preparan cambios la ley del lobby

Cerca de cumplir una década de vigencia está la ley que regula la gestión de intereses o cabildeo ante las autoridades públicas, norma que buscaba avanzar en materia de transparencia y probidad. Pero sus diez años darán paso a mejoras en 2023, según la ministra secretaria general de la Presidencia, Ana Lya Uriarte.

Su vicepresidenta en funciones, Macarena Lobos, explica que el proyecto que se presentará durante el primer semestre apunta a tener nuevos sujetos obligados para informar reuniones y levantar el régimen de sanciones.

La iniciativa, que ya está en fase de redacción, incluirá una redefinición de la frontera entre el cabildeo y la gestión de intereses privados y aumentará la regulación de la industria del cabildeo.

Actualmente, las autoridades que deben informar sobre las reuniones de cabildeo en el sector público son los ministros, subsecretarios, jefes de servicio, embajadores, parlamentarios, alcaldes, concejales, intendentes y gobernadores. Suman unos cinco mil. Mientras que los registrados como cabilderos y gestores de intereses son unos 10.564 entre personas físicas y jurídicas.

Paralelamente, se sanciona con multa de 20 a 50 UTM la omisión inexcusable de información o la inclusión a sabiendas de información inexacta o falsa, sin perjuicio de la responsabilidad penal que les corresponda.

¿Cuánto cambiar?

El abogado y expresidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, valora que se estudien cambios, pues considera que la norma actual “tiene mucho menos de ley de lobby y más de registro de audiencias”.

En su opinión, “eso es irrelevante”. Y agrega: “Lo central es que quien vaya a solicitar la reunión informe si va a solicitar algún tipo de decisión a la autoridad, ya sea legislativa o administrativa como un decreto”.

De ahí que considere un buen cambio establecer un estatuto de transparencia para los lobistas y sus clientes, como es el caso de EE.UU., Canadá o la Unión Europea. En estos países, ejemplifica, a los cabilderos se les dice que cada seis meses deben publicar quiénes son sus clientes, sobre qué temas y para qué autoridad están cabildeando; e incluso hablar de pagos.

El abogado y experto en temas de transparencia y probidad, Alberto Precht, cree que la ley es perfectible, porque “falla en cómo aplicar sanciones, por ejemplo, cuando alguien miente o no brinda toda la información o un obsequio o una audiencia”. “.

Sería interesante saber cuánto se invierte o se paga un cabildero”, dice, aunque enseguida advierte que los ajustes deben ser menores y no “cambiar el espíritu de la ley” que está funcionando bien.

“El caso de Chile es admirado a nivel internacional”, afirma mientras cree que hay pocos países en el mundo que hayan logrado regular el lobby de manera efectiva.

Para el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Matías Walker (demócrata), es importante analizar en conjunto el tema de posibles actos de corrupción o soborno.

La Ley de Cabildeo se puede cumplir con el registro de una reunión, pero sus dudas apuntan a lo que sucede después, por ejemplo cuando se convierte en un contrato con el Estado: “¿Cómo se aplica el principio de igualdad de oferentes, cómo participan las pymes en procesos de contratación en igualdad de condiciones, cómo se favorece a las empresas de las regiones en las empresas públicas, ese es un tema más global y eso es lo que le vamos a proponer al ministro”.

El subsecretario de la Segpres del Gobierno de Sebastián Piñera, Máximo Pavez, comenta que la administración anterior desplegó una agenda de modernización en el Congreso, pero “lamentablemente la actual administración frenó la entrada en vigencia de la transformación digital, no quiso avanzar en transparencia y En el tema de integridad, no ha hecho nada para mover el proyecto o presentar otro”. Y, en este contexto, “cualquier intento de modificar otras leyes hará que estos esfuerzos definitivamente se pierdan. Creo que es mejor promover la agenda que es y no seguir con luces voladoras.