que habían “percibido la presencia de conductas ilícitas”.

Indicó que, en este sentido, debería haber novedades en cuestión de “semanas”. “Cuando nosotros decidimos ejercer acciones, tienen que ser antecedentes sólidos, no ejercemos acciones para poder obtener un resultado posible”, sostuvo.

Jadue, sin embargo, retrucó los dichos de Letelier afirmando que “un excontralor dijo por la prensa que en Recoleta se perdieron miles de millones de pesos, no fue cierto. Ahora se dice, también por prensa, que he tenido ‘conductas ilícitas’ y que se evalúa, quizá, la posibilidad de… Le recuerdo al Presidente del Consejo de Defensa del Estado que hay una demanda nuestra en esa institución, dirigida al Fisco por nulidad del informe irregular e ilegal de la Contraloría…”.

Lo cierto es que el escenario cambia completamente, pues de acogerse la solicitud de formalización de la Fiscalía, el jefe comunal de Recoleta deberá sentarse en el banquillo de los formalizados en el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago.

La causa que llevó a que el Ministerio Público haya solicitado la audiencia de formalización del alcalde Jadue comenzó en 2022 con la acción judicial de uno de los proveedores de la ya extinta Achifarp, encabezada por esos días por la propia autoridad.

En aquel entonces, la empresa Best Quality se querelló en contra del alcalde de Recoleta, acusando una millonaria estafa luego de que esta compañía fuera proveedor de mascarillas para Achifarp en medio de la pandemia de Covid-19.

Sin embargo, una vez iniciada la investigación de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, el ente fiscalizador también comenzó a indagar presuntos hechos de solicitud de coimas por parte de Achifarp -encabezada por Jadue- para adjudicar la compra de los insumos a la empresa Best Quality SPA. La autoridad comunal, según la indagatoria de Fiscalía, habría solicitado “donaciones” a cambio de realizar la millonaria compra a la compañía.

Farmacias Populares: Fiscalía pide formalizar a alcalde Daniel Jadue por cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal

Es precisamente la investigación en esa línea la que llevó a la fiscal Herrera a indagar presuntos delitos de fraude al Fisco y lavado de activos, pesquisas que se manejaron bajo reserva. Entre los antecedentes que tenía el organismo persecutor figura la declaración del vendedor y comisionista de Best Quality SPA, César Ramírez quien se denunció ante el Ministerio Público por el delito de soborno.

El ejecutivo detalló ante la fiscal Herrera que durante una reunión, en 2020, el alcalde Jadue les pidió un “bono” extra de los insumos adquiridos por Achifarp, lo que a cambio garantizaría que Best Quality fuera la proveedora principal, además de, en el futuro, abastecer a los “supermercados populares” que el alcalde comunista esperaba lanzar.

Ante todo lo anterior, además, se sumó el informe de Contraloría que detectó una serie de irregularidades y “falta de probidad” en la gestión de las farmacias populares.

En noviembre del 2023, y ya avanzada la investigación por los presuntos hechos de corrupción, la Fiscalía citó a declarar al propio alcalde Jadue. Dicha diligencia fue una de las claves para que el Ministerio Público avanzara en la investigación y concretara la solicitud de formalización del también excandidato presidencial.

Foto: Diego Martin / Agencia Uno.

Tras comparecer ante la fiscal Herrera, Jadue realizó una declaración pública. “Nunca ha llegado dinero, nadie dice que haya llegado dinero y todo lo que se dice de supuestas donaciones son completamente falsos. Es una vendetta de un proveedor que perdió mucha plata por abusador, es de un estafador confeso conocido en nuestro país que inventa esto para extorsionarnos y amenazar con dañar la candidatura presidencial si no le pagábamos inmediatamente una deuda que era impagable”, sostuvo.

“Es un invento de César Ramírez y de toda la gente que hace esta acusación solo para tratar de obligarnos a pagar algo que no podíamos”, agregó.

Más tarde, a través de X, indicó: “Siempre actuamos apegados a la ley. En la pandemia hicimos todo lo necesario para salvar vidas, porque nuestros vecinos se estaban muriendo en sus casas. Cada acción realizada, con el Interferón y el Avifavir se hizo de buena fe y poniendo ante todo la vida de las personas”.

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Senadores de oposición acusan que Minsal canceló reunión

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A eso de las 12.30 de este jueves, el senador y timonel de la UDI, Javier Macaya, junto con la presidenta y también senadora de Demócratas, Ximena Rincón, acusaron que el Ministerio de Salud les canceló una reunión que tenían agendada para “solucionar problemas que ha tenido la tramitación” de la ley corta de isapres, la cual durante la jornada de ayer fue despachada desde la comisión de Hacienda de la Cámara y será votada la próxima semana en Sala.

En concreto, los diputados de la Comisión de Hacienda hicieron pocos ajustes al proyecto antes de enviarlo a sala. La ley corta de isapres del gobierno que se tramita actualmente en el Parlamento busca implementar el fallo de la Corte Suprema sobre tabla de factores.

El proyecto llegaría el 29 de abril al Senado. En el caso de que dicha rama del Congreso no acoja el proyecto tal como viene de la Cámara de Diputados, recaería en una comisión mixta, conformada por diputados y senadores, instancia que revisaría la iniciativa entre el 6 y 12 de mayo.

Para esta jornada, los tres senadores de Chile Vamos integrantes de la Comisión de Salud del Senado: Javier Macaya -quien preside esa instancia-, Francisco Chahuán (RN) y Sergio Gahona (UDI), además de la timonel de Demócratas, tenían agendada una reunión con la titular de Salud, Ximena Aguilera. Sin embargo, según señalaron Macaya y Rincón, el encuentro fue suspendido.

“La reunión fue suspendida unilateralmente por el ministerio”, era para “solucionar problemas que ha tenido la tramitación”, dijo Macaya en un punto de prensa realizado en las dependencias del exCongreso Nacional.

“Creemos que la actitud del Ministerio de Salud es una actitud de una irresponsabilidad gigantesca. Es una falta de respeto para con una reunión que había sido agendada con antelación”, acusó el senador.

La suspensión de la cita, -que según cercanos a los parlamentarios- había sido coordinada por Macaya este martes al salir de la comisión de Salud de la Cámara Alta, causó molestia. De hecho, el timonel gremialista advirtió que “por lo menos desde la oposición nosotros anticipamos que el problema es del Ejecutivo. Con nuestros votos no van a contar para avanzar en esta vía de solución”.

“y si finalmente no hay ley, es una responsabilidad que recae en los hombros del Ejecutivo, no de nosotros”, agregó.

Por su parte, la presidenta de Demócratas sostuvo: “Es lamentable no haber podido tener esta reunión con la ministra, el poder entregar propuestas, construir caminos de solución a un tema que no tiene que ver con la industria de isapres, tiene que ver con las personas, con nombre y apellido”.

“Es importante que entienda el gobierno que (…) (la ley corta) tal como está, va a ir una mixta, porque en el Senado no vamos a avalar lo que venga de la Cámara de Diputados y lo que venga de la mixta”.

En esa línea, la senadora también hizo su advertencia: “yo quiero anticiparle al gobierno, no voy a votar en contra, pero tampoco voy a votar a favor, que el gobierno se haga cargo, porque ellos son los únicos que tienen potestad en materia de seguridad social”.

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TDLC rechaza regular negociación de aranceles entre médicos e isapres

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El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) rechazó la solicitud de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) para dictar instrucciones de carácter generar en relación a los convenios entre prestadores médicos e isapres. En concreto, la FNE pidió instruir a los médicos a negociar individualmente los valores de sus aranceles con las isapres, a menos que exista una integración previa, real y efectiva de sus operaciones.

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El TDLC apuntó a que no es necesario reiterar a través de instrucciones de carácter general “deberes de conducta que son propios del funcionamiento del libre mercado, como sería determinar individualmente los precios o aranceles de sus prestaciones”, manifestó la institución, declarando que todos los actores deben definir de manera independiente el precio que cobran por sus servicios.

La institución también señaló que excluir como excepción a la individualidad a los agentes que cuenten con integración de sus operaciones es innecesario, puesto que “si existiera una integración previa, real y efectiva de operaciones se estaría ante una sola entidad constituida por médicos individuales que, en realidad, no compiten entre sí”, explicó el TDLC.

En casos de integración menor, el tribunal determinó que se debe analizar caso a caso el mérito competitivo de las asociaciones, además de sus justificaciones, eficiencias y los resguardos que contemplan para proteger la libre competencia. De esta forma, concluyó que tampoco es necesario dictar instrucciones de carácter general en esta materia.

Desde FNE manifestaron que se encuentra analizando la resolución del TDLC y que “dada la importancia de este mercado, seguiremos monitoreando su funcionamiento y ejerciendo las atribuciones que nos confiere la ley para resguardar la libre competencia”, señaló el fiscal nacional económico, Jorge Grunberg.

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Nahuel Arenas, jefe regional de la UNDRR: “Inversiones en proyectos e infraestructura de combustibles fósiles están aumentando”

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Nahuel Arenas, jefe regional de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres (UNDRR), advirtió que, aunque casi la totalidad de los latinoamericanos tienen acceso a energías, pareciera estarse fortaleciendo la utilización de combustibles no renovables. “Las inversiones en proyectos e infraestructura de combustibles fósiles están aumentando, algunas podrían incluso consolidar el uso de combustibles fósiles en la región durante los próximos 30 a 40 años”, dijo este jueves durante su intervención en el VII Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible 2024, organizado por Cepal en Santiago.

La situación ocurre en medio de una mayor frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos con altos costos económicos para la región. Según Arenas, un alza de la inversión en combustibles fósiles podría acarrear mayores pérdidas económicas por desastres. “América Latina y el Caribe aporta solo el 10% de las emisiones mundiales de GEI (Gases de Efecto Invernadero), pero es la segunda región del mundo más propensa a desastres”, explicó en su participación en la “Mesa 3, ODS 13: Acción climática” del evento.

Sólo entre 2019 y 2022 hubo un incremento de casi un 40% de personas afectadas por tormentas y un 20% por inundaciones en las Américas y el Caribe. “Hoy, en el mundo, el 90% de los desastres tiene un origen climático. Pero para nuestra región las consecuencias son particularmente alarmantes. En las Américas se dan el 53% de las pérdidas económicas mundiales por desastres”, señaló el jefe de la UNDRR.

De hecho, seis de los diez países con mayores pérdidas económicas por desastres respecto al Producto Interno Bruto (PIB) se encuentran en la región. “Estas pérdidas ocurren en un contexto regional de espacio fiscal reducido para invertir en adaptación y resiliencia”, precisó.

En la instancia, donde fue anunciado el Informe de Evaluación Regional 2024 (RAR24) de la UNDRR, también ha participado la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas. “Conviene efectivamente invertir en resiliencia, en preparación, antes de pagar los costos de los impactos (de la crisis climática)”, aseguró la secretaria de Estado.

A pesar de la evidencia de que la inversión en reducción del riesgo de desastres es efectiva para proteger los avances del desarrollo, el financiamiento destinado a esta área representa apenas un 0.92% de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) que recibe la región. Esta baja inversión en prevención y resiliencia aumenta las vulnerabilidades y mantiene a muchos países en un estado constante de recuperación ante desastres, de acuerdo con la UNDRR.

El informe de evaluación regional de este año resalta algunas conclusiones, entre ellas que los daños y pérdidas por desastres están superando las capacidades de respuesta, especialmente afectando a los más excluidos y vulnerables. “La gestión integral de la RRD es esencial y requiere la participación activa de todos los actores, así como inversiones significativas en gestión correctiva y prospectiva (…) Es necesario cambiar el enfoque de respuesta a desastres hacia la gestión del riesgo, reconociendo la relación intrínseca entre la RRD y el desarrollo sostenible”, añade.

El RAR24 indica que, pese a los desafíos, existe una vía hacia un futuro más resiliente y sostenible. “Al invertir en la reducción del riesgo de desastres y fortalecer la resiliencia, se protegen no solo comunidades y economías, sino también avances en el desarrollo”, concluye.

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