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El aumento de los autofraudes en el mercado financiero es una de las principales preocupaciones de los actores que participan en la industria de medios de pago.
De acuerdo al presidente de la corporación ChilePay, Sergio Eguiguren, existe un desafío “enorme” en esta materia. El autofraude sigue siendo una piedra en el zapato que no se ha podido resolver”, declaró a DF, tras participar en un seminario organizado por ChilePay.
En 2020 entró en vigencia la Ley N°21.234, que limita la responsabilidad del usuario de medios de pago y transacciones electrónicas ante el caso de extravío, hurto, robo o fraude. Esta legislación ha sido duramente criticada por la banca, las fintech y ahora la corporación ChilePay.
En 2023, el Ministerio de Hacienda envió un proyecto de ley que realiza una serie de modificaciones a esta legislación que actualmente se encuentra en el Senado.
Efectos
Para el Manager Solutions Consulting ACI Worldwide, Juan Beck, la implementación de la ley de fraudes tiene dos factores “que jugando en conjunto han tenido un efecto totalmente negativo”.
“La prueba de responsabilidad de que el cliente, quien reclama el fraude, actuó con dolo o con negligencia recae en la institución financiera. Por otro lado, los tiempos de restitución son bastante cortos” lo que no proporciona suficiente tiempo para investigar, detalló Beck.
Añadió que “la gente ha abusado de reclamar transacciones que hizo legítimamente para obtener un reembolso, aprovechándose de esta ley. Así se ha masificado un fraude que no es sofisticado desde lo tecnológico del ataque, pero no es por eso menos delictivo. Entonces, la forma de abordarlo claramente está en ver esos periodos”.
“Se percibe que cada actor del ecosistema combate el fraude de forma individual, sin compartir esfuerzos ni aprendizajes. Cada cual opera con datos históricos propios y a veces insuficientes para la prevención de fraudes”, sostuvieron en el informe anual del Comité de Medios de Pago de ChilePay.
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